Problemas de sobrepoblación y falta de recursos atentan contra el normal funcionamiento de los nueve centros ubicados a lo largo del país.
 

Eduardo Rossel 

De las 16 personas que estaban concebidas originalmente para ser albergadas en el hogar de Santiago, actualmente lo habitan más de 30 estudiantes de origen indígena.  (Foto: Claudio Santana)

 En Chile existen nueve hogares de este tipo: uno en Iquique, uno en Santiago, tres en Concepción, tres en Temuco y uno en Punta Arenas. Aunque la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) beca o subsidia a alrededor de 300 jóvenes indígenas, no se sabe con exactitud cuántos son los estudiantes que viven en estos recintos. Por ejemplo, el de Santiago, ubicado en Suecia con Bilbao, originalmente estaba concebido para 16 personas, pero se adaptó para albergar a 25 y en realidad lo habitan más de 30. "Constantemente llegan peñis (hermanos) buscando refugio y se quedan un mes o dos hasta que encuentran otro lugar. Algunos se van a las hospederías del Hogar de Cristo. En Santiago debemos ser unos 100 los que necesitamos un lugar donde vivir para poder estudiar", dice Adán Cheuquepil, dirigente del lugar y alumno de periodismo.

 El viernes pasado, los mismos estudiantes se tomaron en forma indefinida el local, desalojando a las dos personas encargadas de la administración, en el marco de las protestas que también involucraron el intento de toma de la sede de la Conadi.

 En Temuco, el hogar de calle Las Encina es para 70 personas, pero lo habitan al menos 110. Entre ellos hay familias, niños pequeños y adultos que no son estudiantes, según afirma la jefa del área educación y cultura de la Conadi, Ruth Pino. "No sabemos la cifra exacta, porque los estudiantes lo declararon 'territorio libré y nuestras asistentes sociales no pueden ingresar", indicó.

 La funcionaria señaló que el actual presupuesto para mantener los hogares -de acuerdo con la cantidad original de estudiantes para la que fueron creados- es de 160 millones de pesos, pero reconoció que "tenemos un déficit de 18 millones para llegar a diciembre". Agregó que "sabemos que la demanda es más grande, pero no existe un estudio que nos permita cuantificar la demanda real".

 Debido al déficit presupuestario, al albergue de Las Encinas le cortaron los suministros básicos el mes pasado, lo que llevó a los estudiantes a tomarse la sede de la Conadi en Temuco. Pedro Cayuqueo, ex presidente del hogar, recordó que "las autoridades regionales se comprometieron a formar una mesa de diálogo, pero después la suspendieron por los temporales. Si no hay pronto una reunión iniciaremos las movilizaciones".
 
 

RAíZ DEL PROBLEMA

 Cayuqueo se opone a esas medidas, ya que considera que "hay represión" en los hogares que aún administra la Conadi, argumentando, a modo de ejemplo, que "expulsaron a un peñi por poner un afiche exigiendo libertad para Víctor Ancalaf (dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco encarcelado en Temuco)".

 Por su parte, Adán Cheuquepil afirma que "el problema no es económico, es político" y asegura que "la Conadi estigmatizó los hogares como 'caldo de cultivó para las organizaciones mapuches más radicalizadas. Quieren terminarlos porque de lugares como éstos surgieron Adolfo Millabur (alcalde de Tirúa), Aucán Huilcamán (líder del Consejo de Todas las Tierras), José Huenchunao, Víctor Ancalaf y Julio Marileo (dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco)".

 Precisamente, la Coordinadora Arauco Malleco -uno de los brazos más radicales del movimiento indígena- fue creada en Tranaquepe, en febrero de 1998, por dos organizaciones de Santiago, un hogar indígena de Temuco, otro de Concepción y miembros de seis comunidades de la zona.

 Según Pedro Cayuqueo, para las autoridades de la Conadi "nuestra solidaridad y trabajos voluntarios en las comunidades es una labor subversiva" y afirma que la entidad "quiere aplicar el programa residencia estudiantil, consistente en otorgar 80 mil pesos mensuales a cada estudiante para una pensión individual, y terminar con los hogares". Sin embargo, Pino explica que el programa residencia estudiantil es sólo una de las líneas de apoyo y que no pretenden terminar con los hogares. "El Estado no puede ser tan coercitivo en cuanto a la opinión política de cada uno, el problema es que ellos (los estudiantes) quieren la autonomía, pero que también los mantengan; eso es una contradicción".