El golpe militar constituye una acción que tuvo por objetivo la reconquista de los intereses económicos por parte de la oligarquía chilena e internacional, lo que afecto a los chilenos en general y a nuestro pueblo en particular. El despojo territorial mapuche y el confinamiento de nuestro pueblo sobreviviente del exterminio en reducciones, son resultado de un mismo conflicto histórico de intereses, en donde el golpe militar de 1973 constituye un hito de suma importancia para la historia de nuestro pueblo.

La refundación del capitalismo en el Wallmapu
Sin duda con el golpe militar se inicia una de las transformaciones económicas más importante para el pueblo mapuche, a través de un proceso de contrarreforma de carácter violento cuyas consecuencias sociales, en el plano de la violación a los derechos humanos, ha sido prácticamente invisibilizado por la historia, específicamente por las comisiones de verdad y justicia en cuyos informes jamás se habla del pueblo mapuche, sólo de campesinos.
Pero más allá de referirnos a los atropellos que generó el terrorismo de Estado en la realidad mapuche, hacemos hincapié en lo que esto significó para nuestro pueblo en términos estructurales. Es decir, la imposición a sangre y fuego de un modelo económico neoliberal que, hasta el día de hoy, hace estragos en el Wallmapu.
El golpe militar para el pueblo mapuche constituye una nueva arremetida del capitalismo, esta vez a través del fomento a la empresa forestal por parte del Estado chileno. Se establecen una serie de medidas, tales como el subsidio estatal (decreto 701), privatización de la producción de la madera y derivados, todo esto teniendo como base la territorialidad mapuche usurpada. La dictadura militar al dejar sin efecto las asignaciones de tierras efectuadas durante la reforma agraria, no reconstituyó el latifundio tradicional sino que creó las condiciones para llevar adelante un nuevo modelo económico, en base a la actividad forestal, afectando a la agricultura y al campesinado y por supuesto a las comunidades mapuches.
Por lo tanto, el golpe de Estado da inicio a un proceso de refundación del sistema capitalista bajo una nueva ideología neoliberal que requiere de una reconversión territorial a través de la industria forestal, constituyéndose en uno de los mayores negocios para los empresarios nacionales y trasnacionales: es el segundo rubro exportador después del cobre y transforma a Chile en el segundo exportador mundial de celulosa, con ganancias estratosféricas para estos grupos económicos. Al mismo tiempo, la industria forestal ha ido generando las condiciones para nuevos tipos de inversiones capitalistas, como las hidroeléctricas y la minería.
Las reducciones mapuches fueron acorraladas por estas grandes plantaciones forestales generándose un conflicto -como lo conocemos hasta el día de hoy-, producto de la expoliación territorial para la explotación y depredación del Wallmapu. Este análisis es lo que define, por lo tanto, nuestra postura política como organización Coordinadora Arauco-Malleco, (CAM).

