Ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, dijo que se gestiona préstamo BID por US$133 millones para desarrollo productivo de las comunidades.
 

Patricio Gómez y Arturo Zuñiga

CONCEPCION/TEMUCO (Patricio Gómez y Arturo Zuñiga).- Un requerimiento por la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de diez detenidos en el asalto e incendio de la hacienda Lleu-Lleu, en la comuna de Tirúa, provincia de Arauco, presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad el intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá.

El predio, de propiedad de Osvaldo Carvajal, había sido objeto de cinco atentados incendiarios y saqueo, motivando incluso la designación, el 19 de marzo de 1999, de un ministro en visita por el tribunal de alzada de Concepción.

La acción judicial se produce luego que la mayoría de la comunidad mapuche Pascual Coña, aledaña al predio, había encontrado solución a sus demandas de tierras al adquirir la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena(Conadi) en 430 millones de pesos el fundo El Durazno, de 242 hectáreas, situado 4 kilómetros al sur de Cañete. El predio será entregado a las diez familias que integran la comunidad el día 30 del presente mes.

De esta negociación sólo se había marginado la familia de Avelino Meñaco, que junto a su hijo Luis está siendo procesado por el Juzgado del Crimen de Cañete por su participación en uno de los cinco atentados a la hacienda Lleu-Lleu.

El intendente Tohá dijo que en la acción delictual del viernes resultaron cuatro carabineros lesionados, al ser atacados con hachas, palos y picotas por mapuches y elementos foráneos provenientes desde Santiago y la Región de la Araucanía (IX). Un número similar de manifestantes resultó herido, uno de ellos con un balín de goma en su rostro.

La autoridad regional justificó la actuación policial, que calificó de extraordinariamente prudente en la zona, y señaló que quienes deciden cometer un delito se exponen a esos riesgos.

La petición del gobierno deberá ser vista mañana lunes por el pleno del tribunal de alzada de Concepción. De ser acogida dará lugar a la designación de un ministro o juez especial para conocer del requerimiento.

El intendente Tohá explicó que solicitó a la Corte de Apelaciones que el magistrado designado disponga de una orden amplia de investigar, para así poder conocer otros hechos de violencia similares. Entre ellos, la ocupación e incendio intencional del fundo Los Troncos, de propiedad de Ricardo Carrillo, en el mismo sector de Tirúa, efectuado por las mismas personas con anterioridad al ataque a la hacienda Lleu-Lleu.

Carrillo denunció que él y su familia viven un clima de terror e incertidumbre desde su adquisición de ese predio de 382 hectáreas, en diciembre del año pasado. Este ha sido objeto de cinco incendios intencionales, faenamiento de dos animales, tala de bosques y amenaza de nuevas ocupaciones.

Mapuches Detenidos
Los mapuches detenidos fueron identificados como Segundo Ancalao, Manuel Fren Casanova, Eduardo Meñaco, Juan Ñanquileo, Elías Paillán, Héctor Leuman, José Marihuén, María Llanquileo, Jaime Cona y Héctor Llaitul.

Dos de ellos son profesionales: Elías Paimán, con residencia en Cerro Navia, Santiago, y un segundo no identificado residente en Malleco, IX Región. Asimismo, Manuel Fren está siendo procesado por el Juzgado del Crimen de Lebu, por su presunta participación en un atentado incendiario al campamento forestal de Bosques Arauco en el fundo Cuyinco, comuna de Los Alamos.

Los detenidos son integrantes de la radicalizada Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, cuyo vocero en la provincia de Arauco, José Huanchunao, también procesado, reiteró que emplearán todas las formas de lucha para lograr sus demandas.

Fueron autores de la quema de 2 hectáreas de sementeras o rastrojos de trigo en la reserva de la hacienda Lleu-Lleu, a la vez de iniciar el incendio de un bosque de pinos, que sólo logró ser controlado en la madrugada de ayer. El grupo resistió el desalojo ordenado por la jueza subrogante de Cañete, Verónica Herrera, presente durante la operación.

Ayer en la tarde tres de los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Son ellos Segundo Ancalao, Héctor Llaitul y Eduardo Meñaco. A disposición del Juzgado del Crimen de Cañete quedaron Juan Llanquileo, Manuel Fren, Jaime Cona, Alfredo Leumán, José Marihuén y María Llanquileo. Elías Paimán, reportero de una radio de Santiago, fue dejado en libertad.

