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Año LXXXV -Nro. 30.733 - Domingo 11 de marzo de 2001

Diputado García Ruminot sale al paso de declaraciones de Huilcamán



Según el parlamentario de RN por la región de la Araucanía, lo que el dirigente Aucán Huilcamán hace aparecer como obligaciones del Estado de Chile sólo corresponde a las pretensiones del mismo dirigente mapuche.

El diputado de Renovación Nacional José García Ruminot informó -luego de sostener una conversación con la canciller Soledad Alvear- que aún no existe un acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Organización Mapuche "Consejo de Todas las Tierras", en el contexto de la denuncia presentada por esta última agrupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado de Chile.

García Ruminot señaló que la canciller Soledad Alvear le manifestó que "La verdadera situación procesal en la que nos encontramos es que las partes involucradas tienen 90 días, a partir del 2 de marzo, para intentar llegar a una solución amistosa, en el contexto de una agenda abierta. Por lo tanto, lo que ha dado a conocer el dirigente Aucán Huilcamán como obligaciones del Estado de Chile no es efectivo, sino que corresponde a las pretensiones del dirigente mapuche".

DETALLES

El diputado manifestó que con fecha 27 de noviembre de 1997, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, notificó al Estado de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la denuncia presentada por la Organización Mapuche "Consejo de Todas Las Tierras".

En su presentación la Organización señala que el ministro del Interior de la época, Enrique Krauss, presentó un requerimiento judicial en contra de dirigentes mapuches de la Novena Región del país, a raíz de la usurpación de tierras por parte de comunidades indígenas.

Las acciones judiciales, iniciadas por el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional de la Novena Región, dieron lugar a la causa Rol Nº 24.866, del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco, que fue substanciada por el ministro Antonio Castro Gutiérrez, designado por la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco. El proceso se siguió contra 144 mapuches, por los delitos de usurpación de tierras, asociación ilícita, hurto de animales, lesiones, entre otros. La sentencia condenatoria de primera instancia fue confirmada por esta Corte de Apelaciones.

"La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en ambas sentencias constan irregularidades procesales que afectan gravemente a los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Chile es Estado parte desde 1990", explica el diputado José García Ruminot, quién agregó que el Estado de Chile dio respuesta a la denuncia el mismo año 1997, señalando que no existieron violaciones a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que los afectados fueron detenidos y procesados por una orden emanada de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de que también fueron oídos por un Tribunal competente, previamente establecido por Ley, independiente e imparcial.

RESPETO A LA LEGALIDAD

El parlamentario manifestó que esperaba que los criterios se mantengan y que no se siente el funesto precedente que personas condenadas por tribunales chilenos competentes, por la vía de recurrir a organismos internacionales, resulten premiados luego de haber sido sancionados por delitos graves.

Agregó que si la solución amistosa a la que se ha comprometido el Gobierno de Chile no se logra, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide elevar la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile debe defender, con fuerza y convicción, el fallo de sus Tribunales, ya que de manera contraria se vulnera todo el sistema jurídico y el respeto al Estado de Derecho.


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