Burgos dijo que el gobierno enfrenta con las armas del Estado de Derecho todas las situaciones que implican alteraciones al orden o delitos. Puso como ejemplo el requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad, que debe resolver al juez a cargo del proceso. Señaló que persiste la estrategia oficial en el tema y que en días pasados hubo situaciones más complejas de alteración de orden público en la zona.
La autoridad aseguró que el Ejecutivo y las policías no tienen antecedentes de participación de extranjeros en delitos, en especial en la Novena Región, donde, no obstante, reconoció que hay presencia de extranjeros. Agregó que por la información de que dispone y sin perjuicio de respetar la autonomía del Ministerio Público para decidir, es falso que el fiscal de la IX Región haya impartido 20 órdenes de detención. Dijo que personas procesadas antes por delitos figuran entre los detenidos por el requerimiento en la VIII Región.
Respecto a versiones de que los activistas no están conformes con la entrega de tierras y que promoverían un levantamiento en la zona mapuche, Jorge Burgos afirmó que el gobierno tiene antecedentes y es público que ''hay grupos muy pequeños que hablan de autonomía de propiedad, de autonomía territorial. Por cierto, que hay muchos grupos que reivindican eso, pero entre ello y lo que puedan lograr hay un trecho muy importante''.
Dijo que los atentados a personas, quemas y ocupaciones ilegales de tierras son delitos graves, han sido denunciados, y deben ser analizados por la justicia según las normas de un Estado de Derecho.
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