El intendente Tohá dijo que están claramente tipificados dos delitos, referente el primero a la provocación de desorden y actos de violencia que alteran la tranquilidad pública, y el segundo a la incitación para la destrucción de instalaciones agrícolas y la obstaculización del acceso a ellas.

Sostuvo que la autoridad será inflexible en la aplicación de todo el peso de la ley a una minoría de mapuches que persisten en el camino de la ruptura y de la violencia, en tanto que la imensa mayoría de las comunidades indígenas se ha pronunciado en favor del diálogo. Tal es el caso de la comunidad Nicolás Calbullanca, que ocupara el fundo Los Troncos tras desechar en dos ocasiones un principio de acuerdo debido a la intervención de elementos foráneos.

En la provincia de Arauco existen más de 200 comunidades mapuches que reclaman la propiedad de 60 mil hectáreas, principalmente en las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo. La mayoría de ellas responde a la moderada Entidad Territorial Lafquenche, que por la vía de la negociación y movilizaciones pacíficas busca resolver sus reivindicaciones.

Lagos Rechaza Dialogar
Con Encapuchados

En la localidad de Queule, en el sector costero de la IX Región, el Presidente Ricardo Lagos señaló su disposición a dialogar con las 50 comunidades en conflicto, pero enfatizó que "no vamos a escuchar a aquellos que están encapuchados".

Indicó que si éstos actúan con el rostro cubierto significa que desean cometer un delito y tienen algo que ocultar. "Pasaron los tiempos que en Chile había que tener el rostro oculto porque no se respetaban los derechos de la gente. ¡Se respetan los derechos de todos! Humildes y poderosos", sostuvo.

Respecto de la actitud de los agricultores, advirtió que en un Estado de derecho el uso de la fuerza corresponde sólo a las instituciones autorizadas para ello.

Ministra de Mideplan
En Temuco, en tanto, la ministra de Planificación y Coordinación (Mideplan), Alejandra Krauss, anunció que en los próximos días viajará a Estados Unidos para acelerar gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un préstamo de 133 millones de dólares destinado al desarrollo productivo de las comunidades mapuches.

La secretaria de Estado, junto al diputado Eugenio Tuma (PPD), se reunió ayer con las comunidades de Trapilhue, Hueñil, Saavedra, Huilquilco y Huenchuñir, que mantenían ocupado el fundo Maquehue de la Universidad de la Frontera (Ufro).

Con ellas acordó un plazo hasta el 5 de marzo para que el Gobierno estudie una fórmula de solución al conflicto. Una primera fase consulta la restitución, por parte de la Ufro, de los terrenos correspondientes al cementerio mapuche, para gradualmente ir después asignando la tierra a cada una de las 200 familias que componen estas comunidades. Su vocero, Javier Melimán, señaló que antes de buscar recursos para el desarrollo productivo está la entrega de tierras a las comunidades.

Organización Mapuche
El diputado Alberto Espina (RN) anunció que mañana lunes agricultores de Collipulli harán entrega al subsecretario del Interior, Jorge Burgos, de antecedentes acerca de la forma de operar e identificación de bandas extremistas organizadas que amenazan a agricultores y comunidades mapuches de la IX Región.

Según esa información, los líderes de estos grupos- que no sobrepasan las 100 personas- tendrían incluso preparación militar en Chiapas, México, y recibirían financiamiento del extranjero.

Espina sostuvo que la situación es repudiada por la mayoría de las comunidades mapuches, por lo que no es conveniente fomentar entre los agricultores acciones que impliquen responder con violencia a sus ataques.

Si bien sostiene que estas conductas constituyen actos terroristas, valoró la decisión del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y rechazó la opinión de quienes han solicitado convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Los diputados socialistas Alejandro Navarro y Sergio Aguiló, aunque coincidieron con Espina al criticar la actitud de quienes llaman a los agricultores agredidos a ejercer la autodefensa, acusaron al diputado opositor de "utilizar electoralmente a los mapuches".

Aguiló negó la existencia de grupos extremistas en la Región de la Araucanía e indicó que la intención de algunos empresarios opositores es exacerbar el conflicto mapuche para así aumentar el precio de los terrenos, de decidirse su compra por Conadi para su entrega a las comunidades.