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Santiago de Chile | Martes 29 de mayo de 2001

Investigan irregularidades en la Conadi
 

Gobierno solicitará a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en la adquisición de tierras, al tiempo que encargó un plan para la reestructuración del organismo en un plazo no superior a 45 días.


Por Sergio Rodríguez G.

La crisis en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se complica. Tras la denuncia que esta misma entidad hiciera la semana pasada ante el Ministerio Público de la IX Región -a raíz de presuntas irregularidades en los procedimientos de adquisición de tierras-, ayer el Gobierno fue aún más lejos, ya que solicitará a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario para determinar la responsabilidad de algunos de sus funcionarios.

El anuncio lo hizo ayer la ministra de Planificación y Cooperación, Alejandra Krauss, quien además informó de otras cuatro medidas: la auditoría del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi por parte del auditor ministerial, la solicitud de intervención del Consejo de Defensa del Estado a objeto de que represente los intereses fiscales eventualmente comprometidos, la contratación de una asesoría jurídica externa que apoye la investigación y la entrega a la Fiscalía de todos los antecedentes para que se esclarezca la situación.

Del mismo modo, la secretaria de Estado designó al jefe de la División de Inversiones de la Conadi, Juan Cavada, para que, junto con el director de la Corporación, Edgardo Lienlaf, proponga, “en un plazo de 45 días, un plan de reestructuración de este organismo y normalizar el proceso de adquisición de tierras”.

DUDAS. En cuanto a la naturaleza específica de las irregularidades, la ministra, quien se presentó junto a Lienlaf, declinó pronunciarse, señalando que tampoco podía apoyar su gestión. “Es un cargo de confianza del Presidente de la República y, como tal, no me corresponde apoyarlo o no”, dijo.

Claro que las acusaciones a la Conadi, repartición que maneja un presupuesto anual de $17.800 millones, datan de varios meses atrás, y casi todas apuntan a su Fondo de Tierras y Aguas, subdirección que debe resolver la demanda territorial de las comunidades indígenas.

Al respecto, Hilario Huirilef, consejero nacional de la Conadi, señaló que “el problema es serio, y ahora salió a la luz pública por la denuncia concreta que hizo un trabajador de la Conadi del sur, que soltó todo lo que sabía, incluido el tema de las coimas, que muchas veces se reciben por la compra de terrenos con platas fiscales”.

En efecto, desde su génesis la Conadi ha recibido críticas, entre otras cosas, por la permisividad a irregularidades que presenta el Fondo de Tierras y Aguas. Esta división debe evaluar qué terrenos compra y a qué grupo indígena se los da según criterios poco claros y en su mayoría cualitativos, todos elementos que, a juicio de Huirilef, “estimulan prácticas como compadrazgos y coimas”. De hecho, El Metropolitano ya ha denunciado que el pago de funcionarios de la Conadi muchas veces se ha hecho con dineros sacados de este Fondo, teóricamente destinados sólo a compra de tierras.