• Orgulloso de su sangre, este abogado pertenece a los casi 200 mil indígenas de la región. ''Los censos no son fidedignos. Muchos hermanos temen a la discriminación que implica reconocer ser mapuche'', asegura.

Las estadísticas oficiales señalan que los mapuches rurales de la región ascienden a 21 mil 609 personas agrupados en 141 comunidades de Santa Bárbara, Mulchén, Lebu, Arauco, Los Alamos, Contulmo Tirúa y, especialmente, Cañete.

Pese a que es un número importante, son bastante más los cerca de 180 mil indígenas que habitan en las ciudades de las cuatro provincias. ''Nosotros somos gente que se ha tenido que alejar de la comunidad, porque con el crecimiento de las familias no nos queda tierra donde generar riqueza'', explicó el abogado Juan Lincopi, un mapuche por décadas radicado en Concepción, pero que vibra con igual intensidad con las demandas efectuadas por sus ''hermanos'' comuneros.

''Lamentablemente sufrimos una enorme discriminación. Llegamos a ocupar el último escalafón de la sociedad, la gran mayoría está cesante y quienes no lo están, se emplean en trabajos mal remuneados. Poco a poco, gracias a mejores niveles educacionales, algunos están alcanzando estándares similares a los del resto de los chilenos'', agregó el abogado.

Asegura que el nexo a nivel urbano nunca se ha perdido, que sus movilizaciones no apuntan al encadenamiento o las medidas de fuerza, pero sí a publicitar la realidad de su pueblo y sensibilizar al resto de la población sobre las precariedades en que viven sus hermanos de sangre.

''La usurpación de nuestras tierras y los abusos a los que nos ha sometido el Estado son históricos'', señaló este mapuche, mostrando documentos como la cuenta pública de 1869, donde queda constancia de la cantidad de dinero ingresada a las arcas fiscales por las ventas de animales mayores y menores quitados a los indios (13 mil 263 pesos).

En medio de una amplia biblioteca, el profesional saca planos y muestra cómo, en 1903, el gobierno de la época decidió en Santiago el remate de terrenos entre la provincia de Arauco y el río Toltén. Estos fueron adquiridos por familias hoy pertenecientes a los principales grupos económicos del país, según consta en documentos públicos.

''El Estado, pese a sus discursos, sigue avalando la usurpación. El ejemplo más claro es Ralco, donde los pehuenches fueron despojados de sus tierras, pese a tener su título de merced. En países como Australia o Canadá, cuando hay una posibilidad de negocio en un terreno indígena, el Estado se convierte en su socio y las ganancias son en un 50% para cada parte. Así debería ocurrir en Chile'', añadió.

''Creo que el problema mapuche nunca se va a solucionar mientras no tengamos autonomía para desarrollar nuestros propios proyectos ni estemos al amparo de un organismo estatal movido por motivaciones políticas. Debemos estar representados por un ente creado por nosotros mismos, no por un organismo paternalista como la Conadi'', concluyó Lincopi.