• Es necesario focalizar adecuadamente los fondos destinados a mejorar, vía programas concretos e integrales, la calidad de vida de las minorías étnicas que existen en el país.

Por cierto, hay que reconocer que existen sectores radicales cuyos objetivos no son precisamente el desarrollo y progreso de los grupos indígenas a quienes pretenden representar. Las declaraciones recientes de un dirigente mapuche sobre una supuesta ''autonomía'' territorial y política apunta directamente a un quiebre del estado de derecho y de la institucionalidad política. Los asaltos, ataques y la violencia deben ser enfrentados con el máximo rigor de la legislación vigente, aplicándose tanto la Ley de Seguridad del Estado o la Ley Antiterrorista, según sea el caso y los méritos. Pero, si bien ello debe hacerse para que exista el debido respeto a las normas constitucionales y legales y se proteja efectivamente la seguridad pública y la paz, simultáneamente corresponde desarrollar programas que permitan a estos chilenos salir de su estado de marginación económica y social.

La preocupación del gobierno debe centrarse en el desarrollo productivo de las comunidades indígenas, en mejorar la educación y las formas culturales y en facilitar el acceso a la vivienda y la salud. Para así asegurar a quienes hoy viven en la marginalidad que son tan chilenos como el resto de los habitantes del país y que su futuro depende de ellos mismos y de su capacidad para progresar. Precisamente, los recursos que aportará el BID deberán destinarse a los programas señalados con el único objetivo de superar la pobreza, de dotar en forma adecuada a las escuelas, de capacitar a los adultos para tareas productivas y para terminar con situaciones de marginalidad que son explotadas por los que hoy asumen una supuesta defensa étnica, pero que en el fondo lo que intentan es crear un clima de violencia para fines políticos que ponen en riesgo la seguridad del Estado.