A cincuenta días de iniciada la huelga de hambre de los presos políticos mapuche en diversos centros carcelarios del sur de Chile, es poco lo que cabe agregar a lo ya dicho en pro de las legítimas demandas por ellos planteadas.
El asedio al pueblo mapuche vuelve a poner en evidencia la crueldad e inconsistencia con la que el estado chileno enfrenta a quienes están condenados a vivir una ciudadanía de segunda clase. Privados de los medios para la realización de su cultura son también privados de los derechos básicos para defender su dignidad. La legislación de excepción que se les aplica niega lo que por otro lado se les dice: la igualdad frente al resto de la ciudadanía. Se les trata, en cambio, como enemigos de guerra; se les fuerza a la extranjería no sólo por la discriminación que todos los días recae sobre mujeres y hombres de este pueblo sino también por la acción de fiscales y autoridades que les enjuician como si no fuesen personas en la integralidad de sus derechos.
Es responsabilidad del estado, en el marco constitucional y de los convenios internacionales, el manejo democrático de los conflictos sociales y el uso proporcional de las medidas de persecución y represión criminal, respetando el derecho de las personas a un proceso judicial equitativo. Es por ello que el uso de la ley antiterrorista atenta contra el sistema democrático que pretende defender. El Colegio de Antropólogos de Chile exige a las autoridades del país el mínimo de respeto que se merece la dignidad de las y los habitantes originarios de esta tierra y, al mismo tiempo, la observación de sus obligaciones de garantizar sus derechos en igualdad plena de condiciones con el resto de la ciudadanía.
Debbie E. Guerra Maldonado
Presidenta
Colegio de Antropólogos de Chile A.G
Valdivia