En próximos días se formaría una comisión de alto nivel para hacer los cambios en dicho cuerpo legal, aunque el director de la Conadi desestimó una revisión de la normativa durante este año. 
 

ANTOFAGASTA (María Eugenia Vargas).- El subsecretario General de Gobierno, Claudio Huepe, reconoció ayer en esta ciudad el interés del Ejecutivo por iniciar una revisión de la Ley Indígena, para lo cual convocará en los próximos días a una comisión especial de alto nivel para el estudio de las principales modificaciones que requiere ese cuerpo legal. 

La ley 19.253 fue promulgada en 1994 por el ex presidente Patricio Aylwin con el propósito de beneficiar a la población indígena del país generando lo que algunos llaman discriminación positiva al establecer normas sobre la protección, fomento y desarrollo de las etnias. 

Sin embargo, el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que ayer sesionó en Santiago, expresó una opinión mayoritaria de rechazo a crear instancias adicionales para abordar el tema de las etnias, por estimar que ésta es la única entidad facultada para tal misión. 

El director de la Conadi, Rodrigo González, añadió que la revisión de la normativa no es una tarea que sea considerada prioritaria por la entidad, y que tal proceso no se llevaría a efecto durante este año. 

González precisó que no está contemplado enviar ninguna iniciativa legislativa para modificar la mencionada ley en 1999, si bien se presentarían para ratificación parlamentaria algunos convenios internacionales. 

Desde un comienzo, la mayor parte de los integrantes de la Conadi ha manifestado su rechazo al establecimiento de instancias paralelas o superiores que resuelvan y planifiquen en esta materia. 

Huepe, en tanto, explicó que en el último tiempo ha sido necesario enfrentar el tema coyuntural que emerge de la crisis mapuche a través de mesas de diálogo, tanto en la zona de Cañete como en la de Traiguén. 

Añadió que la Conadi ha debido intensificar su trabajo con miras a abordar los graves problemas de pobreza que aquejan a la zona mapuche, que en términos estadísticos resultan superiores al nivel nacional. 

Huepe sostuvo que, en el tema de las comunidades indígenas, el Gobierno ha sido claro en reivindicar una postura multiétnica, que se traduce en "integración a la nacionalidad con preservación de su identidad cultural". 

Es decir, que estas comunidades forman parte de la nación chilena, pero se reconoce en ellas su propia identidad cultural, idioma y valores religiosos. Esta postura, expresó, se contrapone a la visión asimilacionista que postulan algunos sectores. 

Para llevar adelante este objetivo integracionista, afirmó que es necesario evaluar a la brevedad la Ley Indígena y el propio rol de la Conadi, cuya función, dijo, se ha desnaturalizado, ya que su fin último es actuar como una agencia para el desarrollo y no como una representación del mundo indígena. 

La Conadi fue creada en 1993, en virtud de la ley 19.253, con el objetivo de proteger y promover el desarrollo del millón de indígenas distribuidos en el territorio nacional. Para ello, cuenta con recursos asignados en la Ley de Presupuestos, los que deben ser destinados a proteger a las familias, cultura y tierras. 

Parte de las necesidades de cambio en este organismo estatal pasan por aumentar su planta, que actualmente asciende a 88 funcionarios para todo el país y dotar de mayores recursos sus fondos de tierras y aguas, principal herramienta para atender las demandas de las comunidades. 

MODIFICACION CLAVE 

En cuanto a posibles modificaciones de la ley 19.253, el artículo 13 es uno de los más cuestionados al establecer que las tierras indígenas gozarán de protección especial y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas, salvo entre comunidades o personas de la misma etnia. 

Aunque no existe consenso sobre un cambio, algunos postulan la necesidad de levantar las restricciones que pesan sobre la propiedad en manos de indígenas porque constituye un freno para su desarrollo al impedir que las comunidades accedan a créditos y programas de desarrollo ajenos a los subsidios estatales. 

Otros, como Felipe Lamarca, presidente de la Sofofa, argumentan que eliminar esta forzada protección a los indígenas ayudaría a que pudieran convertirse en pequeños empresarios, por ejemplo en el rubro forestal. 

Los que se oponen temen que autorizar a los indígenas a vender sus tierras desate una expansión forestal sin control, que los obligue a emigrar aumentando los cordones de marginalidad en las grandes ciudades y que inescrupulosos se aprovechen de su precaria situación económica e intelectual. 

CONSEJO ANALIZO 
POLITICAS PARA 1999 

En tanto, durante la sesión de ayer del Consejo Nacional de la Conadi, el tema principal fue el análisis de las directrices y lineamientos de la entidad para este año, principalmente en lo referido al Fondo de Tierras y Aguas. 

Entre los puntos fundamentales, se estableció que durante el próximo consejo se entregará un documento en que se hará pública cuál es la política de tierras de la Conadi. 

Ello apunta a optimizar los recursos del mencionado fondo, pues el director de la entidad, Rodrigo González, explicó que existe una preocupante tendencia de vender a la Conadi las tierras a valores más altos que cuando se transan entre particulares. 

"Esto está llevando a que a pesar que haya un incremento de recursos estemos comprando menos tierras cada año, y satisfaciendo de manera más lenta las necesidades de las comunidades", añadió. 

Por esto, la idea es establecer una banda de precios dentro de la cual la entidad pueda resolver tomando en cuenta las tasaciones existentes. 

Además, se convino como criterio el atender a las comunidades que han postulado regularmente al programa de tierras y que estén en el listado desde hace más tiempo, sin alterar el orden en función de presiones y conflictos que se desarrollen. 

Otro de los puntos que se abordaron fue la necesidad de apoyar el traspaso de predios con una entrega paralela de apoyo técnico, pues si no las familias no tienen los elementos para su explotación. Para ello se trabajará con entidades tales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Dirección de Riego o el Fondo Solidario de Inversión Social (Fosis), entre otros. 

PRINCIPIO DE ACUERDO 
POR TIERRAS EN TRAIGUEN 

En Temuco se informó que existiría un principio de acuerdo que permitiría poner término al conflicto que mantienen grupos indígenas de Traiguén con la empresa forestal Mininco, el que surgió en las últimas horas entre ejecutivos de la forestal y la Conadi, entidad que ha actuado como mediadora del conflicto. 

Este se traduciría en la decisión de la maderera de vender a la Conadi una porción de 58,4 hectáreas del fundo Santa Rosa de Colpi, ubicado a 17 kilómetros al poniente de Traiguén. Este predio tiene una extensión superior a las mil hectáreas forestadas de pinos. 

De esta forma se daría respuesta a la demanda de restitución de ese predio planteada por la comunidad Temulemu, apoyada por sus vecinos de Didaico y Pantano. 

Asimismo, trascendió que ya estaría prácticamente afinado un segundo acuerdo con un particular de la misma comuna para la adquisición de otro predio, de mayor superficie, que completaría el compromiso adquirido por el Gobierno con este sector de mapuches, en orden a compensarlos con dos propiedades, además de asistencia técnico-productiva. 

Si bien se ha declinado dar a conocer los valores de ambas propiedades, se calcula que éstas superarían los mil millones de pesos, en atención a que una de ellas (la de Mininco) está con sus bosques de pino en pie en condiciones de explotación comercial. 

La confirmación del logro de un "acuerdo satisfactorio para ambas partes" fue entregada ayer por el jefe del programa de tierras de la subdirección Sur de la Conadi, Patricio Sanzana, en reunión informativa con los dirigentes de la comunidad Temulemu.