OPINIóN
EDITORIAL
07 de Marzo de 1999 |
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Problema
indígena
El Gobierno ha comprendido finalmente que las negociaciones, por su enorme amplitud y contenido, no pueden continuar en manos de intendentes y gobernadores carentes de autoridad y medios para resolver el incordio.
En nuestro país, como en otros donde existen etnias nativas y minoritarias, éstas sufren la marginalidad en diferentes grados y niveles. En Chile, ella se da en todo su espectro, aunque se agudiza en lo económico, insertando a la mayoría de esos sectores en la extrema pobreza. Esto, a lo menos en cuanto a los mapuches, el pueblo aborigen del país más estrechamente vinculado a su historia y territorio. Sus dificultades son agudas. Se relacionan de preferencia con las tierras, por lo general escasas y de mala calidad, que poseen y con otras que intentan reivindicar como ancestralmente propias y en las cuales sus actuales dueños explotan los recursos forestales allí existentes. Además,se refieren a sus casi nulas posibilidades de educación y capacitación de buena calidad, indispensables para superar su condición de pobreza. Y también a un régimen de propiedad que les impide disponer libremente de sus predios e incluso gravarlos como garantía de créditos que les ayuden a trabajarlos satisfactoriamente. Pero esos no son todos los problemas de los mapuches. Deben añadirse otros tan importantes como los de discriminación social, salud, vivienda,accesos a sus tierras, deterioro y depredación de su medioambiente, etc. No debería parecer extraño, entonces, que ante tal cúmulo de carencias,hoy estén prácticamente en pie de guerra y sean protagonistas de incidentes cada vez más serios. Tampoco debería llamar a sorpresa que sus demandas puedan ser instrumentalizadas políticamente y servir intereses espurios. En ese escenario han surgido voces de alerta, como las del senador por la IX Región de la Araucanía, Roberto Muñoz Barra, quien ha advertido sobre un eventual levantamiento indígena, del cual hemos tenido demostraciones en las últimas horas. Todo aconseja escuchar opiniones como la expuesta, ya que al margen de cualquier viso de alarmismo, lo concreto es que en el sur del país los indígenas han asumido una posición beligerante que crece a diario. Ante esa realidad, procede recurrir a los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico franquea para hacer respetar el estado de derecho,y en especial la seguridad personal y patrimonial de quienes pueden ser objeto de ataques físicos de los mapuches o de los guardias de las empresas forestales sobre los cuales pesan acusaciones de agresión y porte no autorizado de armas de fuego. Sin embargo, la represión, por legítima y necesaria que sea en lo inmediato, no resolverá problemas que se arrastran por siglos y que,junto con agraviar a un sector de chilenos, avergüenzan a toda la nación. Ha llegado la hora de convenir fórmulas idóneas para poner atajo a los desbordes y peligros actuales, dentro de parámetros éticos que permitan poner justicia donde no la hay. En consecuencia, nada aconseja entrabar el diálogo sobre esta materia que debería iniciarse el lunes próximo entre los mapuches, las madereras envueltas en el conflicto y el Ejecutivo. Más aún cuando el Gobierno ha comprendido finalmente que las negociaciones, por su enorme amplitud y contenido, no pueden continuar en manos de intendentes y gobernadores carentes de autoridad y medios para resolver el incordio. Sólo así se podrán lograr acuerdos que impidan el agravamiento de las cosas y que se empeore la ya muy precaria situación de un pueblo que ha sido víctima de innumerables abusos ajenos e incontables errores propios.
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