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Santiago de Chile | martes 02 de octubre de 2001

Ralco: sin detenidos por atentados
 

Tras declarar en el tribunal de Santa Bárbara quedaron en libertad seis sospechosos de los atentados incendiarios sobre maquinaria utilizada en las obras de Endesa para la construcción de la represa.


Pamela Juanita Cordero

Entre interrogatorios a un grupo de sospechosos por incendiar maquinaria pesada de Endesa, un intenso operativo policial en la zona y una querella criminal que interpondrá el ministerio del Interior a través del Gobierno Regional se desarrolló la tensa jornada en la zona debido a los incidentes que ocurrieron la madrugada del sábado cuando fueron quemados dos camiones y una retroexcavadora utilizada en las faenas de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la Octava Región.

A partir de las nueve de la mañana la jueza subrrogante del Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, Ximena González, tomó declaraciones a seis personas que fueron sindicadas por Carabineros como sospechosas de haber participado en los atentados del Alto Biobío que dejaron pérdidas a Endesa cercanas a los 320 millones de pesos. Entre ellos un grupo de amigos y ex compañeros del Colegio San Gaspar, de Santiago, identificados como Cristóbal Fuentes López (25 años), licenciado en lenguas y literatura de la Universidad de Chile; y los estudiantes de medicina Felipe Viveros González (26), José Luis Tejada y Pedro Musalem.

Los restantes sospechosos son dos lugareños de la Novena Región que estaban de paso en la zona: el machi Juan Huentemil, proveniente de Quepe, y Pedro Caniupan (21), de Padre de las Casas.

Las informaciones preliminares indicaban que Víctor Torres Quintreman (32), hijo de Berta, una de las hermanas Quintreman, había sido involucrado en los hechos, sin embargo, el hombre en rigor fue detenido y llevado hasta la tenencia de Los Angeles, pero por conducir sin documentos y no por otra causa. Pese a la duración de la diligencia llevada a cabo por la jueza González, ésta dispuso que quedaran en libertad, aunque con orden de ser requeridos si la investigación lo ameritara.

Recordemos que las citadas hermanas son las más férreas opositoras a la construcción de la represa, ya que sus predios, ubicados en el Alto Biobío, quedarían totalmente inundados una vez que entre en funcionamiento la central. Por ello interpusieron un recurso de protección y un recurso de nulidad, que tiende a que los tribunales dejen sin efecto la concesión que entregó el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la empresa eléctrica Endesa.

“No tenemos nada que ver. Somos personas que trabajamos con los pehuenches, apoyamos la causa, pero en ningún caso vamos a realizar actos de violencia”, explicó desde Santa Bárbara Musalem, uno de los sospechosos, y agregó que la presencia de personas de la Región de la Araucanía se debía a que realizarían en la casa de las Quintreman una ceremonia machi que ayudara a solucionar los problemas de la zona.

El teniente Carlos Muñoz, de la tenencia Biobío, explicó que “los tribunales decretaron para Carabineros e Investigaciones una orden amplia de investigar, por lo que ya llegaron a la zona miembros especializados en la materia”.

A su vez, el Gobierno Regional interpondrá en el transcurso de los próximos dos días una querella criminal en contra de los responsables de los atentados, tal como lo aseguró el Intendente Regional subrogante, Víctor Schuffeneggeer. La proposición nació del ministerio del Interior y trabaja en la redacción del cuerpo legal la jefa jurídica de la Intendencia, Carmen Barra.

APOYO DEL GOBIERNO. Ante las declaraciones realizadas a El Metropolitano por el abogado que lleva la defensa jurídica de las hermanas Quintreman, Roberto Celedón, en el sentido de que el Gobierno habría dado el apoyo a las siete familias que no quieren ceder sus terrenos y que “no permitiría la inundación de tierras no permutadas”, ayer asomaron nuevas versiones que reafirmarían este compromiso del Ejecutivo con la causa pehuenche.

Juan Pablo Orrego, cabecilla del Grupo de Acción por el Biobío (Gabb), detalló que durante los primeros días de mayo el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, citó a La Moneda a representantes de dicho movimiento, a las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman y a otras familias que se niegan a abandonar sus fundos, y les dijo: “El Gobierno del Presidente Ricardo Lagos no va a buscar una forma administrativa para detener el proyecto Ralco… Y no permitirá la inundación de tierras indígenas no permutadas”.

Orrego apuntó que para evitar la inundación de estos predios, Dockendorff “propuso que el nivel de la represa (o cota) no llegara a los 150 metros, sino que hasta los 130, aproximadamente… Lo que según nuestros expertos en inviable”.