Santiago de Chile,  Sábado 29 de Septiembre de 2001


Cartas
Política indígena

Señor Director:

Con preocupación y extrañeza leí en la edición de su diario, del 28 de septiembre, una información que en forma inexacta acusa al Gobierno de suscribir acuerdos con lo que denomina "mapuches violentistas", a los cuales se les estarían traspasando tierras en "desmedro de otros que esperan pacientemente una solución desde 1989", en circunstancias que la Ley Indígena que da el marco para la búsqueda de solución a los problemas existentes entra en vigencia el 5 de octubre de 1993.

Asimismo, se asegura que hay una "abierta contradicción" del Gobierno en su política de entrega de tierras a las comunidades indígenas, basándose para una afirmación tan amplia exclusivamente en el proceso de diálogo que estamos desarrollando con la comunidad mapuche Ignacio Queipul.

Frente a estas afirmaciones quiero aclarar que no existe tal contradicción puesto que en ningún momento el Gobierno ha modificado su política indígena de puertas abiertas a quienes optan por la vía del diálogo en el marco de la institucionalidad vigente.

Sin embargo, también hemos sido claros en cuanto a que no marginaremos en este camino del reencuentro a aquellas comunidades que se han comprometido a abandonar el camino de la violencia, al cual muchas veces han sido guiadas por líderes extremistas o fundamentalistas que en ningún caso representan los legítimos intereses de aquellos a quienes dicen interpretar y que, al contrario, sólo han contribuido a dañar la causa legítima de los pueblos indígenas. Y en ello hemos obrado responsablemente, pues no hemos avalado jamás las posiciones que cierren los espacios de confianza y diálogo, posiciones que sólo contribuyen a generar mayor violencia.

Respecto a la Comunidad Ignacio Queipul, a la cual su diario hace referencia, ésta eligió desde hace mucho tiempo una vía en el marco de la legalidad vigente y optó sentarse a la mesa de negociación en un clima de mayor confianza y esperanza en la búsqueda de soluciones en torno a las cuales, como Gobierno, estamos trabajando, y lo cual se encuentra corroborado por ustedes en su crónica que se titula "Cronología de la Violencia Indígena" (pág. C6), en la cual se da cuenta que esta comunidad sólo ha participado de un hecho el presente año, y ya han transcurrido prácticamente 10 meses del año calendario.

Quiero ser enfática: el gobierno del Presidente Ricardo Lagos no ha marginado ni marginará a nadie, mientras existan las condiciones para establecer un diálogo franco y abierto. Creo que este caso es un claro ejemplo de ello. Una comunidad o un grupo de chilenos indígenas que hacen una opción por un camino sin violencia tendrán siempre una respuesta positiva del Gobierno y esperamos que también la tengan de toda la sociedad chilena.

Considero preocupante que se adjudique y relacione un homicidio a las acciones realizadas por la comunidad en el pasado, en el marco de las reivindicaciones por ellos planteadas, en circunstancias de que deben ser los tribunales los únicos llamados a establecer responsabilidades en un hecho de estas características, que por cierto condenamos.

ALEJANDRA KRAUSS VALLE
Ministra de Planificación y Cooperación


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