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Y dijeron basta. Claro, porque son siglos de represión y explotación, de abyecta discriminación y marginalidad. Dijeron basta los mapuches, porque la pobreza les carcome los huesos, les mancilla el espíritu y les oscurece la sonrisa. Dijeron basta en Temulemu, Didaico y Pantano, porque allí las empresas forestales les están robando su territorio, protegidas por guardias armados y carabineros que no velan por la seguridad ciudadana, sino por los intereses de empresas madereras transnacionales. Ellas plantan y talan bosques a destajo, arrasando con el ecosistema y con una cultura milenaria que no están interesadas en conocer, pues para ellas los indígenas son absolutamente prescindibles, desechables. Son, a fin de cuentas, tan sólo indios. Como sus abuelos que supieron de invasión y muerte, de alas de choroy y guanacos aterrados, de amantes furtivos en medio de la injusta guerra. Es que nadie tenía derecho a usurpar su tierra, a beber de sus ríos y guarecerse de sus vientos antiguos, como lo hacen hoy las forestales, gigantes inmisericordes que actúan al amparo de leyes acerca de las cuales nadie consultó a los mapuches. Así actúa el huinka, con palabras vacías cuando se trata de engañar o pletóricas de odio racial cuando se trata de herir. Y en Temulemu hirieron con rabia, golpeando a hombres, mujeres y niños, arrasando con humildes viviendas y robando especies para demostrar la superioridad policíaca. La tortura y el terror se expandieron también por Chorrillos cuando reprimieron con balines, bombas lacrimógenas y palos por osar desafiar el poderío de las forestales. Hubo detenidos y heridos, torturados y humillados. No respetaron niños o ancianas, golpeando brutalmente, incluso, a una machi, viva representante de la organización social mapuche.
Es la "democradura" en acción, la cobardía de aquellos que defienden a un dictador asesino y poco o nada hacen por los pueblos originarios. Entonces, estos no tienen más opción que movilizarse para hacerse respetar como seres humanos. Depositarios de valores elementales como la libertad, la solidaridad y la dignidad, el pueblo mapuche resolvió hacer oír su voz, y lo hizo organizada y solidariamente. Diferentes comunidades en Traiguén, Collipulli, Lumako, Los Alamos, entre otras, iniciaron un proceso de recuperación de tierras que históricamente les pertenecen. El gobierno dudó en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado -como lo había hecho anteriormente en relación a los eventos de Lumako a fines de 1997- consciente, sin duda, del fracaso de su política confrontacional hacia los mapuches. No obstante, reprimió violentamente a los que estaban en el fundo Santa Rosa de Colpi, Temulemu, cuando carabineros incautaron un banco aserradero que los mapuches habían instalado en el predio para faenar los árboles talados. Lo mismo hizo en el fundo Chorrillos, propiedad de la Forestal Mininco. Por otra parte y ante claros indicios de que las comunidades en conflicto no depondrán su actitud de lucha y movilización, a pesar de la violencia estatal, el gobierno realizó un llamado a la calma para, posteriormente, establecer una mesa de diálogo entre los empresarios forestales, dirigentes de las comunidades en conflicto y representantes del gobierno ¿Constituye esto una voluntad política real de darle solución al problema mapuche o simplemente una táctica dilatoria para evaluar la situación y, eventualmente, desgastar al movimiento mapuche?
La experiencia indica que se trata de la segunda variante, especialmente si se considera que el gobierno intenta dividir al movimiento mapuche descalificando el accionar de algunos dirigentes y aceptando dialogar con otros. Tales tácticas no son nuevas, pero adquieren una nueva dimensión en momentos que el pueblo mapuche -gracias a su digna lucha- logra hacerse escuchar. Las autoridades enfatizan que sólo conversarán con los "verdaderos" dirigentes y lonkos de las comunidades directamente afectadas por conflictos de tierras. Con nadie más, porque no aceptarán ni a "violentistas" ni a dirigentes de otras comunidades que solidarizan con sus hermanos en lucha. La posición del gobierno apunta, indudablemente, a establecer diferencias entre los mapuches aglutinados básicamente en la Coordinadora de Comunidades en conflicto de Arauco y Malleco y, aquellos organizados en torno a la Asociación Comunal Ñankucheu de Lumako y el Consejo de Todas las Tierras. Es la misma diferenciación que hacen los empresarios madereros, acotando que los primeros buscarían la confrontación con el Estado, adquiriendo la lucha un carácter global. Los segundos, en cambio, estarían por negociar algunos aspectos de los conflictos con representantes del gobierno, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y las empresas forestales. No obstante el problema es mucho más complejo, el énfasis debe trasladarse desde el movimiento mapuche -rico y multifacético- hacia la causal de todos sus problemas: el racismo de las clases dominantes, ayer y hoy. El acento debe ponerse siempre en el enemigo, sea que éste porte alabardas y arcabuces como en el pasado, o modernas tanquetas y bombas lacrimógenas como en la actualidad.
