Por José Zalaquett.

Paula Afani, reportera de este diario, fue objeto de una orden de arresto por no revelar las fuentes de una serie de informaciones sobre la Operación Océano. Una vez más se da en nuestro país una inaceptable restricción a la libertad de prensa. El problema, bien lo sabemos, no es puntual, sino endémico. Es parte de nuestra cultura -o más bien incultura- cívica.

 Un reciente estudio demostró que, en materia de libertad de expresión, Chile se encuentra por debajo de los estándares exigidos internacionalmente a cualquier país que quiera considerarse plenamente democrático. Esta situación se arrastra desde mucho antes del gobierno militar, se agudizó al extremo durante ese período y continúa penándonos hasta ahora.

 En estas materias el mundo civilizado entiende las cosas de manera categóricamente clara: no hay verdadera democracia sin un sistema efectivo de protección de las libertades públicas; la libertad democrática por excelencia es la de expresión; a su vez, la piedra angular de tal libertad es una prensa libre; y no es posible hablar de prensa libre sin un amplio acceso a información pública y un derecho general de los periodistas a no revelar sus fuentes de información.

 Es cierto que la libertad de expresión no es absoluta. Su ejercicio debe conciliarse con los derechos de los demás y con ciertos intereses sociales generales, como la seguridad nacional, el orden público y la salud y la moral públicas. El punto crucial es que las restricciones a la libertad de expresión no pueden imponerse con manga ancha. Por el contrario, sólo cabe aplicarlas cuando no hay otro medio para amparar dichos derechos o intereses y, aún así, en la medida estrictamente necesaria para protegerlos.

 En Chile hay leyes que provienen de una larga tradición de autoritarismo y que parecen permitir restricciones excesivas a la libertad de expresión. Nuestros jueces y otros órganos del Estado tienden a asumir que deben cumplir con dichas leyes sin más ni más. Sin embargo, olvidan que también forman parte de nuestra legislación, y con un rango especial, los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado.

 Dichos tratados, tal como son unánimemente interpretados por juristas y tribunales internacionales, ponen el énfasis en la libertad de expresión antes que en sus restricciones.

 El deber de nuestros jueces y otras autoridades de respetar la legislación chilena incluye la obligación de tomar en cuenta esos tratados. De lo contrario, seguiremos siendo blanco de las críticas de la comunidad internacional. Y seguiremos asombrándonos de la supuesta incomprensión del mundo civilizado, en lugar de esforzarnos por entender a fondo las bases libertarias de la civilización.