En menos de dos semanas el Gobierno anunció dos de las decisiones más complejas y controvertidas relativas al tema ecológico: aprobó el Proyecto Ralco de ENDESA y comenzó el buscar un entendimiento con el empresario norteamericano Douglas Tompkins.
Suspicaces líderes ambientalistas se apresuraro a remarcar que ambos temas no surgían juntos, después de tantos años de debate, por mera coincidencia: a su juicio, el Gobierno intentaba compensar la impopularidad de dar el visto bueno a Ralco haciendo las paces públicas con el ecologista estaunidense.
El Instituto de Ecología Política, por ejemplo, calificó como un "maquillaje verde" de la política ambiental del Gobierno el anuncio de llegar a un acuerdo para que Tompkins pueda realizar su controvertido proyecto "Parque Pumalin".
Según los ambientalistas, la administración de Frei se está preparando para participar en la reunión especial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, el 20 de junio próximo, a la que asistirán el Ministro Secretario General de la Presidencia y director de la CONAMA, Juan Villarzú y la secretaria ejecutiva de la misma entidad Vivianne Blanlot.
En dicho encuentro internacional, la ONU evaluará el cumplimiento que han dado los paises firmantes a los acuerdos ambientales de la Convención de Rio.
El movimiento ecologista afirma que el Gobierno no quería presentarse a la reunión con el único expediente de haber aprobado en los últimos dos días dos proyectos empresariales (la Central Nueva Renca de CHILGENER y ahora Ralco) enérgicamente cuestionados por los grupos verdes. "Por eso, con un arreglo con Tompkins, que es una persona con amplios contactos en influyentes círculos en el mundo, podrán decir que no todo está tan mal en Chile", aseguran en el Instituto de Ecología Política.
Por cierto que en La Moneda desestiman estos comentarios. Aseguran que ninguno de los temas mencionados - conocidos en el ámbito ecológico como el "paquete verde" del Gobierno - tienen relación entre sí. La autoridad afirma que todas las decisiones se han tomado con estricto apego a la legislación vigente, utilizando criterios técnicos.
Como sea, lo claro es que durante esta semana se sintieron todas las réplicas de este polémico par de anuncios, que despertaron comentarios y recelos en todos los sectores. Hablaron los ambientalistas, los movimientos indígenas, los parlamentarios. En silencio, pero observando atentamente a cada señal se mantienen los empresarios y hasta los militares.
En Palacio reconocen que las cosas no serán fáciles de ahora en adelante. Que vendrán importantes disputas y que deberán moverse con la mayor delicadeza.
Ralco va, salvo que..
La aprobación del Proyecto Ralco no es un tema fácil para el Gobierno. Eso quedó claro cuando Vivianne Blanlot informó que la Conama había dado el visto bueno al estudio de impacto ambiental presentado por ENDESA para construir la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bio Bio. La funcionaria, luego de leer un breve comunicado, se retiró de la sala, acompañada de sus asesores directos, sin aceptar preguntas de la prensa.
Aunque luego reconoció haber cometido un error, su actitud bastó para que surgieran diversas suspicacias. El hecho podía significar dos cosas: que la secretaria ejecutiva de la Conama no estaba de acuerdo con la medida y que por eso sólo cumplió con informar sobre la resolución que le molestaba o que prefería no someterse al escrutinio de la prensa por miedo a no tener buenos argumentos para enfrentar las críticas.
Ambos escenarios eran igual de nefastos para La Moneda, que observó el hecho con asombro y molestia.
Pero el paso ya estaba dado. Después de dos años de debate, el Gobierno entregaba la autorización ambiental para construir la represa más grande de Chile, a pesar de las críticas de los ecologistas y movimientos defensores de la cultura indígena.
El proceso fue lento. ENDESA presentó su proyecto que, por las dimensiones causaría un impacto en la zona escogida para levantar la central hidroeléctrica. Intenvendrá el Bio Bio, inundando un área de tres mil 800 hectáreas, dentro de las cuales existen en la actualidad asentamiento humanos, mayoritariamente comunidades pehuenches.
De acuerdo con la Ley Marco del Medio Ambiente, la empresa tenía la obligación de presentar a la Conama un estudio de impacto ambiental. Ambos actores debian consensuar los llamados términos de referencia, que fijan las condiciones del mencionado estudio.
La primera presentación de ENDESA no llenó las expectativas de la Conama. Esta le solicitó a la primera diversas aclaraciones, enmiendas o los llamados "addemdum". Según Vivianne Blanlot, la empresa no estaba dispuesta a modificar sus propuestas para paliar el daño ecológico que causaría el proyecto. El tema se habría discutido en el comite político del Gobierno.
Luego ENDESA no solo presentó un "addemdum" sino que se le exigió un segundo, presentado hace algunas semanas, antes de que venciera el plazo para tomar la última decisión.
