Sábado 31 de mayo de 2003
tras solicitud judicial para paralizar obras de la megacentral que
se construye en alto biobio hecha por abogados de indigenas
El gerente de Comunicaciones de Endesa, Rodolfo Nieto, aseguró ayer que se reiterará a las autoridades la petición de que opere la tasación efectuada por la llamada Comisión de Hombres Buenos, que a fines del año pasado avaluó -bajo la tuición de la Ley Eléctrica- los predios de las familias que no han permutado. Con ello, la compañía pretende consignar los dineros en el tribunal y lograr el desalojo de los pehuenches. "Si ellos judicializaron el tema, nosotros también lo vamos a hacer", señaló Nieto.
La notificación de lo obrado por la comisión -que tasó los predios entre $ 1 y $ 2 millones por familia- se mantiene paralizada debido a que el gobierno acató mantener un statu quo en el Alto Biobío, luego que así lo solicitara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ello, porque los opositores a la construcción de la central hidroeléctrica habían presentado una demanda ante este organismo por vulneración a los derechos humanos, lo que llevó a crear una mesa de diálogo que anteayer culminó en fracaso.
Ayer, Endesa afirmó que "si el gobierno en un plazo prudente no resuelve este tema, apelaremos a las instancias judiciales pertinentes". La empresa aseguró que buscaron todos los caminos posibles para llegar a acuerdo con las familias, pero que "ya no hay más diálogo y el ofrecimiento (compensaciones económicas) ya no cuenta".
Hasta el jueves, la empresa estaba dispuesta a entregar $ 200 millones y 77 hectáreas de terrenos para cada una de las cuatro familias: Berta Quintremán, Aurelia Marihuán, Mercedes y su hermana Julia Huenteao. Sin embargo, éstas solicitan los mismos beneficios para otras 11 familias que habitan en sus predios. En una última oferta, Endesa comprometió $ 300 millones de pesos adicionales que entregaría al gobierno, a lo que se uniría la compra de mil hectáreas del Fundo Porvenir, en el Alto Biobío.
Paralización de obras
Ayer el abogado Roberto Celedón y el diputado PS Alejandro Navarro presentaron una medida precautoria en el tribunal capitalino -el mismo que hace dos semanas anuló el procedimiento que siguió la Comisión Nacional de Medio Ambiente para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de Ralco- con el objetivo de solicitar la paralización de las obras de la central.
El principal argumento es que el muro de la represa sólo tiene 100 metros y el túnel de desvío de las aguas se hará insuficiente cuando se incremente el caudal del río en invierno, con el respectivo peligro de inundación de los terrenos habitados. Celedón recalcó que "el camino no está cerrado al diálogo, pues se le ha reiterado al subsecretario Jaime Andrade (de Mideplán) la voluntad de las familias de resolver pacíficamente este largo conflicto".
Al respecto, Endesa respondió que dicho argumento es débil y se subrayó que "quien más pierde con todo esto es el país, ya que implicaría retrasar la entrada en operaciones de la central, con el consiguiente riesgo de déficit energético".
Historia de retrasos
El proyecto original de Ralco contemplaba su funcionamiento desde fines de 2002. Pero en 1998 su construcción sufrió una paralización de siete meses, a raíz de una solicitud del gobierno de no ejecutar faenas, con el fin de crear un clima de confianza y reuniones con los 400 pehuenches afectados. De éstos, la mayoría fue reubicado en los fundos El Barco y Huachi.
En septiembre de 1999, una nueva detención por orden judicial
-revocada luego por la Corte de Apelaciones- retrasó las obras por
cerca de un mes. En marzo de 2000 se paralizó por 30 días
más, hasta obtener la concesión eléctrica.