La población indígena de La Araucanía es la más dependiente de los subsidios estatales. Cada familia vive con un promedio de $323 mil mensuales. De ese monto, el 15% proviene del Estado. La Conadi cuenta con un presupuesto de $72 mil millones y, a la fecha, ha ejecutado un 40% del total. Sólo este año, el fisco comprará más de 10 mil hectáreas, las que se transferirán a 30 comunidades mapuches.
Pablo Obregón Castro Las protestas en Chile respetan un riguroso calendario: los estudiantes se movilizan todos los años a partir de mayo, cuando la autoridad oficializa el volumen de beneficios y de apoyo financiero que habrá para los universitarios más pobres.La CUT, en tanto, anuncia todos los años un gran paro nacional para mediados de agosto, el que nunca se materializa.
La dirigencia del mundo indígena también maneja un cronograma de movilizaciones, y el arribo de Joaquín Lavín a Mideplan -organismo del que depende la Conadi- coincide precisamente con el inicio del período más conflictivo del año, el que parte en julio y se prolonga por todo el tiempo que dura la siembra, con un peak a mediados de septiembre.
Hace dos semanas, de hecho, integrantes de la comunidad Temucuicui iniciaron las acciones de este año con tomas y retomas del fundo La Romana, de propiedad del agricultor René Urban. El predio se encuentra desde entonces sitiado por los indígenas, pese a la presencia permanente de 22 carabineros.
En uno de estos ataques, la garita donde pernoctan los policías fue quemada con bombas molotov y, en otro incidente grave, un efectivo de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Malleco fue baleado en las piernas.
Hechos como estos son los que han hecho que la zona roja del conflicto indígena esté económicamente muerta, lo que no sólo afecta a los agricultores, sino también a la población más pobre que vive en la región, dice la administradora municipal de Ercilla, Patricia Meynet.
Comunas con una alta población mapuche, como Ercilla, Traiguén, Angol y Lumaco, entre otras, destacan entre las más pobres del país, a pesar de que el Estado de Chile destina del orden de US$ 82 millones cada año sólo para la compra de tierras.
2.800 hectáreas para Temucuicui
La dotación total de carabineros en la provincia de Malleco es de 130 funcionarios. De ellos, 96 se dedican a tareas de protección permanente de agricultores y 34 realizan rondas frecuentes. En Cautín, en tanto, hay 99 efectivos y, de ellos, 53 se dedican a protección de predios y 46 realizan rondas.
Pese a esta importante presencia policial, la tendencia del conflicto se mantuvo inalterada durante el primer semestre de 2011, según Mirtha Casas, asesora de gremios de CorpAraucanía.
Entre enero y junio -dice- fueron atacados los fundos Montenegro (René Urban); El Progreso (Bosques Cautín); Centenario (Juan de Dios Fuentes); Santa Adela (Bosques Arauco); Agua Buena (Gerardo Jequier) y Chol-Chol (Bosques Cautín). También hubo tres ataques entre los propios comuneros. Las denuncias fueron hechas por integrantes de la comunidad Antino Chequenco y corresponden a amenazas y golpizas entre mapuches.
Desde el inicio de las movilizaciones, a mediados de los 90, la Comunidad Temucuicui ha recibido cinco predios, los que totalizan 2.800 hectáreas. La actual administración se ha reunido en dos ocasiones con sus dirigentes para proponerles programas de apoyo productivo, ofertas que han sido rechazadas.
¿Escasa ejecución del presupuesto?
Para el senador por La Araucanía, Eugenio Tuma (PPD), no debería sorprender que la llegada de la primavera de este año coincida con una mayor agitación entre las comunidades de la región, las que ven que el tema indígena no ha sido prioritario para la autoridad, pese a los anuncios que se lanzaron a principios de año sobre mayor apoyo para las comunidades pobres.
Prueba de ello, dice, es la pobre ejecución presupuestaria que exhibe la Conadi. De los $85 mil millones dispuestos para este año, asegura, sólo se han ejecutado $31.227 millones (36% del total) y de los $41 mil millones dispuestos para compra de tierras, sólo se han ejecutado $11.943 millones (28,5%).
"Aquí hay dos cosas: no hay interés de avanzar en el tema indígena y, segundo, hay incapacidad para ejecutar el presupuesto aprobado", dice Tuma.
El director de la Conadi, Jorge Retamal, desmiente categóricamente las cifras entregadas por el senador y aclara que el presupuesto de la Conadi asciende a $72 mil millones y que, a la fecha, se ha ejecutado más del 40% del total.
Los $85 mil millones a los que alude Tuma -explica Retamal- consideran "maliciosamente" los fondos del Programa Orígenes (unos $10 mil millones), platas que son ejecutadas por otras reparticiones del Estado que trabajan con las comunidades indígenas, como los ministerios de Salud, Educación, Indap y la Conaf.
En materia de tierras, en tanto, aclara que la Conadi dispone de dos mecanismos de compra: un fondo de cerca de $16 mil millones que está adjudicado a 723 familias ($20 millones por cada grupo), pero que efectivamente no aparecerá ejecutado mientras los beneficiarios no formalicen la compra del predio que ellos elijan. Para esto, tienen seis meses a contar de abril, que es cuando se les adjudicó el subsidio.
El otro mecanismo es un fondo que bordea los $22 mil millones, destinado a compras directas de predios por parte del fisco. De estas platas, ya se han invertido poco más de $8 mil millones. "Nos quedan $13 mil millones, y de aquí a octubre seguro que van a estar ejecutados en un 100%. Pero lo importante aquí es que estamos comprando a un precio justo. Antes se compraba la paz social, ahora no".