Finalmente, la Conama redactó un informe definitivo, en el que recopila la opinión de 15 servicios gubernamentales como el Sag, la CONAF, el Servicio Nacional de Pesca, etc., grupos ecologistas, académicos, particulares. Y declara que el proyecto es "ambientalmente viable" siempre y cuando cumpla con una serie de requerimientos, extremadamente detallistas y rigurosos.
Lo que corresponde ahora es que la empresa, dentro de los próximos 30 días, analice la resolución y decida si hace o no reclamos al Consejo de Ministros, que constituyen la máxima instancia de decisión en la Conama.
Sin embargo, el asunto aún no está resuelto. Ya se presentó una primera acción de nulidad de derecho público contra la resolución ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago. Eso podría dilatar las cosas un tiempo indeterminado. Además, falta una última autorización, la que debe entregar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Según esta nueva ley que protege a los pueblos originarios, las tierras que éstos habitan no pueden ser objeto de gravámenes o permutas, a menos que el mencionado organismo entregue su aprobación.
Según la Coordinadora Mapuche, la CONADI mantuvo invariable un rechazo al proyecto Ralco hasta abril de este año, momento en que fue removida la plana mayor de la entidad y nombrado "como interventor el Sr. Domingo Namuncura, funcionario de confianza del Ministerio de Obras Públicas". Para el organismo, la misión del funcionario consistió en eliminar cualquier obstáculo que entorpeciera la materialización del proyecto de ENDESA.
Sin embargo, no es posible prever un desenlace. El Consejo de la CONADI se reunió el viernes para analizar el tema, acordándose una definición para el 20 de junio. Entre los 16 miembros del estamento superior de la Corporación, ocho son representantes de los pueblos indígenas y el resto son personas nombradas por el presidente Frei.
Diputados Verdes
El procedimiento previamente descrito corresponde al relato del Gobierno. Porque para los ecologistas y no pocos políticos las cosas ocurrieron de otro modo: señalan que la autorización del proyecto Ralco surgió de una decisión política tomada por el Gobierno y que el papel de la Conama sólo consistió en "legitimarla", acomodando los argumentos técnicos del estudio de impacto ambiental.
El diputado socialista Juan Pablo Letelier asegura que todo el proceso fue anómalo, partiendo de las solicitudes de "addendum". Dice que el proyecto estuvo rechazado, pero que todo cambió con las intervención del Frei y las presiones políticas del ex subsecretario Jorge Rosemblut. Al parlamentario no le caben dudas de que el tema Ralco fue negociado entre ministros, directivos de ENDESA y algunos representantes de los movimientos ecologistas.
Los ambientalistas reconocen haber tenido dos reuniones en palacio, pero aseguran que no hubo negociaciones de ninguna especie. Para ello, el Gobierno ya había tomado la decisión de dar el visto bueno a ENDESA y que sólo quería aminorar los efectos que ésto provocaría.
Para Guido Guirardi, diputado del PPD y miembro de la autodenominada "bancada verde", la Conama desprestigió al Gobierno con su última actuación, apoyando la tesis de que la repartición " se ha transformado en un mero ejecutor de las decisiones tomadas en otros servicios, ministerios y lugares"
La controversia llegó hasta el Congreso el jueves. Parlamentarios socialistas había solicitado insistentemente una sesión especial para trata el asunto, pero el ministro Villarzú defendió su idea de concurrir a explicar la postura del Gobierno una vez que estuviera la resolución de la Conama. Y así lo hizo.
La Cámara de Diputados, escuchó al ministro, a Vivianne Blanlot y a Domingo Namuncura. Las opiniones dentro del hemiciclo fueron encontradas. Para algunos el proyecto era definitivamente malo, y no debía aprobarse bajo ninguna condición. Para otros Ralco representa una oportunidad de desarrollo para Chile que no se debe desperdiciar. Una tercera tendencia planteó apoyar la iniciativa, siempre que se cautele rigurosamente los intereses sociales y ambientales de la zona.
Por cierto que también hubo críticas al procedimiento de la Conama. Aunque no se llegó al nivel de las acusaciones de los ecologistas - aseguran que Blanlot debió inhabilitarse porque su marido es funcionario de los dueños de ENDESA -, igual se le cuestionó la dependencia del organismo, que pertenece al Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Y Villarzú incluso estuvo de acuerdo con analizar la propuesta de dar más independencia a la Conama.
Pero a pesar de todo el debate, se aprobó un proyecto de acuerdo que respalda la construcción de la represa, con condiciones. Es decir, similar a lo que hizo Conama.
Las complicaciones del Gobierno
Lo único que no concuerda demasiado son las críticas a la conducta del Gobierno - al que acusan de haber privilegiado los intereses de ENDESA - es la cantidad de requisitos que se le exigen a la empresa para iniciar las obras.
Pero hay quienes tampoco se conmueven mucho con eso. En círculos políticos se afirma que el Gobierno siempre estuvo de acuerdo con Ralco, pero como sintió la presión de los ecologistas y temió ver afectada su popularidad, tuvo que "vender muy cara" la autorización, es decir, subiendo al máximo el nivel de las exigencias.
