Martes 23 de Marzo de 1999Grave conflicto indígena
Sus problemas no son con los particulares o empresas forestales que, conforme a derecho, aparecen como propietarios de predios o plantaciones, sino con la exclusión y pobreza intolerables a que se les tiene sometidos.
La situación del pueblo mapuche y sus comunidades en las Regiones de la Araucanía y del Biobío, con movilizaciones crecientes de variado origen y motivaciones, es extremadamente compleja, de características explosivas, y por cierto, de imprevisibles resultados. El gobierno ha equivocado el camino en el cumplimiento de sus responsabilidades éticas frente a nuestros pueblos originarios y está abdicando de sus obligaciones para el conjunto de nuestra sociedad. Así de grave.
Reconozcamos inicialmente como aspecto clave de los problemas de convivencia con el pueblo mapuche la condición de absoluta miseria, y muchas veces de total abandono, por la que atraviesan y que les caracteriza. Esta cruda y dolorosa realidad de la que es muy probable no se tenga adecuado registro ni conocimiento en las esferas de gobierno, explica básicamente, a mi juicio, el hecho que -perdidas las esperanzas- ellos se presten o estén disponibles para aventuras asistémicas y rupturistas como aquellas violentas movilizaciones de las que se ha sabido últimamente.
La reivindicación por la propiedad de tierras ancestrales o de deudas de propiedad de ésta, con la que se presentan los conflictos en distintas localidades, no son sino la forma o vehículo de conducción de una protesta por la postergación y falta de oportunidades de la que son víctimas. Sus problemas no son con los particulares o empresas forestales que, conforme a derecho, aparecen como propietarios de predios o plantaciones forestales, sino con la exclusión y pobreza intolerables a que se les tiene sometidos. Y aquí no cabe responsabilizar sino al gobierno, que ciertamente ha fracasado rotundamente en mejorar la condición de vida del pueblo mapuche. Con el agravante que en 1989, formal, pública y solemnemente se suscribió un compromiso con ellos por parte del entonces candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, en el marco de la campaña presidencial de ese año.
Han sido ese tipo de promesas, rotas o no cumplidas, las que han permitido la poderosa agitación de la que están siendo víctimas. Activismo ajeno a las propias comunidades indígenas, muy probablemente de carácter e inspiración político-militante e incluso, como es sabido, proviniendo de extranjeros, ha sido el que ha llevado a las violentas manifestaciones conocidas en el último tiempo. Cabe pensar que esto no es casual ni espontáneo y que tampoco tiene que ver con las legítimas necesidades y carencias del pueblo mapuche. El carácter extremadamente violento de los episodios conocidos tanto en la VIII como IX Regiones es completamente ajeno a la idiosincrasia de la mayor parte de los mapuches o pehuenches. Han significado hasta ahora, a lo menos, explotación de bosques plantados por empresas forestales, bloqueo de trabajo de equipos mecánicos y cuadrillas, incendio de camiones, asalto de campamentos e incendios simultáneos de gigantescas extensiones boscosas, asalto e incendio de casas y bodegas, entre otras manifestaciones.
En el conjunto de esa agitación ha llamado especialmente la atención la actuación de un diputado de nuestra región, elegido por el Distrito 45, que incluye las ciudades de Tomé, Penco, Coronel, Hualqui, Florida y Santa Juana quien ha sido particularmente activo, a pesar que no se conocen todavía problemas de indígenas, o sus comunidades, en su territorio de representación. Se le ha visto virtualmente "en todas"; ha declarado que no se debe "judicializar" (llevar a tribunales) el conflicto mapuche dada la rigidez con que los representantes del Poder Judicial aplican las normas legales (!!!); aparentemente transportó en su propio vehículo a algunos de los "actores" del caso Lleu-Lleu el domingo 14 recién pasado; y últimamente, en tono amenazante, ha responsabilizado al gobierno, por su actuación, de las futuras movilizaciones indígenas que se anuncian en protesta por distintas cuestiones. No cabe sino expresar perplejidad que a un representante del Poder Legislativo, encargado de generar el marco regulatorio legal de funcionamiento de nuestra sociedad, le parezca inconveniente o inadecuado el que magistrados lo tomen en serio, lo apliquen y lo hagan cumplir. Actuaciones como las señaladas, salvo el protagonismo en medios de comunicación que puedan otorgar a quienes las realizan, no contribuyen en nada a la solución de los problemas de las comunidades mapuches. Las hacen más bien víctimas del activismo externo antes señalado, lo mismo que a quienes en el Distrito 45, sufriendo graves pero distinto tipo de problemas que aquellos, eligieron a un diputado para que les represente y ayude, distrayéndose éste en otros temas.
Deben así quedar claras las responsabilidades. El gobierno ha fracasado en su tarea y obligación moral de atender las necesidades y frustraciones del pueblo mapuche. Los conflictos no los han producido particulares o empresas forestales. Han sido víctimas de un activismo que mañosamente utiliza la miseria y estado de necesidad de los mapuches para crear y mantener un clima de intolerancia y de falta de convivencia, propicio a otras finalidades subalternas. A lo anterior, grave en sí mismo, se agrega la sensación de impunidad que se dibuja ante la sociedad. Pareciera que si la causa tiene determinados orígenes, conflictos indígenas por ejemplo, nada de lo que rige para la sociedad en su conjunto debe ser aplicado o tiene validez, siendo ello de la mayor gravedad e imprevisibles consecuencias.
Eugenio Cantuarias
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