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Tribunales
ordenan a pehuenches desocupar predios
CONCEPCION.- El Juzgado del Crimen de Santa Bárbara dio plazo hasta mañana martes para que las comunidades pehuenches que ocupan un fundo de 8 mil hectáreas en Alto del Biobío lo desalojen.
Pedro Esquerré, propietario del predio, denunció lo que calificó como escaso interés demostrado por el Gobierno para hacer respetar el Estado de Derecho y la propiedad privada. Advirtió que de no lograr la recuperación de su propiedad por la vía jurídica lo hará personalmente por sus propios medios. Señaló que tras un mes de ocupación, los perjuicios económicos superan los $7 millones, a causa del robo de madera, animales y destrucción de instalaciones.
Indicó que los indígenas mantienen bloqueados los accesos y todo diálogo con las comunidades, lideradas por el lonco Ramón Naupa, ha sido infructuoso, debido a la intervención de agitadores ajenos, como el vocero del Consejo de Todas las Tierras, José Naín.
Esquerré señaló estar dispuesto a vender su fundo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dada la imposibilidad de continuar su explotación bajo las actuales condiciones, con continuas ocupaciones y amenazas. El predio se ubica en el Cajón del Queuco, 70 kilómetros al sur de Santa Bárbara, provincia de Biobío.
El agricultor sostuvo que su situación económica se ha tornado crítica, al no poder explotar la madera y el ganado en el período más favorable, ya que la llegada del invierno dificulta estas faenas en el sector cordillerano.
RETIRO VOLUNTARIO
Esquerré dijo esperar que el retiro voluntario de los ocupantes de su fundo ocurra antes del mañana. De lo contrario, éstos deberán ser desalojados por la fuerza pública, con acuerdo a la orden que emita el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, en el marco de las acciones legales interpuestas para recuperar su propiedad. "Soy un agricultor, y en vez de estar explotando mi fundo tengo que andar litigando en los tribunales y en mesas de diálogo, que a nada conducen", enfatizó.
Demandó del Gobierno una actitud firme ante estas acciones ilegales, que afectan a muchos agricultores de Alto del Biobío, y la vulneración tan evidente del derecho de propiedad consagrado en la Constitución.
Un conflicto similar existe en la comuna de Antuco, en la misma provincia, donde comunidades pehuenches mantienen ocupado parte de un fundo de 23 mil hectáreas, donde dese hace varios años reside de facto un grupo de colonos.
Comunidades pehuenches de Malla Malla y Trapa Trapa han también ocupado veranadas en otros fundos, aduciendo derechos ancestrales sobre ellas. Sin embargo, no existe ninguna reclamación legal por parte de los indígenas, aunque sí demandas de sus propietarios en tribunales de Los Angeles y Santa Bárbara, para lograr su desalojo.