Las organizaciones mapuche y su rol en el conflicto
El movimiento mapuche actual no es el mismo que hace cuarenta años. Ha habido una evolución tanto en lo que a su concepción ideológica se refiere, como al desarrollo de su práctica política. Si bien existe una matriz histórica de demanda territorial y justicia para nuestro pueblo, las visiones políticas del movimiento mapuche hoy han madurado con el aporte de las distintas expresiones y organizaciones mapuches, en especial en el transcurso de las últimas décadas. Podemos afirmar que este movimiento ha enrielado hacia un verdadero proceso de liberación.
Al momento del golpe militar, la dictadura se encontró con un movimiento mapuche permeabilizado por las distintas agrupaciones de Izquierda que bregaban por un proyecto de emancipación desde sus concepciones teóricas y prácticas, razón por la cual la realidad mapuche era parte de una visión campesinista y en alianza con el proletariado. Es en este contexto que muchas comunidades se movilizaron. Pero no desde una integralidad socio-cultural e ideológica mapuche, sino más bien como apéndice de la Izquierda tradicional o revolucionaria.
La represión generalizada impuesta en todo Chile también afectó a las comunidades movilizadas, razón por la cual muchos militantes mapuches de Izquierda fueron asesinados y/o desaparecidos. De esta forma, las reivindicaciones mapuches estuvieron apoyadas, en el devenir del movimiento social y político chileno, en una clara dependencia ideológica. Así se comprende que con las protestas de los años ochenta comiencen a resurgir las demandas mapuches, que tuvieron como referentes a los centros culturales y con posterioridad, al Ad Mapu y Newen Mapu.
Es recién, a partir de los noventa, como parte de una reemergencia de los pueblos originarios a nivel continental, que resurge el tema mapuche con otras características, más centrado en lo propio, en su realidad social y cultural. Es en el contexto de los 500 años que surge en Chile un nuevo discurso, en que cumple un importante rol el Consejo de Todas las Tierras reposicionando la lucha mapuche en una dimensión integral. Pero es sin duda la aparición de la CAM la que marca un antes y un después de la lucha mapuche, en términos ideológicos y de práxis, realizando definiciones anticapitalistas a partir de la propia cosmovisión mapuche. Asimismo, instala una nueva forma de hacer política fuera de los marcos de la institucionalidad. Un quehacer político autónomo, desde la realidad mapuche y en confrontación con el sistema y el Estado capitalista, configurando las condiciones ideológicas y políticas para la sustentación de un proceso de liberación propio.

