Lejos de mostrar indicios de solución, el llamado conflicto indígena se torna cada vez más inquietante y fuera del control del Gobierno o de cualquier otra instancia institucional. Es efectivo que los actos de violencia no son organizados ni ejecutados por la totalidad, ni siquiera la mayoría, de los grupos de población que se autodefinen como pertenecientes a las etnias originales prehispánicas, o que son definidas como tales por otros centros de interés político. Y es efectivo que tales actos ilegales son promovidos por grupos minoritarios que tienen vinculaciones bien conocidas con instancias ideológicas nacionales e internacionales, en tanto que vastos sectores de población calificable como indígena se mantienen al margen del conflicto.

Pero es irreal pretender restar gravedad o "dramatismo" a este problema, según lo hacen algunos personeros gubernativos, pues el conflicto se arrastra ya por una década, y sigue un curso de visible agravamiento. Compromete ya a tres regiones del país, afectando severamente la economía y la calidad de vida de toda la población, así como la seguridad y derechos fundamentales de los propietarios atropellados y, por cierto, la normalidad institucional. En efecto, esos grupos que perpetran tomas ilegales, cortes de caminos y destrucción de bienes de toda suerte, y aun atentan contra la integridad física de personas, desconocen expresamente el ordenamiento jurídico chileno, sus tribunales y sus autoridades. Las víctimas de estas anomalías denuncian la ineficacia de la acción policial y judicial, así como la pasividad de los órganos gubernativos. A su vez, voceros oficiales, en un giro sorprendente, han imputado responsabilidad a aquéllas por no entablar acciones judiciales pidiendo los correspondientes desalojos.

El pasado fin de semana, dirigentes de esos grupos se reunieron con amplia publicidad en un predio ocupado en Tirúa, y ratificaron sus acuerdos de 1999, relativos a obtener autonomía territorial y recuperar tierras ancestrales mediante ocupaciones. Añadieron esta vez que buscarán una "alianza con la sociedad civil", pues "ella es quien pone y saca a los gobiernos". En esa búsqueda de alianza, y emulando la "marcha zapatista" en Chiapas, marcharán hasta Concepción, donde realizarán una "cumbre social" en la que, entre otros puntos, solidarizarán con los pehuenches de Alto Biobío y, además, con los indígenas de Chiapas.

Es evidente que el problema indígena no es sólo de orden público, y es infundado imputar semejante diagnóstico a la oposición, como lo han hecho voces gobiernistas. Lo que existe en la zona en conflicto es una extrema pobreza generalizada, que deriva de un mal entendido proteccionismo que impide a los indígenas incorporarse al mundo moderno, al mantenerlos atados a tierras colectivas. Ese problema ha empeorado por la muy errada política indigenista impulsada por la Concertación.

Pero lo que el Gobierno no puede tolerar es que se constituya, de hecho, "un Estado dentro del Estado", según lo afirmó con tanta energía cuando combatió a la ex "Colonia Dignidad". Los principios que entonces sostuvo son los mismos que ahora debería aplicar frente a este problema, que es de magnitud y gravedad nacional incomparablemente mayor. Si no lo hace, bien podrían despertarse o reactivarse otros apetitos, incluso extranjeros, y aflorar otros focos como el que en Isla de Pascua promovió la autonomía total de Chile a comienzos del decenio de 1990, o el que, en estos mismos días, planteó por Internet un "Chiloé Libre".