Movilizaciones indígenas

martes 13 de febrero de 2001

Es altamente preocupante, tanto desde el punto de vista económico como social, la mantención de un conflicto que no muestra señales de avanzar hacia una solución integral y definitiva.

Empresarios agrícolas y forestales han señalado recientemente que a raíz de las movilizaciones y de los actos violentos que se han venido sucediendo en las zonas en que existen grupos indígenas organizados, especialmente en la Región de La Araucanía, las tierras han perdido entre el 20 y el 40 por ciento de su valor comercial, han bajado las tasaciones hipotecarias y las compañías de seguros ponen mayores requisitos para suscribirlos debido a las altas sumas que han debido pagar por los incendios de bosques y las talas ilegales. Esta es otra cara del conflicto indígena que se ha manifestado con especial fuerza en los últimos meses, incluyendo ataques a personas con armas de fuego, destrucción de equipos y maquinarias, quema de bosques, ocupación ilegal de terrenos y tala de árboles que tienen legítimos propietarios.

Lo anterior es especialmente grave si se piensa que precisamente el mayor problema de los sectores mapuches es la pobreza, la falta de recursos para trabajar y la baja productividad de las tierras. Cualquier fórmula de solución pasa necesariamente por hacer posible que los indígenas sean capaces de producir, ya se trate de predios agrícolas, ganaderos o forestales; ya que su integración a la vida económica es la base de su propia sustentabilidad. Ello también implica que paralelamente deben obtener apoyo en materia educativa, en salud y vivienda, así como otros beneficios sociales; pero la tarea fundamental es erradicar la extrema pobreza, que es la fuente del subdesarrollo y de su dificultad para integrarse al resto de la sociedad. Para ello requieren de la ayuda del Estado, ya sea a través de la Conadi, del Indap o de otros organismos.

Pero de muy poco valdrá tal contribución estatal si las tierras propias o a las que accedan en el futuro están fuertemente depreciadas y por lo mismo al margen de la vida económica y de la posibilidad de la obtención de créditos o del acceso a capitales, equipamientos, semillas y otros insumos propios de la actividad productiva. De ahí, entonces, que sea indispensable que en esas zonas se garantice el estado de derecho y se respete íntegramente el ordenamiento jurídico, ya que sólo restableciendo la paz social y la seguridad pública será posible el desarrollo económico. Así, las tierras adquirirán su verdadero valor y tanto los mismos propietarios mapuches como el resto de los agricultores y empresarios forestales podrán producir los bienes que permitirán su progreso y desarrollo. Esta es la tarea de las instituciones del Estado, las que prioritariamente deben velar porque en esas zonas conflictivas regrese el clima pacífico que hace posible el trabajo productivo y que todos tengan acceso al apoyo que los organismos especializados pueden otorgar para lograr una verdadera mejoría en la calidad de vida de los mismos indígenas.