Profundas Reformas Proyectan en Conadi

TEMUCO (María Angélica Venegas).- Una profunda reestructuración interna en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, especialmente en los aspectos administrativos y organizativos, dispuso el director de la entidad, Rodrigo González, ante las serias falencias detectadas en la entrega de subsidios, aplicación de programas y seguimientos de las políticas en favor de los pueblos indígenas.

La reforma a uno de los servicios más recientes del Estado, creado en 1993, responde a los problemas de gestión reconocidos, pero no resueltos, bajo la administración de los dos directores que antecedieron a González, Mauricio Huechulaf y Domingo Namuncura.

Uno de los hechos que apresuró la revisión de la metodología de trabajo de la Conadi fueron las irregularidades en la adjudicación de subsidios para la compra de tierra indígena entre 1995 y 1997, lo que obligó el Fondo de Tierras y Aguas -división de la cual depende el programa- a suspender el beneficio, que alcanzaba a 900 millones de pesos, durante este año.

Según informó González, el reglamento dictado para el funcionamiento de esta ayuda era débil y muy genérica, lo que se prestó para que mapuches de las regiones del Biobío a Los Lagos postularan al subsidio teniendo ya propiedades en sus manos o la de sus cónyuges. El espíritu del programa era que indígenas sin tierras accedieran a ellas con ayuda estatal.

Si bien existe una investigación en marcha, trascendió que los casos involucran al 25 % de los 171 subsidios aprobados en los tres últimos años, por un monto estimado en 2 mil 273 millones de pesos.

Otra de las deficiencias radica en el desconocimiento de la cantidad total de hectáreas que se ha adquirido en el tiempo de aplicación del subsidio, ya que el procedimiento establecido no contemplaba la intervención directa del organismo en el proceso de compra-venta. De esta forma se desconoce si el valor cancelado es exagerado o si su uso ha sido el informado inicialmente.

Por otra parte, antes de la llegada de Rodrigo González a la dirección de la Conadi, parlamentarios denunciaron el pago excesivo de servicios a agentes externos a la corporación para realizar estudios cuyos resultaron nunca se conocieron.

También hubo denuncias de utilización de recursos para fines políticos, como una escuela de verano del PPD, y la cancelación de honorarios a funcionarios de la Conadi por asesorar a la misma entidad indígena.

"Es una realidad que existe desorden administrativo, programas insuficientemente focalizados, escasa medición del impacto de éstos y una ausencia de una política nacional de desarrollo indígena. Una cosa es tener una institución y una ley, y otra muy distinta es definir cómo impactar en las poblaciones étnicas, de modo que mejore su calidad de vida y se integren al desarrollo", aclaró González.

El personero reconoció que esta reestructuración - cuyos lineamientos se conocerán en enero próximo- es una sentida aspiración de los consejeros indígenas, quienes apoyaron la suspensión de la entrega de subsidios hasta no recorregir su reglamento de operación.

COMPROMISO

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena fue creada en 1993, en virtud de la Ley 19.253, con el objetivo proteger y promover el desarrollo del millón de indígenas distribuidos en el territorio nacional. Para ello, cuenta un recursos asignados en la Ley de Presupuestos, los que deben ser destinados a proteger a las familias, cultura y tierras.

Además, su misión es velar por la adecuada explotación de estas últimas, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.

El director de Conadi explicó que los cambios a que será sometido el organismo son un compromiso adquirido por el Gobierno ante la comisión de Presupuesto del Congreso, a fin de lograr un aumento del 26 % en el gasto social, lo que significará contar con recursos del orden de los 13 mil millones de pesos.

Otra de las reformas pendientes, a más largo plazo, es acordar una modificación a la Ley Indígena, a fin de hacerla menos burocrática en sus procedimientos. También es necesario, opinió González, aumentar la actual planta funcionaria, que sólo alcanza a los 88 empleados.