Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Opinion

Martes 16 de Marzo de 1999

Movilizaciones mapuches

Los habitantes del territorio nacional tienen la obligación de respetar el estado de derecho que impera para todas las personas, sectores sociales y grupos étnicos del país.

Nuevos y graves incidentes se produjeron este fin de semana en Cañete, durante lo que sus organizadores habían señalado sería una pacífica rogativa, cuando al término del ritual los indígenas ocuparon la ruta hacia Quidico, ingresaron a la hacienda Lleu-Lleu e incendiaron una bodega con material de trabajo agrícola, además de apedrear y romper los vidrios de algunas viviendas. De esta manera se vuelve a manifestar la violencia de algunos grupos indígenas que tras el acuerdo de la empresa maderera propietaria de un predio en Traiguén con la Conadi para vender éste para su traspaso a los mapuches, se creía era un proceso que avanzaba hacia la búsqueda de soluciones pacíficas y dentro de la legalidad.

El reclamo indígena se refiere a sus supuestos derechos sobre tierras que pertenecieron a sus antepasados hace cien o más años y que hoy están legítimamente en poder de empresarios forestales, quienes cuentan con títulos de dominio perfectamente legales y han hecho fuertes inversiones en ellas. La solución del gobierno ha sido adquirir esas tierras a sus propietarios y entregarlas a los mapuches. Sin embargo, esta fórmula ha significado que otros grupos indígenas reivindican nuevos predios, incluso como en esta oportunidad, ingresando violentamente, incendiando bienes, atacando a los administradores, dejando un saldo de diecisiete personas detenidas. También, reiteradamente, el gobierno ha insistido que no aplicará la Ley de Seguridad del Estado, aunque a estas alturas cabría una evaluación de este proceso, ya que podría tratarse de movilizaciones que siguen una estrategia definida con fines más amplios y que pueden alcanzar otras dimensiones.

Conviene recordar que en la última década las etnias americanas han iniciado movimientos reivindicacionistas, apoyados por organismos internacionales. Así, no puede descartarse la presencia de activistas, incluso extranjeros, entre los mapuches en sus reclamaciones. Frente a esta realidad el gobierno debe asumir una política más amplia, ya que la mera entrega de tierras no ha permitido terminar con el problema. Por una parte, es indispensable un programa efectivo de integración para terminar con la marginalidad en que viven los indígenas, lo que incluye estrategias educativas específicas, proyectos económicos que les permitan salir de la extrema pobreza, con soluciones imaginativas y novedosas, que puedan incluir capacitación. Sólo cuando los indígenas se sientan valorados como personas e incorporados a la sociedad, es decir, plenamente chilenos, se habrá dado un paso adelante para terminar con las fantasías que se plantean desde el extranjero y que van desde la autonomía territorial hasta la constitución de una nación indígena independiente. Mientras, el resto del país debe ser protegido de toda acción violentista, aplicándose con rigor la normativa legal correspondiente ya que en este caso hay que defender el bien común de todos los chilenos y el estado de derecho.


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