Mapuches intensifican reclamos por las tierras

Lunes 16 de octubre de 2000

Organizaciones mapuches preparan numerosos reclamos para presentar al gobierno rionegrino. Exigen la urgente solución a la disputa por tierras. Ya presentaron graves denuncias.

VIEDMA (AV)- Numerosos y urgentes reclamos hacia el gobierno provincial por disputas territoriales tienen en carpeta las organizaciones mapuches agrupadas en el Consejo Asesor Indígena (CAI).
La urgencia hecha conocer al hasta ahora interlocutor válido -la Dirección de Tierras- viene a consecuencia de que en la mayoría de los casos, los dueños de los predios son ancianos mapuches, quienes mueren sin haber visto logrados sus sueños de tener los papeles al día.
En un documento presentado al gobierno, los aborígenes denuncian que se aprovecha la precariedad tanto económica como educativa de las personas para quitarle lo poco que tienen.
A esto le suman la avidez por tierras en el bosque Andino-Patagónico, en el que innumerables inversores "tienen intenciones claras de quedarse, utilizando numerosos mecanismos de coacción y ofreciendo mejoras para que vayan a engrosar la periferia de las ciudades".
Los planteos puntuales hechos a la Dirección de Tierras se centralizan en un caso registrado en la costa de Bahía Creek, donde está enclavada la Comunidad Mapuche de Las Aguadas, donde vivía un paisano llamado Rogelio Pazos, quien antes de morir denunció penalmente a un vecino que le corría los alambrados.
Allí, el CAI denunció el caso de dos abuelas mapuches Perfectti y Nanconao, quienes en 1994 cedieron los derechos y mejoras sobre su campo en favor de Adolfo Paesani. Las ancianas nunca abandonaron su posesión y como están viviendo en un estado de completo abandono, la organización le está reconstruyendo la vivienda y presentó un solicitud de nulidad del acto de sesión.
También los Ñanculeo hicieron una cesión similar, por lo tanto se solicitó insistentemente que se revean estas operaciones efectuadas sin tomar en cuenta lo normado por la ley de tierras 279 ni las pautas que se dictaron mediante decreto para adjudicación en venta.
En el paraje Laguna Blanca -agrega el documento- un poblador de apellido Zapata está a punto de ser desalojado del campo en el que vivió siempre, por una persona de apellido Bleuver, quien -según señalaron- "tiene mejor posición económica y contactos políticos". El CAI afirmó que se está a punto de producir una "tamaña injusticia", y si bien Zapata se presentó por medio de una apoderada para interiorizarse de su situación "no recibió respuestas por parte de Tierras".
Para el CAI, no habrá renunciamientos en el caso de la Comunidad Leufuche, que está ubicada en Paso Córdoba, en cercanías de Roca. El principal argumento es que fue declarada área protegida por el municipio de Roca pero la pelea es contra la propia comunidad que a su juicio busca entregar el territorio a la empresa vitivinícola mendocina Escorihuela. La organización indicó que "la comunidad está en condiciones de no claudicar sus derechos y recurrirá a todas las instancias para poder salvaguardar su territorio".
En el paraje Fitamiche Abajo, las familias Cañupan y Rojas denunciaron a un estanciero que lleva a pastar sus vacunos invadiendo campos.
El CAI señaló que la dirección de Tierras nunca reconoció al productor Toledo como ocupante, sin embargo responsabilizó a funcionarios del organismo de haber permitido el deslinde del campo en favor del ganadero.
Al respecto, reveló que "lo único que hizo Tierras fue pedirle el desalojo a Toledo emitiendo un radiograma que no tiene ningún sustento jurídico en razón de que se omitieron pasos administrativos importantes".
Junto con el Consejo de Desarrollo de Comunidad Indígenas (Codeci), el CAI destacó que "se logró que, después de cinco meses, pasen las actuaciones a la Fiscalía de Estado, para que inicie juicio contra la firma Fitalancao a fin de que deje de usurpar las tierras de la familia Saavedra, de la Comunidad Ancalao".

Por los antepasados

VIEDMA (AV).- El parlamento rionegrino aprobó recientemente proyectos que autorizan al gobierno provincial donar tierras fiscales para cementerio indígena, y a devolver a las comunidades aborígenes los restos mortales que integren colecciones públicas y privadas.
El autor de la primer iniciativa, Eduardo Chironi, fundamentó que el espíritu es concretar un acto de reconocimiento concreto a quienes han sido pueblos originados en Río Negro.
Por su parte, María de Costa (PJ) trajo a referencia el trabajo previo a la sanción de la Ley del Indígena de Río Negro y el traslado de la comunidad de Pilquiniyeu del Limay, aunque "a pesar del trabajo de antropólogos, se omitió algo tan importante como determinar el lugar del cementerio".
En cuanto a la devolución de restos mortales, Guillermo Grosvald (MPP), puso como ejemplo el tratamiento dado al cacique Inacayal, que fueron devueltos del Museo de Ciencias de la Plata a su comunidad en Tecka (Chubut) donde existe el monumento a sus restos.