Domingo 21 de Febrero de 1999

Estallidos de violencia

En el caso de Ralco, mientras la empresa eléctrica y las constructoras cumplan con la ley, pueden y deben seguir adelante con el proyecto y la autoridad debe hacer respetar sus derechos.

Los violentos incidentes ocurridos en el Alto Biobío, que dejaron como resultado a veintiocho personas detenidas, sumados al enfrentamiento entre mapuches y carabineros en la comuna de Traiguén, con un saldo de catorce detenidos e igual número de efectivos policiales lesionados y heridos, deben llevar a una seria reflexión. En ambos casos existen decisiones adoptadas por la autoridad competente en forma completamente legal, mientras que unos pocos adoptan una actitud de absoluto rechazo a la normativa vigente. Por lo mismo, también coincidentemente, Carabineros ha debido actuar para recuperar la legalidad, ante claros atropellos a la ley y al estado de derecho. Y en las dos situaciones se han producido violentos enfrentamientos.

Pero, las coincidencias no terminan ahí. Igualmente en los dos casos ha habido presencia activa de extranjeros en favor de la posición indígena. Y en el caso del Alto Biobío, curiosamente sólo hay cinco pehuenches detenidos de un total de veintiocho personas, cuya mayoría son activistas ecologistas, estudiantes y dos extranjeros. En un régimen de derecho se respetan las normas legales, se aceptan los actos legalmente efectuados por los organismos competentes y se acepta la autoridad policial cuando ésta se hace presente. En ninguna sociedad democrática puede, un grupo absolutamente minoritario, tomarse un camino, interrumpir el libre tránsito y con ello coartar la libertad de movimiento de las personas. Por eso, la autoridad tiene la obligación de recuperar la vigencia de la ley, aunque ello signifique utilizar a la fuerza pública.

Lo que es todavía menos aceptable es que estos grupos se opongan a la autoridad y a la policía, aún enfrentándola. Si este tipo de actividades fuera permitido se estaría incubando un quiebre del estado de derecho y permitiendo que unos pocos abusen de la fuerza en contra del resto de la ciudadanía. Ante hechos como los que se comentan, el gobierno debe actuar con decisión, muy especialmente cuando entre los detenidos figuran extranjeros a quienes se les debería aplicar la legislación correspondiente. Pero también habrá que estar atento a las organizaciones ecologistas, ya que pueden ser infiltradas por elementos violentistas que lleven a estos enfrentamientos. Ciertamente lo más serio es este germen de violencia, de rechazo a la ley y al orden por parte de un grupo minoritario, pero apoyados por activistas, entre ellos estudiantes. Demostrar debilidad ante la ilegalidad sería poner una luz verde para que estos hechos se repitan y para que adquieran cada vez mayor gravedad por la violencia de los enfrentamientos. En el caso de Ralco, mientras la empresa eléctrica y las constructoras cumplan con la ley, pueden y deben seguir adelante con el proyecto y la autoridad debe hacer respetar sus derechos. Si esto es claro, los grupos indígenas opositores deberán comprender que su única posibilidad es respetar la ley, tal como lo hace la inmensa mayoría de los habitantes de Chile.