En La Moneda reconocen que las condicionantes puestas a ENDESA son las más rigurosas de nuestra historia y, lejos, las más elevadas de Latinoamerica. No obstante, creen que a pesar de eso, el proyecto sigue siendo rentable.
Es aquí donde reside el epicentro del problema que tiene el Gobierno para enfrentar el tema del medio ambiente. Navega entre dos frentes y sus posibilidades de complacer a ambos son virtualmente nulas.
En círculos cercanos a Frei se afirma que la doctrina de la actual administración se basa en la triología crecimiento con equidad y con respeto al medio ambiente.
Claro que en propio gabinete presidencial esta frase tiene diferentes interpretaciones. Una sector la decodifica como que la causa ecologista no debe hipotecar el desarrollo económico del país, que constituye la única salida a la pobreza. Este enfoque es partidario de impulsar todos los proyectos que vayan en ese sentido, intentando minimizar el impacto en la naturaleza. Otra vertiente, plantea que la idea es crecer, pero no a cualquier costo. Y aunque una iniciativa sea buena en lo económico no debe pasar si es "ambientalmente" inviable.
De cualquier modo, parece claro que no hay forma de dejar a todos satisfechos. Los ecologistas acusarán al Gobierno de un crimen ambiental, de un etnocidio por mover a los pehuenches de su habitat. Le cobrarán hasta el cansacio su espaldarazo a Ralco. Por su parte, ENDESA podrá quejarse de que fue el "pato de la boda" y que le cayó todo el peso de la nueva Ley del Medio Ambiente. Será una señal para los inversionistas.
Lo otro es el costo político. Guido Guirardi ya predijo que este episodio tendrá un efecto desfavorable para la Concertación en la elecciones de diciembre. Los dirigentes de los grupos verdes también sacan cuentas alegres, señalando que la actual situación sólo favorece las aspiraciones presidenciales de un candidato como Manfred Max Neef.
Dicen que la retórica ecologista suma cada vez más simpatizantes en Chile, sobre todo en las nuevas generaciones. Asimismo, agregan que ningun partido político tradicional puede sostener que defiende la causa ambientalistas. Ni el PPD de Girardi, porque la Conama está encabezada por funcionariosde esa colectividad. Ni Ricardo Lagos se salvará del "coro verde" que viene. le cobrarán que Domingo Namuncura, el hombre de la CONADI, es un cercano suyo.
Pero eso no es todo. El Gobierno también tiene una enorme presión internacional. Son conocidas las trabas que ha encontrado nuestra incorporación al Nafta debido a las cláusulas ambientales que contiene el tratado. Cada vez que Frei viaja al extranjero le tocan el tema. Este debe decir que Chile es extraordinariamente respetuoso de la flora y la fauna, pero como somos todavía un país pobre no podemos darnos el lujo de paralizar los procesos productivos por no dañar el planeta.
Aqui vuelve Tompkins. Daría lo mismo que fuera ecologista. El problema es que se trata de un norteamericano, que además es empresario y su proyecto es, de algún modo, una inversión extrajera. Por eso no parece mala idea firmar la paz con él para dar una buena señal al externa.
Sólo que una transacción con el estadounidense fisura drásticamente la unidad gubernamental y concertacionista. Se comenta que Belisario Velasco tiene una postura distinta a la de Villarzú, quien estaría por finiquitar pronto el tema. El embajador de Chile en Washington, John Biehl, sería otro de los partidarios de una solución de consenso.
Pero también está la opinión de los militares, que se sorprendieron con el inesperado anuncio que existía una propuesta semiformal del Gobierno hacia Tompkins. Son conocidas las aprensiones castrenses frente al proyecto "Parque Pumalin". Hay consideraciones relativas a la soberanía nacional y desconfianza en la palabra del inversionista, porque consideran que ha cambiado su discurso en más de una ocasión. El centro del conflicto de Tompkins con las autoridades es que éste ya no está dispuesto a ceder sus tierras a la Fundación Educec, porque en los estatutos determina que en caso de que el proyecto ecológico no propere, la propiedad pasa a control estatal. El norteamericano querría un nuevo directorio que le dé más garantías.
La propuesta de Villarzú consistiría en concederle beneficios tributarios al proyecto y declarar sus tierras "Santuario de la Naturaleza". A cambio Tompkins cede sus derechos a una fundación chilena. Incluso exitiría un principio de acuerdo acerca del directorio, que estaría encabezado, en el mediano plazo, por el ex ministro Enrique Correa, quien daría garantías a ambos.
En todo caso, la cuestión ambiental recién parece estar instalándose en la agenda pública. Parece inevitable por la internacionalización de nuestra economía y porque está claro que ya hay políticos dispuestos a arroparse con un discurso que ha dado jugosos dividendos electorales en otros paises del mundo.-