Santiago de Chile, Sábado 16 de Diciembre de 2000


REFORMA PROCESAL:
Incorporarán Intérpretes Indígenas

Subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, anticipó que mapuches podrían contar con traductores de la lengua mapudungún si son requeridos en el proceso.
 

TEMUCO (Iván Fredes).- El Ministerio de Justicia y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) estudian suscribir un convenio para establecer una especie de registro de traductores de lenguas nativas - mapudungún, rapanui o quechua- , para que éstos oficien de intérpretes en el caso que las víctimas o los imputados de origen indígena no hablen, lean ni escriban en el idioma español.

Aunque la iniciativa no está del todo afinada, es una de las materias que ayer fue abordada por el subsecretario de esa cartera ministerial, Jaime Arellano Quintana, y el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf.

La idea, subrayó Arellano, es que todas las personas de las culturas originarias puedan expresarse adecuadamente en todas las instancias del nuevo sistema procesal que comenzó hoy.

El subsecretario sostuvo que debido a que la reforma comenzó en la Región de la Araucanía, con un alto componente indígena - además de la región de Coquimbo- , la incorporación de intérpretes en mapudungún hace que sea más necesaria en esa zona del sur del país.

Independiente de ello, agregó que una iniciativa en tal sentido debe incorporar intérpretes de todas los pueblos originarios que mantienen vigente su lengua ancestral.

Del mismo modo, el ejecutivo señaló que también la víctima o imputado de cualquier otropaís, que hable otro idioma, deberá contar con intérpretes para expresar con claridad sus ideas en el proceso, tal como lo establecen actualmente las normas legales.

El subsecretario de Justicia, quien llegó ayer a esta ciudad para inaugurar los edificios de los tribunales orales y juzgados de garantía, manifestó que hoy no sólo el país entero estará atento en la puesta en marcha de la reforma, sino también existe interés en la comunidad internacional sobre el radical cambio en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.

Defensoría Pública

El coordinador nacional del Programa de Defensoría Penal Pública, abogado Alex Carocca, sostuvo que ese servicio deberá proporcionar la debida defensa letrada al imputado cuando éste carezca de un abogado de su confianza o no tenga los medios económicos para solventar los honorarios de un profesional privado.

Dicha entidad, integrada por abogados defensores públicos, es la contraparte natural del Ministerio Público, cuyos fiscales serán quienes dirigirán la investigación y sostendrán la acción penal en contra de los imputados.

En las regiones piloto de la Araucanía (IX) y Coquimbo (IV), donde a las cero horas de anoche comenzó a aplicarse la reforma al actual sistema de administración de justicia, dicha institución contará con dos directores regionales y 23 defensores locales, los cuales pueden ser requeridos por los imputados para que asuman su defensa desde el momento de su detención.

Precisó que se han contratado los mejores abogados y se ha cumplido un extenso e intenso programa de capacitación, incluso con viaje a Estados Unidos, para que los defensores estén en igualdad de condiciones profesionales que los fiscales.

A partir hoy, cualquier detenido en las regiones piloto tiene derecho desde el mismo momento de su detención, a designar a un abogado particular y si no tiene los recursos, tanto él o su familia, como el fiscal o el juez de garantía, pueden solicitar que la defensoría pública le designe un abogado sin costo.

En el caso de un imputado que cuenta con dinero para pagar honorarios a un abogado, pero no quiere hacerlo, igual el juez de garantía puede disponer que la defensoría pública disponga de un abogado para su defensa, explicó Carocca.

Sin embargo, en ese caso, comprobado que tiene recursos, después deberá cancelar al Estado los costos incurridos en su defensa.


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