Por primera vez en casi dos años,
Relaciones Exteriores, Mideplán y mapuches se sentarán a
una misma mesa para acordar una salida al caso de los 144 condenados por
la Justicia en 1996. El tema se llevó a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, allá se acordó una solución amistosa
que, en Chile, no se ha cumplido. El paso siguiente será la Corte
Interamericana y una eventual demanda. ¿Se expondrá a eso
el gobierno de Lagos?
Por LUZ MARÍA ASTORGA
ESTE es un tema de varias lecturas.
Y de ahí vamos a la tercera lectura: tal como están las cosas, habiendo adherido a tanto tratado internacional, a la hora de los quiubos ¿pesa más la legislación chilena que la internacional o al revés?
Cada uno de estos puntos está de plena actualidad. Uno, porque los plazos se acaban y, tal vez, con ellos de paso se agote la paciencia que, dicen los afectados, "ha tenido hasta ahora el pueblo indígena". Otro, porque ésta es la oportunidad de Lagos para demostrar con hechos que sí está preocupado del problema indígena. Y, por último, porque es también la ocasión de demostrar definición y personalidad como gobierno y como país, ante la comunidad internacional frente a un tema que hoy enarbola el globo entero: los derechos humanos.
Para todo esto está sirviendo el caso de los 144 mapuches que, a ocho años de los incidentes, tal vez ni siquiera esté presente en la memoria colectiva.
Dicen que la OEA está pendiente del fin de esta historia, que considera como un asunto simbólico.
En el Senado, por su parte, en estos días se afanan discutiendo sobre definiciones legales en torno al "pueblo indígena" y la oposición tiene todas sus antenas puestas porque considera que vivimos el momento de corregir una falta en que cayó el gobierno de Frei, "por carencia de definiciones y de personalidad", según sintetiza el senador Sergio Diez, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Alta.
No hay que olvidar que es en la Cámara Alta donde se ratifica la firma de tratados internacionales.
En suma, muchas discusiones se están dando al mismo tiempo pero en distintos planos, a propósito de lo que partió como un acto "simbólico" del Consejo de Todas las Tierras, cuando cumplía dos años de vida y en el calendario se marcaban los 500 años de la conquista española. Es decir, en 1992.
Una bomba de racimo
Aucán Huilcamán - el treintón que, según los expertos, "es el único dirigente indígena experto en derecho internacional- no tiene muchas ganas de hablar del tema ahora. Prefiere, nos aseguró, explayarse después de las reuniones que sostendrán los próximos días con representantes del gobierno. "Lunes o martes van a ser", comentó escueto, "y vamos a ver lo de los cuatro puntos".
Claro, ése es el nudo central para él y su gente ahora, aunque lo más probable es que si pensara en las motivaciones que tuvo en 1992 para liderar las ocupaciones de terreno, debiera finalmente reconocer que pensó en lanzar una bomba, pero nunca una bomba de racimo...
Y en eso se transformó, ni duda.
Corría junio, era el tercer año de la administración de don Patricio Aylwin. Hombres, mujeres y jóvenes de 15 comunidades realizan 16 ocupaciones ilegales, aunque el gobierno denuncia no más de 11. Según el abogado Roberto Celedón, "sólo eran actos para llamar la atención de la opinión pública internacional, es decir, actos absolutamente simbólicos, ocupaciones que no duraban más de tres horas". (El detalle de las horas es relevante para el mundo de lo legal y por eso el abogado lo recalca ahora. Sucede que una persona puede ser condenada por usurpación de tierras si la ocupación se hace "con ánimo de señor y dueño", cosa que nunca hicieron los indígenas, según él).
Lo concreto, sin embargo, es que las movilizaciones provocan al Intendente de la Novena región, Fernando Chuecas, quien junto al Ministerio del Interior, presenta un requerimiento ante los tribunales por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Para analizar la serie de tomas, se nombra como ministro en visita a Antonio Castro Gutiérrez quien, finalmente, cuatro años después, condena a 144 indígenas, entre los que se contaban 30 mujeres y 26 jóvenes.
El paso siguiente fue la ratificación de la Corte de Apelaciones de Temuco: hubo condenas de 60 a 541 días y multas de entre seis a 11 sueldos vitales (de unos 85 mil a 199 mil pesos). Para el lote, los cargos fueron "asociación ilícita y usurpación de tierras". Para Huilcamán se agregó lo de autor intelectual. Estuvo 53 días preso y luego salió en libertad bajo fianza. Años después de los incidentes, los acusados ya se habían transformado en demandantes y como tales, se acercaron a la Corte Suprema con un recurso que buscaba invalidar el fallo, pero fue declarado inadmisible, por estar fuera de plazo.
