Grupo no tocará temas puntuales y espera hacer propuestas en 4 o 5 meses, aunque existen dudas sobre el éxito que puede tener su labor.
 

Con la intención de evacuar proposiciones concretas en un lapso de cuatro a cinco meses respecto de situaciones de fondo referidas a la temática indígena, sesionó ayer por primera vez la comisión de alto nivel constituida por el Gobierno para esta materia.

El análisis del grupo pretende no centrarse en la contingencia ni en problemas puntuales, por lo cual entre los grandes temas que abordará se cuenta una revisión tanto de la Ley Indígena como de la institucionalidad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y también el diseño de mecanismos para promover la integración de las etnias en la sociedad chilena.

El denominado Grupo de Trabajo para la Política Indígena es encabezado por el Ministro de Planificación y Cooperación, Germán Quintana, y lo integran además una serie de personalidades que aportarían en el debate.

Así, el secretario ejecutivo de este grupo es el director de la Conadi, Rodrigo González, y a él se suman el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Felipe Lamarca; el ex Ministro de Justicia Francisco Cumplido, el ex Ministro Secretario General de Gobierno Enrique Correa, y la ex integrante de la Comisión Rettig Mónica Jiménez.

Pese a que fue la sesión inaugural, en ésta no participaron dos de sus integrantes, el también ex Ministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner, y el director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quienes se encontrarían fuera del país.

La lista de los integrantes la completan cinco representantes indígenas del consejo de la Conadi: Beatriz Painequeo, José Santos Millao, Francisco Chodiman, Juan Huenupi y Justo Zuleta, siendo este último el único de ellos que no asistió a la reunión que se prolongó por cerca de 45 minutos.

Más allá de la intencionalidad que posee esta comisión, existen diversas dudas sobre los resultados que saldrán de su trabajo.

Desde que se planteó hace algunas semanas la posibilidad de crear esta comisión - u otra similar- , tanto Rodrigo González como los consejeros de la Conadi plantearon enfáticamente su rechazo a cualquier instancia distinta de aquélla para analizar el tema indígena.

Ello porque sentían que de esa manera se desplazaba a la Conadi en su papel de interlocutor exclusivo del Gobierno en este tema, al tiempo que aseguraban que cualquier análisis podía hacerse en su seno. Pese a esto, ayer tanto González como los mencionados consejeros indígenas participaron de su conformación.

El argumento que entregaron Quintana y el propio González fue que esta entidad no va a reemplazar las funciones que por ley le corresponden a la Conadi, sino que apuntará a la formulación de lineamientos políticos globales.

En cuanto a los consejeros indígenas, el representante mapuche José Santos Millao - uno de los que se oponían más fervientemente a instaurar instancias "paralelas"- indicó que pese a que en un principio rechazaban incorporarse a la comisión, finalmente lo hicieron por temor a ver la Conadi excluida de ésta, con lo cual en la práctica la legitiman.

El ex director de la Conadi y dirigente nacional del PPD, Domingo Namuncura, cuestionó ayer la composición de esta instancia, que a su juicio está conformada principalmente por no indígenas, en circunstancias que primero debió conversarse con las etnias y después invitar otros actores.

El presidente de la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas del PS, Marcos Hueiquilaf, señaló que por ese motivo las oficinas indígenas de ambos partidos rechazaron en una reunión el sábado pasado la creación de esta instancia, y también porque las personas que la integran carecen de manejo sobre el tema.

A ello se suma que un actor absolutamente clave en este ámbito, como el empresariado forestal, ha señalado que no le corresponde participar en esta suerte de mesa de análisis, y el propio Felipe Lamarca indicó ayer que él acudía a título personal y no como empresario.

A juicio de Namuncura, la creación de esta "comisión de notables" claramente tiene parte de su origen en la deslegitimación actual de la Conadi.

Otro aspecto que encierra incertidumbre es el nivel de éxito que puede tener el trabajo del grupo, considerando que los temas son de fondo, las propuestas de mediano o largo plazo, y sólo queda este año del actual Gobierno.

Quintana enfatizó que hay que esperar que la comisión finalice su trabajo, ya que pueden existir aspectos factibles de implementar en forma más inmediata (como en el ámbito productivo o la educación).

Sin embargo, Namuncura señaló que no se ve muy clara la viabilidad en los grandes temas, añadiendo que, por ejemplo, la reforma a la ley no es una demanda que estén solicitando los indígenas.

El propio Rodrigo González indicó lo mismo hace un tiempo.

Además, la posibilidad concreta de tener una modificación a la Ley Indígena antes del próximo Gobierno aparece absolutamente irreal, teniendo en consideración lo apretado de la agenda legislativa que habrá y la existencia de comicios.

En esta línea, Santos Millao estimó que en definitiva la resolución para las demandas de las etnias - especialmente los mapuches- no creen que se pueda solucionar durante el presente mandato, aunque Quintana se mostró optimista en la posibilidad de poder tener soluciones reales en lo que resta del año.

Este último descartó que la comisión pueda interpretarse como un interés del Gobierno por dar una señal o ganar tiempo atendiendo a la actual convulsión en algunos sectores mapuches, pues indicó que los participantes tienen una larga trayectoria que los avala.

INCENTIVAN EL DIALOGO

Los agricultores de Cañete (VIII Región), en tanto, se manifestaron partidarios de una mesa de diálogo para superar el conflicto con los mapuches.

Asimismo, descartaron la formación de grupos de defensa. Esta posición difiere de la que tienen unos 200 agricultores de la provincia de Malleco (IX Región), quienes anunciaron la creación de una organización para proteger armados sus fundos.

Así lo aseguró el empresario Osvaldo Carvajal Rondanelli, cuyo fundo Lleu-Lleu de Cañete fue objeto de dos atentados incendarios.

En este mismo ámbito, el gobernador de Arauco (VIII Región), Carlos González (PS), dijo que avanzan las gestiones para instalar una mesa de diálogo con la mayoría de las comunidades mapuches de esa zona. Los contactos para definir un interlocutor válido por el sector indígena los realiza el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur (PS).

En tanto, en la IX Región, los agricultores de Collipulli que crearon el mencionado frente común de defensa insistieron en que defenderán todos sus bienes de la agresión promovida por grupos mapuches.

El presidente del organismo, Fredy Molina, interpuso una denuncia contra el dirigente mapuche Víctor Ancalaf, quien ha advertido a algunos dueños de fundos que, tarde o temprano, ocuparán sus predios y que es mejor que los abandonen voluntariamente.