En su informe 2011, la ONG señala -además- que "persistieron los obstáculos legales para el disfrute de los derchos sexuales y reproductivos" y que hubo avances en materia de derechos humanos.

Chile ha avanzado en materia de derechos humanos, pero la piedra de tope sigue siendo el respeto a las garantías de los pueblos originarios. Así lo señala el Informe 2011 de Amnistía Internacional (AI): El Estado de los Derechos Humanos en el mundo.

El documento repara en que los pueblos indígenas siguen sin reconocimiento constitucional pese a que han desarrollado campañas y acciones para que se respeten sus derechos y recuerda la huelga de hambre que realizaron 34 presos mapuche para protestar, entre otros motivos, por el uso de la legislación antiterrorista contra ellos.

En este caso, señala AI, el acuerdo pactado con el Ejecutivo señalaba que "todas las querellas formuladas en aplicación de la legislación antiterrorista serían trasladadas a la jurisdicción penal; que el gobierno introduciría reformas en el Código de Justicia Militar y que se adoptarían otras medidas para abordar las peticiones de los mapuches, en consonanciacon las normas internacionales de derechos humanos".

Asimismo, apunta a grupos indígenas de Isla de Pascua que protestaron por el continuo fracaso del proceso de devolución de sus tierras tradicionales.

PROGRESO EN DDHH

El texto agrega que en Chile hubo avances significativos por llevar ante la justicia a los responsables de violaciones humanas graves cometidas durante la dictadura.

En esta línea, recuerda que “en julio de 2010, Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, fue condenado a 17 años de cárcel por su participación en el homicidio, cometido en Argentina en 1974, del general Carlos Prats”, quien fue ministro del Interior del Presidente Salvador Allende.

Asimismo, destaca la apertura en enero del Museo de la Memoria de Chile, como un espacio para reconocer las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 y la promulgación del decreto para crear una comisión que permitía la presentación de casos de encarcelamiento, tortura o desaparición forzada entre esos años, que no hubieran sido identificados por las comisiones Rettig y Valech.

AI agrega que -en agosto del año pasado- un grupo de ex conscriptos presentó 438 querellas, acusando al Ejército de violaciones de los derechos irrenunciables cometidas contra reclutas entre 1973 y 1990.

Las 300 querellas ante el Poder Judicial presentadas por un grupo que representaba a familias de ejecutados políticos fue destacado por el documento de Amnistía Internacional, que indicó también que -en abril del año pasado- la Corte Suprema confirmó la aplicación de la ley de Amnistía en el caso de Carmelo Soria, que fue asesinado en 1976 por las fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, se destaca la presentación, por parte de la Conferencia Episcopal católica y representantes de las iglesias evangélicas, de dos propuestas de indultos con motivo del bicentenario, asunto que fue descartado por el Presidente Sebastián Piñera para los casos de condenados por crímenes de lesa humanidad.

En materia de discriminación, AI apuntó a la acción que la Comisión Interamericana de DDHH presentó ante la Corte Interamericana de DDHH por el caso de la jueza Karen Atala, a quien se le había denegado la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual.

A juicio de la Comisión, el sistema legal chileno no había considerado el interés superior de las hijas de la jueza cuando se concedió la custodia a su padre.

Además, alerta respecto de la denuncia que en octubre hicieron organizaciones no gubernamentales respecto de una campaña contra la realización de un festival de cine sobre diversidad sexual.

Amnistía Internacional advierte sobre los “obstáculos legales para el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos”, donde señala que “el aborto siguió estando penalizado en todas las circunstancias” y recordó que se presentaron dos proyectos de ley que buscaban limitar el ámbito de las sanciones penales para casos de interrupción de la vida del que está por nacer.

Además, indicó la denuncia que una ONG realizó sobre la discriminación que sufrían mujeres con VIH para acceder a los servicios de salud, así como de violaciones sistemáticas de su derecho al secreto médico.

AI también pone el acento en las falencias que tiene la “seguridad en las industrias extractivas” a raíz del accidente en la mina San José y “las terribles condiciones de numerosas prisiones del país” tras el incendio en que murieron 81 personas en la cárcel de San Miguel.