Es ofender la inteligencia de un pueblo antiguo el sugerir cómo hacer las cosas, cómo organizarse y conducir su lucha. Ellos que han sido tantas veces engañados, que conocen los secretos del monte y el mar, conocen al huinka, conocen al Estado y a las forestales, conocen a partidos que en un pasado no muy distante intentaron manipularles, utilizando la causa mapuche para objetivos partidarios. Pero, sobretodo, han aprendido a través de su propia experiencia que la voz de la comunidad, el sentir de las bases es lo único que cuenta. A ella se deben sus lonkos y dirigentes y a ella se debe también la fuerza que han logrado acumular en los últimos años. Fuerza de la tierra, de raíces indígenas. Esto es lo que no quiere o no puede entender el gobierno: que haya surgido un movimiento mapuche de nuevo tipo, profundamente arraigado en las comunidades, pero que, además, suscita el apoyo y la solidaridad activa de amplios sectores mapuches urbanos.
Por todo lo anterior, es evidente que, irrespectivamente de las tácticas usadas para alcanzar sus objetivos, los mapuches sólo dialogarán de igual a igual. Sólo conversarán cuando la agenda incluya temas políticos y no meramente reivindicativos, culturales y territoriales. Porque el Estado chileno debe entender de una vez por todas que los mapuches son un pueblo distinto. No son -como actualmente les califica la Ley Indígena- una simple etnia, sino que una nación, cuya singularidad amerita el derecho intrínseco a un territorio propio para poder no sólo sobrevivir, sino que desarrollarse como pueblo.
El proceso de recuperación de tierras usurpadas tiene como objetivo inmediato darle solución a los ingentes problemas derivados de la pobreza que aqueja a muchas comunidades del sur de Chile. Ninguna familia puede subsistir con dos o tres hectáreas de tierra erosionada, por lo que se hace necesario revertir tal situación. No apelando a la buena voluntad de las forestales, que jamás han entregado nada y que, por el contrario, han usufructuado de subsidios estatales y de la contrarreforma agraria durante la dictadura, sino recurriendo a la movilización y a la lucha, como efectivamente han hecho los mapuches.
Dicho proceso conlleva, además, la construcción de un movimiento más amplio que pueda, a mediano y largo plazo, adquirir la necesaria fuerza política para interpelar al Estado y hacer valer sus derechos inalienables como nación. Derechos que no fueron recogidos en la Ley Indígena de 1993, que ha sido sobrepasada en los hechos por una realidad de pobreza, discriminación y ausencia de oportunidades para con los pueblos originarios. De la misma manera se ha visto sobrepasada la autoridad y efectividad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad burocrática al servicio del Estado y no de los intereses indígenas. Entonces, los mapuches no tienen más alternativa que confiar en su propia organización, fuerza y sabiduría. Eso es lo que están haciendo, y las clases dominantes no pueden tolerar o admitir que un grupo de indígenas tenga la capacidad de movilizarse en la defensa de sus derechos y crear hechos políticos que perturben el proceso transicional pactado y el proceso eleccionario al cual se hallan abocados los principales partidos políticos.
Es imposible predecir la forma en que se resolverá el conflicto entre los mapuches, las empresas forestales y el gobierno. Sólo tenemos claro que Temulemu es la punta de un iceberg que alberga un cúmulo de conflictos, demandas, aspiraciones y sueños. También tenemos claro que el pueblo mapuche requiere de toda nuestra solidaridad en su justa lucha por un presente y futuro dignos para que Ñankucheu -ave que avisaba a los antiguos de peligros que se avecinaban- cante de una vez y para siempre la felicidad de un pueblo libre.
PF