• Equivocan el camino quienes para colocar sus demandas en la agenda pública, recurren a actos de violencia que vulneran las bases del estado de derecho imperante en el país.

Cabe recordar que en los últimos años ha crecido la violencia de parte de algunos sectores indígenas, quienes reclaman tierras que suponen ancestrales, ocupan predios agrícolas y forestales, incendian casas, bodegas, maquinarias y camiones dedicados a labores productivas, queman bosques y enfrentan a las fuerzas policiales cuando éstas intentan restablecer el imperio del derecho y hacer respetar la ley. El tema de los pueblos originarios ciertamente ha sido preocupación recurrente del Estado chileno, especialmente en los últimos gobiernos, habiéndose establecido mecanismos de ayuda para el desarrollo y progreso de éstos, las que han incluido la adquisición de tierras que luego han sido entregadas a comunidades indígenas. Sin embargo, algunos grupos han procedido a utilizar la fuerza y la violencia para ''recuperar'' tierras ancestrales, derivándose numerosas acciones delictivas, como la ocupación ilegal de predios, incendios provocados, ataques a trabajadores y destrucción de equipos y medios de transporte pertenecientes a empresas forestales y agrícolas.

Por lo mismo, tanto empresarios como el mismo gobierno han debido recurrir a los tribunales de justicia para la defensa de los derechos conculcados y exigir la aplicación de la ley en los casos en que se han cometido delitos. En estos últimos días, y en forma paralela a una reunión de trabajo de la ministra de Mideplan con dirigentes mapuches en Temuco, otros sectores bloquearon la carretera en las cercanías de Ercilla y nueve comunidades huilliches ocuparon predios particulares en Villarrica. Este ambiente por supuesto no favorece ni el diálogo entre autoridades y comunidades indígenas. Los hechos de violencia en que resultaron heridos mapuches y efectivos de Investigaciones parece por lo mismo otra etapa más de lo que podría interpretarse como un rechazo al estado de derecho, por lo que tanto los tribunales de justicia como las autoridades de gobierno deben proceder aplicando estrictamente la legislación vigente para garantizar a todos los habitantes el ejercicio libre de sus derechos y libertades.