La restitucion de tierras
Al realizar una mirada retrospectiva de estos últimos 40 años, teniendo como referencia el golpe militar y el quiebre que significó, se hace necesario analizar también las distintas formas de restitución territorial de parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, partiendo de la base que ninguna política ha dado respuesta efectiva e integral a la reivindicación histórica como Pueblo Nación Mapuche, es decir, la restitución de nuestro territorio ancestral.
La restitución de tierras efectuada durante los últimos gobiernos democráticos anteriores a la dictadura, en especial en el corto gobierno de Allende -en el cual se expropiaron cerca de tres millones de hectáreas, correspondientes al 70% de todo el proceso de reforma agraria-, dista mucho de lo que ha sido la política de entrega de tierras de los gobiernos neoliberales de la Concertación y la Alianza. Si bien en aquel tiempo hubo grandes limitaciones ideológicas al no considerar a los mapuches desde la perspectiva de sus derechos históricos y ancestrales, primando la concepción campesinista, hay algo que debemos destacar como experiencia, y es que dicha política estuvo dirigida, principalmente, en contra de importantes latifundistas comprometidos con la usurpación histórica del territorio mapuche, a quienes se les expropió las tierras sin otorgarles ningún tipo de pago o ínfimas indemnizaciones, siendo obligados a replegarse, lo que constituyó un acto de justicia y reparación histórica.
Completamente opuesto a este proceso es el sistema de compra de tierras que ha llevado adelante la Concertación y la Alianza a través de la Conadi(1), un verdadero retroceso que se explica por lo que significó el golpe de Estado y con él la imposición del modelo neoliberal, razón por la cual los distintos gobiernos han actuado en consecuencia. Por esta razón han evitado la restitución de predios estratégicos, entregando tierras en otros lugares, generando con ello la división de las comunidades y su dispersión. Sin embargo, cuando esto ha sido imposible debido a la lucha de las comunidades, han premiado a los usurpadores con exorbitantes precios por los predios.
Por lo anterior, consideramos que dicha política ha sido cuantitativamente insuficiente frente a la demanda mapuche, pero lo más grave es que, en términos cualitativos, esta política ha reafirmado al sistema capitalista en el Wallmapu. Es decir, los ricos que usurparon nuestros territorios y los que explotaron indiscriminadamente, que en algunos casos entregan los terrenos diezmados, nunca pagaron impuestos o tributaron en la zona. Hoy ya no son objeto de expropiaciones, sino al contrario, se les pagan sumas millonarias de hasta tres veces el valor de la tierra.
Nosotros como CAM siempre hemos señalado que este tipo de restitución de tierras, restringido en cuanto a devolución territorial y en base al pago del valor especulativo de los predios, está lejos de significar justicia para el pueblo mapuche, puesto que el conflicto se soluciona en los marcos del sistema capitalista y no a través del control territorial mapuche.
Esta manera de resolver los conflictos territoriales no es la forma planteada en el Proyecto Político Estratégico de la CAM, sobre todo cuando vemos que dichas compras de tierra van acompañadas de un sinnúmero de proyectos, como ocurre en el contexto de las ADI, cuya función es poner este supuesto “territorio recuperado” y los territorios mapuches en general a producir bajo las lógicas de mercado, es decir, en función del sistema capitalista.
Hoy nos encontramos con distintas experiencias capitalistas al interior de los predios comprados por Conadi, como la producción de lupino y de arándanos, entre otros. Como CAM somos enfáticos en señalar que un predio comprado por Conadi en base a la especulación, desarrollado a través de la intervención de proyectos del Estado para su explotación, no es un territorio liberado y no es un territorio recuperado para la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche. Por lo tanto, no podemos hablar de control territorial.
A su vez existe otra realidad, en que comunidades asumen compromisos de compra con las forestales, a través de Conadi, con el pie forzado de que estos bosques primero deben ser explotados. En este sentido, se debe explicar que hay zonas que por las movilizaciones de las comunidades y las acciones de los ORT(2), las forestales han debido abandonar, pues se han visto imposibilitadas de reinstalar faenas para la cosecha de los bosques por parte de contratistas externos a las comunidades. Por ello se han visto en la necesidad de cooptar a mapuches para cumplir función. Al respecto, el objetivo de la CAM es que las comunidades ingresen a los fundos y tomen posesión de éstos a través de las tomas productivas, de manera autónoma, y no que terminen trabajando para las forestales.
No se puede hablar de recuperación territorial si el predio forestal se sigue explotando bajo una lógica capitalista en donde la empresa se lleva las ganancias, sólo porque los contratistas son mapuches.
Es decir, estamos frente a experiencias y resolución de conflictos territoriales cuyas condiciones y rayado de cancha las ponen el Estado y el empresariado, y no el pueblo mapuche. Es lamentable que después de años de lucha y resistencia, de ejercicio del control territorial, algunos sectores y comunidades terminen aceptando las condiciones del sistema y poniendo nuestro territorio al servicio de éste. En este tipo de experiencias ganan el Estado chileno y la oligarquía: porque se termina un conflicto, y gana el latifundista, que se queda con millones para comprar el triple de tierras o invertir en otros negocios; y gana el sistema capitalista, porque se da continuidad a la explotación de la tierra y los recursos naturales. El único que pierde es el pueblo mapuche en su concepción de vida.
Esta realidad vuelve a confirmar nuestra apreciación de que continuamos siendo un pueblo ocupado por el Estado chileno, y nuestro territorio sigue al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos. No debemos analizar idealistamente los procesos, pues esto nos lleva a la confusión. Nuestra lucha no puede terminar siendo capitalizada por el propio sistema que nos domina. Es fundamental transformar los predios recuperados en territorio mapuche liberado.
Las políticas de entrega de tierras y sus programas pueden servir, en algunos casos, como mecanismos de resolución de nuestras demandas históricas, pero en ningún caso pueden definir nuestros objetivos como pueblo. Hay que tener claro que responden a un contexto histórico e ideológico, y a los propios intereses de quienes las aplican. Es, por tanto, un desafío de nuestro pueblo dar continuidad a la resistencia histórica que nos ha caracterizado por siglos y que en la actualidad se expresa en la lucha de las comunidades en conflicto y los órganos de resistencia, lo que ha significado que nos transformemos en uno de los polos de conflicto más importantes de la realidad nacional.

Cárcel de El Manzano, Concepción

Notas

(1) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
(2) Organos de Resistencia Territorial.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 789, 6 de septiembre, 2013)