Consejo de la entidad señaló
que recursos comprometidos son mínimos.
Iván Fredes
TEMUCO (Iván Fredes).- El ofrecimiento de un millón de pesos a una funcionaria de fiscalía de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para que visara favorablemente la situación jurídica de una propiedad es una de las situaciones principales que originó la denuncia por cohecho.
Así trascendió ayer en Temuco, pese al hermetismo que rodea la investigación instruida por tres fiscales del Ministerio Público de la IX Región, y que se refiere a supuestas irregularidades en traspasos de tierras a mapuches.
La mencionada propiedad (un predio de 180 hectáreas, ubicado en Loncoche) formaba parte de un estudio de títulos que efectuaba el departamento jurídico del Fondo de Tierras y Aguas, como trámite previo y necesario para su adjudicación y traspaso a comunidades mapuches en conflicto.
Una parte del predio en venta no estaba técnicamente saneado, y sobre ella había derechos sucesorios que impedían la transacción.
En esa etapa de la negociación, el propietario de las tierras habría ofrecido el dinero a la funcionaria de la fiscalía de la Conadi, a fin de que ella obviara el problema y diera curso a la tramitación ante los organismos pertinentes.
Hasta ayer habían declarado al menos 15 personas ante los tres fiscales del Ministerio Público.
Impacto Menor
En Santiago, en un intento por moderar
la verdadera "bola de nieve" que se echó a correr tras el anuncio
de supuestas irregularidades, el consejo de la Conadi señaló
ayer que los hechos investigados representarían un porcentaje ínfimo
de las operaciones realizadas en esta materia.
Esta postura oficial se plasmó en una declaración pública confeccionada durante la sesión del consejo de Conadi realizada en la capital y que se prolongó por más de 8 horas. El texto fue leído por el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, quien declinó responder preguntas.
A dicha instancia asistió la mayor parte de sus integrantes. La componen ocho consejeros elegidos por las etnias, ocho en representación del Gobierno (cinco subsecretarios y tres designados por el Presidente de la República), más el director de la entidad.
La postura oficial del consejo no deja de sorprender, pues aparece paradójico hablar de irregularidades mínimas cuando recién está comenzando una investigación cuyo alcance es impredecible.
Además, el consejero Hilario Huirilef - quien no suscribió el pronunciamiento del consejo- criticó la declaración.
Según el representante mapuche, todavía los consejeros no han sido informados en detalle del número de hectáreas y recursos involucrados en las irregularidades que se investigan, como tampoco cuáles son las comunidades relacionadas.
La ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, rechazó la acusación hecha por Huirilef, quien señaló que ella tenía antecedentes sobre presuntas irregularidades en el organismo hace más de un año.
Planteamiento Oficial
La declaración pública
es la siguiente:
"Diversas reacciones públicas generadas por la información dada a conocer respecto a presuntas irregularidades en los procedimientos de adquisición de tierras en la subdirección sur de la Conadi han pretendido menoscabar la imagen del pueblo mapuche, sus comunidades y sus dirigentes, como asimismo de la propia Corporación. Ante esto, el Consejo manifiesta:
1.- Los hechos actualmente investigados por la Fiscalía de Temuco se refieren a cinco situaciones puntuales que, eventualmente, comprometerían a algunas personas y que, en términos presupuestarios o de tierras comprometidas, representarían un porcentaje ínfimo respecto del total de operaciones abordadas desde el Fondo de Tierras. Ello en ningún caso afecta al conjunto de la institución y a sus funcionarios, y menos cuestionan el innegable aporte realizado en beneficio de las comunidades y personas indígenas. El Consejo manifiesta su voluntad decidida y toda la disposición, en orden a transparentar la gestión de la Conadi y, particularmente, apoyar la investigación actualmente en curso.
2.- Esta investigación de ninguna manera altera o alterará los compromisos que el Gobierno y la propia institución han contraído con las comunidades y organizaciones indígenas del país.
En este sentido, el Consejo reafirma la importancia que la Ley Indígena y sus instrumentos tienen para el desarrollo de nuestros pueblos originarios.
3.- El Consejo hace un llamado a todos los partidos políticos y en especial a sus parlamentarios a actuar con responsabilidad y altura de miras, y a no sacar provecho electoral de una situación que es preocupante para los pueblos indígenas, sus representantes y, particularmente dolorosa para el pueblo mapuche.
De la misma manera solicitamos esperar los resultados de las investigaciones en curso, a objeto de no dañar injustamente la honra de los funcionarios, dirigentes y comunidades, como asimismo la imagen de la Corporación".