El Mostrador
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29 de Agosto del 2001
Fiscal de la Novena Región enfrenta críticas de mapuche a la Reforma

Esmirna Vidal: ''Es un mito que tenemos a muchos indígenas detenidos''

La máxima autoridad del Ministerio Público en la Novena Región enfrenta con cifras y argumentos técnicos las críticas que abogados y miembros de las etnia han efectuado a la Reforma Procesal Penal y asevera que la entidad que encabeza se investigan delitos.

La máxima autoridad del Ministerio Público en la Novena Región, la fiscal regional, Esmirna Vidal, salió al paso de las críticas que el abogado de la Coordinadora Arauco Malleco, Pablo Ortega, formuló contra el accionar de los fiscales en causas que involucran a mapuches.

Desde la Región de la Araucanía, en conversación con El Mostrador.cl, la fiscal refutó con cifras y argumentos técnicos las aseveraciones de Ortega, en cuanto a que en la Reforma Procesal Penal los derechos de los imputados son vulnerados y que los fiscales actuarían con exceso de celo en contra de los mapuches, a quienes se les acusaría de gran cantidad delitos a objeto de justificar detenciones preventivas y “golpear a las comunidades” para que desistan de su proceso de movilización.

En una de las pocas entrevistas que Vidal ha concedido, la fiscal acusó gran conocimiento de las causas que involucran a comuneros indígenas y solicitó que primero se le dejará exponer los argumentos del organismo que encabeza frente a la polémica.

"Es un mito que tenemos muchos indígenas privados de libertad. Como Ministerio Público a la fecha hasta la fecha estamos investigando 35 causas –en el marco del conflicto mapuche- en un universo de 33 mil denuncias que nos han ingresado. En unas doce hemos formalizado respecto de cerca de 30 personas y en la actualidad se mantiene la prisión preventiva respecto de nueve personas", señaló la fiscal Vidal.

- ¿Estas cifras, a juicio de la fiscalía, de qué dan cuenta?

- De la rigurosidad con que hemos desarrollado las investigaciones y que las situaciones que se han mantenido en prisión preventiva se deben a que realmente hay hechos contundentes y de tal gravedad que la han ameritado.

Muy apegada al derecho, la fiscal regional no profundizó más allá sobre los casos y sólo enunció que los fiscales están investigando hechos ocurrido en enero, febrero y marzo en las zonas de Collipulli, Ercilla, Victoría y en la comuna de Temuco.

En dichos episodios -asegura- "hubo incendios de sembradíos y bosques, destrozos y daños a la propiedad privada, robos con intimidación. Homicidio frustrado, en el caso de agricultores de Collipulli, daños y lesiones en perjuicio de personal policial, usurpaciones de predios, cortes y quema de árboles, de maquinaría. Esto llegó a conocimiento de los fiscales en virtud de denuncias presentadas por los afectados y por la propia autoridad. La obligación era iniciar la investigación", argumentó la fiscal.

Y agrega: "Después de largos meses de trabajo se llegó a conclusiones importantes en relación personas involucradas y su grado de participación en cada uno de ellos. Con esa convicción es que los fiscales de Collipulli, Victoria y Temuco han formalizado investigaciones. No ha existido una formalización o detención antojadiza. Es absolutamente impropio hablar de animosidad por parte de los fiscales".

Una persona, varios delitos

- La enumeración de presuntos delitos es amplia. Ortega asegura que los fiscales acusan basándose en esto a objeto de conseguir la fijación de prisiones preventivas y, con ello, desmovilizar a las comunidades.

- En absoluto. No hacemos más que realizar el trabajo que la ley y la Constitución nos encomienda: investigar hechos que llegan a nuestro conocimiento y que tienen carácter de delito, idenpendientemente de la categoría de personas que los cometan.

"Debemos tipificar cada hecho. Lo que ocurre es que unas mismas personas han participado en la comisión de varios hechos. Ya sea en virtud de un mismo episodio, que en la mayoría de las situaciones ha durado varios días. También tenemos que en distintos hechos han participado las mismas personas, pero en distintas épocas y en uno o más delitos".

- ¿Es una presunción o una certeza?

- No es algo antojadizo. Hay un trabajo investigativo, que nos permitió recoger pruebas y evidencias a través de declaraciones, fotografías de videos y de varios medios de prueba. No hay el fin de solicitar la prisión preventiva. Los fiscales sólo la han solicitado cuando la gravedad de los hechos lo amerita, no es una consecuencia de la formalización de la acusación.

- ¿Y que pasa con el argumento de que ello sirve para desactivar las movilizaciones de las comunidades?

- En absoluto, nuestro rol es técnico. En estos casos ha quedado claro que no hemos detenido personas para empezar a investigarla. Las detenciones se han solicitado una vez formalizada una investigación.

Atacar el fondo del problema

- ¿Pareciera que la fiscalía no ataca al fondo del problema, ya que los delitos siguen existiendo?

- No nos corresponde discernir sobre el origen histórico, político, sociocultural de la situación. Somos un organismo técnico que cumple un rol técnico. Investigamos hechos tan graves como un cuasi delito de homicidio.

-¿Cuánto se puede sostener un discurso tan apegado a ley, cuando otros estamentos de la sociedad plantean lo contrario?

- Cumplimos un rol técnico. Hay otros organismos que tiene roles políticos y administrativos. Son ellos los llamados a actuar en esa área. Nosotros debemos tratar que se garanticen los derechos de los imputados en los delitos que investigamos y eso hacemos.

Rechazo a la impunidad

- ¿No es posible asumir algún tipo de modificación?

- ¿Se estima que en los cuasi delitos de homicidios, en los delitos graves de incendio, debemos modificar nuestras actitud y dejar de investigarlos? ¿O sabiendo que hay imputados, por el sólo hecho de que sean miembros de una comunidad, no debemos seguir investigando?

- No, pero me refiero al argumento del abogado Ortega que sostiene que podrían ser considerados como delitos distintos, tal vez políticos.

- El tratamiento que dan los fiscales es aquel que corresponde conforme a las normas procesales que son garantistas y a los ilícitos tipificados en el código penal.

- ¿La fiscalía se siente presionada por el Gobierno o por los parlamentarios, considerando que suelen abogar por los derechos mapuche?

- Una de nuestras fortalezas es la autonomía, de manera que categóricamente afirmo que no hemos tenido presión de ninguna naturaleza. Hay un ámbito penal, que es donde nos coresponde actuar, pero hay un ámbito político, administrativo, social que deberán asumir las autoridades correspondientes para abordar el tema por esa vía. Eso es bueno, sano y necesario, pero no significa presión hacia nuestro trabajo.

- ¿Si los delitos por parte de las comunidades se incrementan en el verano, se podrá señalar que el trabajo de la fiscalía no ha sido efectivo?

- No podemos predecir los hechos que puedan o no ocurrir.

- Se lo pregunto, porque es usual que en verano las movilizaciones aumenten.

- Eso no tiene que ver con la efectividad de nuestro trabajo. La misión nuestra es lograr la sanción de los responsables de la comisión de un ilícito, no acabar con determinados delitos.