Buscando ayuda en Washington
Los dados estaban echados.
Cuando Huilcamán y su gente buscaron un consejo amigo o, mejor dicho, un adecuado respaldo legal, se acercaron a Roberto Celedón. De la mano se fueron todos al aeropuerto, tomaron avión hacia Estados Unidos y taxi directo a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos. Mal que mal, en 1991 el gobierno había suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos - el conocido Pacto de San José de Costa Rica- y esto los habilitaba, como habilita a cualquier chileno, a recurrir a la OEA si siente que sus derechos son pasados a llevar.
Lo de las tomas se transformó allá en una historia bien contada que motivó a la comisión, integrada por juristas de distintas nacionalidades, la que determinó que se afectó, entre otras cosas, lo que se conoce como "justo proceso", es decir, que hubo indígenas que sin ser acusados, recibieron condenas.
Entonces, en octubre de 1998, la comisión citó a las partes, escuchó sus alegatos verbales y les aconsejó un "acuerdo amistoso", mecanismo que está contemplado entre las posibilidades de solución.
Y así fue como Roberto Celedón y Aucán Huilcamán, por el lado indígena, Alejandro Salinas por Relaciones Exteriores y Aníbal Barría, por la OEA, firmaron un texto de cuatro puntos que establece que "el Estado hará los esfuerzos materiales y simbólicos para que el buen nombre y la dignidad de los afectados sea restablecida".
De vuelta en Chile, el gobierno tenía un plazo de 60 días para hacer llegar al Consejo de Todas las Tierras las especificaciones y el detalle de los montos a pagar a los afectados. Pero la minuta no llegó. La administración Frei pidió entonces otros 60 días. Y el plazo pasó en vano. Luego el calendario avanzó, un mes, otro mes, otro...
Frei se fue de La Moneda y, entre tanto y tanto pendiente, Lagos recibió el encargo.
¿Por qué no se avanzó en el último año del gobierno anterior?
No existe una explicación oficial ni formal, pero algunos bien pensados creen que el tema es de difícil solución porque tienen que coordinarse varias cosas, varios organismos de gobierno. Otros, los mal pensados, imaginan que en todo esto se ha actuado mucho por un asunto de imagen internacional, sin que de fondo exista la convicción de seguir adelante.
De cualquier forma, lo más cercano a una explicación autorizada es lo que dijo Mideplán el año pasado y que nos recordó el abogado Roberto Celedón:
- El ministerio estimó que no tenía presupuesto para hacer frente al tema y que debía ver caso por caso.... La verdad es que no fue fácil entenderse con el anterior ministro, Germán Quintana.
Ahora Celedón se siente más optimista: hasta hoy, él y sus representados han percibido una muy buena disposición de parte de Alejandra Krauss, actual titular de Mideplán, y de su fiscal, Trinidad Inostroza.
Aún así, no se atrevería a decir que el tema tendrá salida fácil ahora. Lo que sí tiene claro es que debe avanzarse rápido en estos días que quedan de agosto y en septiembre, porque los plazos de alguna forma expiran en octubre. Ese mes sesiona la Comisión Interamericana y tanto Celedón como Huilcamán piensan que los dos años transcurridos desde que se firmara el acuerdo amistoso, son más que suficientes como para haber sellado una solución.
Lo que hay detrás
¿Y qué pide el Consejo de Todas las Tierras?
En palabras sencillas, compensación económica y moral, por haber sido encarcelados, por no poder trabajar en esos días y, en definitiva, por haber sido dañados en su dignidad.
Formalmente, lo que se acordó con el gobierno y con el aval de la OEA fue lo siguiente:
- Incrementar y reorientar el programa de adquisición de tierras desarrollado por Conadi a fin de beneficiar a las comunidades indígenas querellantes.
- Eliminar los registros que afecten a los inculpados por usurpación, asociación ilícita, abigeato y otros.
- Reparación económica y material de los daños causados.
- Formulación de las modificaciones necesarias para que las reivindicaciones de las comunidades mapuches se puedan conducir por canales que no afecten el orden ni la tranquilidad pública.
Ellos quieren terrenos e indemnizaciones pecuniarias. De lo primero, han hablado ya con las autoridades. De lo segundo, dice Celedón, todavía no porque definitivamente eso no es lo más importante para los indígenas: a ellos les interesa una solución que satisfaga a los individuos pero, más importante que eso, les interesa una compensación para la comunidad. Aquí no hay que olvidar, agrega, que los indígenas en Chile dominaban 11 millones de hectáreas y, a fines del siglo pasado, habían sido reducidos a 650 mil há. Cuando asumió Aylwin, ocupaban 250 mil y ahora superan ligeramente las 300 mil há. La idea de la Concertación es que, por lo menos, vuelvan a tener lo mismo del siglo pasado, es decir, más del doble de lo de hoy.
