Consejeros indígenas pedirán cambios de fondo como única vía para salvar a la entidad, remecida por últimas denuncias de cohecho.
 

En medio de una de sus peores crisis institucionales, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) realizará hoy una decisiva reunión de su máxima instancia, el Consejo Nacional, en la que se abordarán las consecuencias de las supuestas irregularidades detectadas en el Fondo de Tierras y Aguas.

La sesión, que comenzará a las 9 de la mañana en la sede de la Academia Diplomática, en Santiago, también ahondará sobre otros problemas estructurales que afectan a la corporación, dependiente del Ministerio de Planificación.

Los consejeros indígenas de la entidad, por ejemplo, aspiran aprovocar cambios de fondo en la Conadi, de modo que este organismo se convierte de una vez por todas en un referente para los pueblos originarios.

Desgastada en los últimos años por el recurrente conflicto mapuche en el sur del país, la Conadi se vio remecida la semana anterior por denuncias relativas a un eventual cohecho en la compra de terrenos a las comunidades indígenas.

Tres fiscales de la Región de La Araucanía investigan el hecho, al tiempo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anticipó la presentación de una querella en contra de los responsables.

La crisis, desatada por la denuncia de una abogada de la fiscalía de la Conadi, motivó que la ministra de Planificación, Alejandra Krauss, ordenara el inicio de una auditoría extraordinaria y de una reestructuración del organismo en 45 días.

Sin embargo, algunos consejeros indígenas discrepan de la medida, asegurando que el Gobierno no les ha dado participación alguna.

Asimismo, temen que las anunciadas investigaciones "a fondo" terminen disipándose por las influencias políticas que han marcado el trabajo de la corporación en los últimos años.

El caso, según las versiones conocidas hasta ahora, responde al acuerdo que habría existido entre los encargados de comprar terrenos y quienes los vendían, así como los agentes relacionados con la operación, para fijar sobreprecios cuyos excedentes eran luego repartidos entre los involucrados.

Posturas de Consejeros
A la sesión del Consejo Nacional de Conadi deben asistir sus 16 integrantes.

Presidida por el director de la corporación, Edgardo Lienlaf, la instancia está formada por los consejeros indígenas Sandra Berna (etnia atacameña), Alberto Hotus (rapa nui), Hilario Huirilef (mapuche), Carlos Inquiltupa (aimara), Miguel Liguempi (mapuche), José Llancapán (mapuches urbanos), Juan Manquel (mapuche) y José Santos Millao (mapuche).

También participan Isolde Reuque y Antonia Urrejola (designadas por el Presidente Lagos) y los subsecretarios Arturo Barrera (Agricultura), Paulina Saball (Bienes Nacionales), María Eliana Arntz (Secretaría General de Gobierno), Humberto Vega (Planificación) y José Weinstein (Educación).

Aunque los consejeros indígenas planeaban reunirse anoche para preparar una postura común frente al conflicto, es un hecho que entre ellos hay puntos de vista encontrados.

Santos Millao, por ejemplo, considera injusto que se cuestione a los indígenas a partir de las supuestas irregularidades que pudo haber cometido un funcionario.

A su juicio, en casos anteriores donde "realmente ha habido robos o hechos de corrupción" las autoridades no han realizado el despliegue que ahora pone a la Conadi en la mira del CDE, la Contraloría General de la República y Mideplan.

Para José Llancapán, el consejo de Conadi no sólo debe abordar las irregularidades detectadas en el Fondo de Tierras, sino también hechos de violencia como la represión policial a mapuches que ocuparon la Ruta 5 Sur o un confuso baleo en la localidad de Tirúa.

El representante de los mapuches urbanos espera que la reunión de hoy marque el inicio de una nueva etapa, "pues de lo contrario no tiene ningún sentido ser consejero de la Conadi, porque al final uno está como mero adorno (...) Si la corporación no se potencia ahora, es mejor ponerle una lápida de inmediato".

Llancapán piensa que las irregularidades en el Fondo de Tierras responden en gran medida al hecho de que los consejeros hayan sido apartados de la gestión interna, la que se supone deben vigilar.

Con todo, cree inconveniente pedir la renuncia de Lienlaf, porque a su juicio el director debe responder por lo sucedido antes de dejar el cargo.

Hilario Huirilef anticipó que pedirán claridad sobre quiénes son los involucrados en el eventual cohecho, a la vez que una reestructuración global de la Conadi, más allá de la planeada por el Gobierno.

El consejero se mostró preocupado por las consecuencias de la investigación abierta en Temuco, ya que la última semana "pasó en banda", sin que se tramitaran los antecedentes de comunidades que ya habían accedido a un aporte del Fondo de Tierras.

Este problema, agregó, se resolvería en las próximas horas con el reemplazo de los funcionarios que están siendo interrogados por la Justicia.

Huirilef también cree que Edgardo Lienlaf debe seguir como director hasta el fin de las investigaciones.

US$48 Millones en 6 Años
Desde su puesta en marcha, en 1994, el Fondo de Tierras y Aguas ha pagado $29 mil 697 millones (US$48,6 millones) por la adquisición de 38 mil 450 hectáreas, ya sea mediante subsidios o compras directas, para resolver demandas de tierras de personas o comunidades indígenas.

Instituido en la Ley Indígena de 1993, el fondo tiene como misión específica ampliar, proteger y velar por la adecuada explotación de las tierras indígenas.

Este año cuenta con 13 mil 665 millones de pesos para financiar sus diversas líneas de acción, en donde la mayor parte (95%) está destinada a la compra de terrenos.

Actualmente hay 184 comunidades indígenas que están postulando a recursos del Fondo de Tierras y Aguas para solucionar por esa vía sus demandas de tierras.