El próximo lunes el Consejo Nacional del organismo indígena debería pronunciarse oficialmente con respecto al proyecto presentado por el director de la Corporación, Edgardo Lienlaf.

Freddy Palomera/Temuco y Lorena Letelier

El proyecto de reestructuración de la Conadi contempla un refortalecimiento del Consejo de la Corporación y una ampliación de los trabajadores de planta.  (Foto: PEDRO RODRIGUEZ) Aucán Huilcamán.  (Foto: PEDRO RODRIGUEZ) Dictan orden de arraigo en contra de Aucán Huilcamán El Fiscal Militar de Temuco, Rodolfo Kaufhold, ordenó ayer una orden de arraigo en contra del máximo líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, luego que éste no compareciera a la primera citación emanada por el tribunal tras participar en los violentos incidentes protagonizados por mapuches el 20 de julio pasado.  Huilcamán es el tercer dirigente de la organización imposibilitado de abandonar el país durante los próximos 60 días, puesto que la misma situación afecta a los werkenes Manuel Santander y José Naín.  El fiscal militar investiga a los comuneros mapuches por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, durante una violenta gresca registrada a las afueras de la sede del Consejo, en momentos en que la policía ejecutaba una orden de incautación de carpetas y archivos computacionales de los indígenas, en el marco de una investigación que instruyen los fiscales del Ministerio Público, Francisco Rojas y Alberto Chiffelle, por distintos hechos derivados del conflicto mapuche en La Araucanía.  De ser encontrados culpables los indígenas se exponen al pago de una multa o a una pena de presidio entre 61 días y cinco años.  Huilcamán aseguró que jamás faltó a la citación ante el fiscal y que si bien no declaró en una primera oportunidad, ello se produjo, porque "había poco tiempo, por lo que convenimos una nueva fecha más adelante". Agregó que la medida es una persecución política y aseguró que es "una resolución injusta, porque ninguno de los funcionarios de carabineros que lideraron el allanamiento está suspendido de sus funciones".  En tanto, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió ratificar la libertad provisional a los comuneros Juan de Dios Collío, Jorge Hueque, Félix Tranamil, Patricio Lloncón, Víctor Coihuapán y Víctor Neculpán, decretada el Juzgado de Garantía en el marco de las investigaciones que realizan por los incidentes callejeros de pasado 25 de julio.

 Además, la iniciativa contempla un refortalecimiento de la participación del Consejo de la Corporación y la ampliación del personal de planta que trabaja en la Conadi.

 Si bien el proyecto definitivo será dado a conocer el próximo lunes -durante el Consejo Nacional del organismo- el consejero, Hilario Huirilef, adelantó a La Tercera que uno de los puntos centrales que plantea el documento es que "el director debe decidir en conjunto con los subdirectores, quienes además pasarán a formar parte del Consejo", dijo

Recursos

 "El proyecto contempla que las auditorías deberán ser informadas al Consejo. Esto es un cambio potente, porque el control interno de la Corporación no quedará en manos del ente administrativo de la Conadi y así vamos a tener acceso a saber las cosas que están pasando internamente".

 El documento propone que funcionarios con algún grado importante de responsabilidad administrativa y que estén trabajando a honorarios, pasarán a formar parte de la planta institucional -ahora compuesta por sólo 88 personas- sólo así podrán responder ante alguna irregularidad. Además, se establece que los funcionarios ejerzan labores de acuerdo a su profesión.

 También se busca garantizar que un seguimiento permanente de los proyecto en favor de las comunidades indígenas a fin de garantizar que se desarrollen en plenitud. El dirigente concluyó que si bien apoyará la aprobación de la iniciativa, también pedirá que se comprometan nuevos anuncios y reformulaciones para el buen funcionamiento de la Conadi.

 A pesar que Lienlaf declinó a detallar los aspectos de la reforma, dijo que todos los "cambios son más bien administrativos y que tienden a fortalecer la auditoría interna y a generar unidades de control sobre la gestión de la Corporación". Añadió que la propuesta se enmarca dentro de los parámetros de la Ley Indígena, por lo que no están considerados introducir modificaciones a la norma.
 
 

Investigación

 En tanto, Lienlaf reconoció que desde que estalló el llamado Caso Conadi se han estancado las negociaciones de compra de tierras para las comunidades beneficiadas para este año, pero dijo que "les hemos explicado la situación en que se encuentra la Corporación y han entendido que estamos resguardando que los predios que serán adquiridos no tendrán ninguna complicación futura". El director agregó que esperan que a mediados de septiembre se pueda conocer los informes tanto de la Contraloría como de la auditoría ministerial en relación al caso.
 
 

Cuestionamiento

 Al respecto, Caroca dijo que es evidente que existen consideraciones de derecho indígena que pueden ser invocadas al momento de un juicio y "así se ha hecho por parte de la defensoría penal pública".

 El defensor agregó que desde la implementación de la reforma procesal penal en la Novena Región, la defensoría ha atendido a 432 imputados mapuches de los cuales 152 tienen sus casos resueltos. Un 49% de los casos concluyó con un acuerdo entre la fiscalía y el defensor, mientras que un 7% sobreseídos. De las 67 personas sentenciadas, un 47% fueron absueltos, un 34% se le concedió beneficio alternativo, un 15% debió pagar multa y sólo un 4% ha sido condenado.
 
 

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