¿En qué plazo?
Bueno, eso definitivamente dependerá de las platas.
Para que la Conadi tenga recursos, el gobierno debe pedirlos al Congreso y ahí la cosa puede complicarse porque, definitivamente, hay muchos desacuerdos.
El senador Sergio Diez no necesita hablar mucho para dejar en claro su sentimiento y su molestia frente al tema. Dice que el gobierno de Frei actuó con indefinición y falta de personalidad cuando, hace dos años, reconoció ante la Comisión Interamericana que había habido abuso frente a los 144 indígenas.
Para él, en todo lo que sucedió ese octubre del 98 no hubo transparencia:
- Chile no tenía derecho a reconocer un atropello de derechos humanos porque la Corte Suprema había determinado una cosa distinta. Y dígame ¿con cargo a los bolsillos de quién un abogado de Relaciones Exteriores se pone de acuerdo con otro abogado para pagar compensaciones? ¿Cómo defendió el Estado su patrimonio? ¿Lo defendió el Consejo de Defensa del Estado? ¿Se informó a la Corte Suprema?... No tengo idea porque las cosas se hicieron así, pero creo que el gobierno actuó pensando en salvar la imagen exterior y no en lo que realmente significaba para el país.
Para Diez, el tema es muy delicado y se presenta por la globalización de todo, correspondiendo a un juicio equivocado, es decir, a sostener y aceptar que lo de los derechos humanos se aplica a todas las circunstancias imaginables, porque al final todo lo que tiene que ver con las personas, tiene relación con los derechos humanos. "Esa idea estaba fuera de la mente de todos cuando se firmó el Pacto de San José y, después de eso, el gobierno no ha tenido valentía para defender ni su soberanía ni sus instituciones", comenta.
¿Conclusión?
Diez cree que es vital tomar medidas como las que propone la Alianza por Chile, en el sentido de que los tratados que afecten la jurisdicción internacional o modifiquen aspectos de la Constitución de las naciones, sólo puedan ser firmados por el Presidente de la República si tiene la autorización del Congreso.
- O sea, la firma del año 91 ¿estuvo mal?
- No, estuvo muy bien, porque entonces no se entendía por derechos humanos todas las situaciones vinculadas al hombre, incluyendo las de carácter patrimonial.
Claro que nada de lo que plantea el senador puede aplicarse ahora, al caso de los 144 indígenas; entonces, ¿qué cabría hacer si la Comisión Interamericana lleva el tema a la Corte Interamericana y ésta sancionara algo distinto a lo que determinó la Justicia chilena?
Según el abogado Celedón, el asunto se ve nítido: el Estado chileno soberanamente adhirió al pacto de San José y, por tanto, acepta la jurisdicción internacional. "Por lo demás, el artículo quinto de la Constitución establece expresamente como límite a la soberanía, el respeto a los derechos humanos, o sea, nadie puede violarlos".
Para Hernán Echaurren, integrante del Grupo de Acción por el Biobío, defensor de los indígenas, "la regla es muy simple: si un país firma un acuerdo, debe ser consecuente. Lo demás es poco serio. Si Chile adhirió al pacto, debe atenerse a las consecuencias. Ahora si lo hizo por un asunto de imagen, sin estar muy convencido, igual, debe asumir".
Sergio Diez, en cambio, asegura:
- Chile tiene que actuar con franqueza, no debe aceptar la competencia de la Comisión Interamericana y tiene que hacer una declaración expresa sobre el punto. Desconocer la competencia no significa salirse del pacto ni desahuciarlo. Cuando lo suscribimos, éste no comprendía la revisión de fallos judiciales argumentando asuntos de "derechos humanos".
¿Cuál será el camino que tome Lagos?
Por ahora, una incógnita, "el presidente no ha hablado".
Lo que, sin embargo, no guarda ningún misterio es que las movilizaciones que Huilcamán craneó el 92 fueron una bomba de racimo... Por los mapuches condenados, hoy el Tribunal Constitucional está de cabeza en el tema para establecer que los tratados que afecten a materias de leyes orgánicas constitucionales sean aprobados con quórum calificado y no con el quórum simple que se aplicaba hasta ahora. Además, se trabaja en la idea de que luego de aprobado por el Congreso un tratado, pase por el Tribunal Constitucional.
¿Y todo gracias a Huilcamán
o a la decisión de Frei de reconocer una falta ante la OEA?