La idea del Gobierno es respetar la nómina de 115 comunidades que han postulado a fondos de tierras, de las cuales quedan 56 con sus casos todavía pendientes. Los grupos que se han visto envueltos en casos de violencia, dice Retamal, ya saben que no accederán a beneficios.
Durante los gobiernos de la Concertación, el fisco llegó a pagar hasta $20 millones por hectárea debido a que los dueños de algunos predios emblemáticos especularon con el precio de la tierra, dicen en la Conadi. Este año, el precio promedio que se ha pagado por hectárea es de $2,5 millones, según cifras de la misma repartición.
Los errores del pasado
El diputado por las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica, Fernando Meza (PRSD), advierte que la mayoría de los campos de las comunidades indígenas siguen sin apoyo productivo y, en esa línea, cree que una de las prioridades del nuevo titular de Mideplan, Joaquín Lavín, debiera ser acelerar la entrega de asesoría productiva a las familias pobres de la zona.
"Uno de los errores del pasado fue entregar predios tremendos, con mucha riqueza forestal, que una vez depredados quedaron abandonados. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Esperamos que Joaquín Lavín asuma este tema con voluntad de diálogo", dice.
El 20% de los habitantes de La Araucanía son pobresLa investigadora de Libertad y Desarrollo Claudia Hernández estudió la evolución de las condiciones económicas y sociales de las familias indígenas y constató que, de 2006 a la fecha, las cosas no han mejorado sustancialmente, pese a las políticas de asistencia implementadas desde mediados de la década del noventa.
Según estadísticas elaboradas en base a la Encuesta Casen, los niveles de pobreza entre los indígenas superan en cinco puntos porcentuales a los no indígenas (20% y 14,8%, respectivamente).
Esta diferencia se hace más evidente cuando se compara la situación de indigencia de ambos grupos. El 5,7% de los indígenas -casi 40 mil personas, concentradas en La Araucanía- viven en la extrema pobreza, cifra que disminuye a 3,6% entre los que no se declaran indígenas.
Las comunas más conflictivas, en tanto, son las que presentan las peores tasas de pobreza puesto que en ellas la inversión es prácticamente nula: 36% en Ercilla; 35% en Lumaco; 34% en Curacautín; 35% en Collipulli, y 38% en Purén.
Una investigación publicada por "El Mercurio" a principios de año reveló que las políticas de apoyo al mundo indígena tampoco han contribuido a revertir esta situación. Las 71.169 hectáreas que habían sido traspasadas por el fisco a mapuches desde 1994 a 2010 se transformaron en terrenos comercialmente improductivos y, de ellos, el 85% ni siquiera tiene agua para consumo humano.
Este año, el fisco comprará 10 mil hectáreas más, las que serán entregadas a 30 comunidades.
Según la investigadora de LyD, algunos de los nuevos campos entregados a las comunidades vienen acompañados de apoyo productivo, pero los predios antiguos se mantienen inalterados.
"Se hicieron acuerdos con Indap y se avanzó en capacitación. Pero es importante que haya apoyo productivo para las tierras que ya se entregaron y no, necesariamente, seguir comprando", dice.
La población indígena de La Araucanía es la más dependiente de las transferencias directas del fisco. Cada familia mapuche de esa región vive con un ingreso promedio de $323 mil mensuales y, de ese monto, el 15% proviene del erario público. En la mayoría de las otras regiones, estas transferencias representan sólo entre 2% y 4%, incluso en aquellas donde hay más población nativa, como Santiago.
Renunció el coordinador presidencial y no fue reemplazadoNunca antes la Conadi dispuso de más recursos para compra de tierras como este año: más de $40 mil millones, que se dividen en dos fondos: uno que entrega subsidios de hasta $20 millones por familia para que ellas elijan dónde adquirir un terreno y otro de adquisición directa de predios por parte del Estado.
Pese a esto, la oposición vaticina un año agitado en la zona de conflicto. El diputado por la zona de Tirúa, Manuel Monsalve (PS), dice que la situación podría tornarse más compleja, puesto que la autoridad ha dado señales políticas que las organizaciones mapuche no han leído de manera positiva, por ejemplo, la eliminación de la figura del coordinador presidencial de Asuntos Indígenas, que dependía directamente de la Segpres y que permitía mantener el tema en las esferas más altas de la administración del Presidente Piñera.
"El Gobierno considera que el problema es de rezago social y económico y, por lo mismo, saca el tema de las instancias políticas. Cuando uno no quiere diseñar políticas, lleva los temas al nivel de organismos ejecutores sin capacidad de resolver, como la Conadi", dice.
Donoso renunció a pocos días de comenzar un proceso de consulta nacional a los pueblos indígenas sobre derechos políticos, territoriales y desarrollo económico y social, del cual era el principal responsable hasta ese minuto.
El director de la Conadi, Jorge Retamal, en cambio, dice que el Gobierno está trabajando en una nueva institucionalidad indígena, que no sólo se dedicará al reparto de tierras -que es lo que se hacía en el pasado- sino a resolver problemas de vivienda, agua, conectividad, educación y fomento de la cultura. Además, contará con representación de todos los pueblos originarios y no sólo de los mapuches rurales. Esto último es crucial, pues la mayoría de los indígenas vive en las grandes ciudades y no en el campo.
