Contraloría desechó acusaciones de
cohecho en contra de funcionarios de la corporación hechas a fines
de mayo de 2001
Descartan irregularidades en Conadi
por compra de tierras
Denuncias se presentaron ante la Fiscalía de Temuco por la entonces
abogada de la institución, Andrea Reyes, quien aseguró la
existencia de presiones en la compra y venta de predios.
Fredy Palomera/Temuco
En un expediente que comprende más de cuatro mil fojas, la Contraloría
concluyó que en el denominado "escándalo Conadi" -relativo
a denuncias de ventas anómalas de terrenos hechas entre 1999 y el
2001- no existen irregularidades ni personas responsables de alguna falta
grave en transacciones de tierras.
La investigación se originó por una acusación
hecha el año pasado por la entonces fiscal de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Andrea Reyes, en la que
se solicitó investigar supuestos pagos de particulares a funcionarios
del organismo estatal para agilizar la compra o venta de las tierras, a
fin de entregarlas luego a mapuches de la IX Región. Actualmente,
la abogada trabaja en la Defensoría Penal Pública en Nueva
Imperial.
La acusación se formalizó el 31 de mayo del año
pasado, lo que ameritó una investigación que aún está
en curso en el Ministerio Público. A esta se suma el estudio de
la Contraloría, pedido por la entonces ministra de Planificación,
Alejandra Krauss.
Ayer, el director de Conadi, Aroldo Cayún, fue notificado
de la resolución, según lo precisó el contralor regional,
Yves Zegers, quien explicó que luego de haber tomado 128 declaraciones
a un total de 92 personas se concluyó que "no hay situaciones que
afecten la responsabilidad administrativa de funcionarios de Conadi".
El remezón que provocaron estas denuncias derivó
en una fuerte reestructuración de la Conadi y el ex director Edgardo
Lienlaf renunció al cargo, acusando falta de apoyo político
para sacar al organismo indígena de la crisis.
Pero las investigaciones permitieron concluir, según Zegers,
que ningún funcionario cometió alguna irregularidad "en la
percepción de pagos correspondientes a cohecho para facilitar la
compra de los predios que fueron investigados".
No obstante, se logró establecer que hubo falta a la probidad
por parte de un abogado de la Conadi contratado a honorarios, cuyo nombre
no fue dado a conocer por el contralor. Sin embargo, una fuente cercana
a la investigación aseguró que se trataba de Ricardo Aravena,
quien había aparecido como el posible receptor de pagos para facilitar
las negociaciones de tierras.
Asimismo, de acuerdo al informe de Contraloría, Aravena
-quien ya no trabaja para la Conadi desde 31 de diciembre pasado- no cayó
en faltas graves y sólo se le critica haber mediado para que la
corporación contratara los servicios de su esposa, Rose Marie Vásquez,
para el estudio de escrituras o títulos.
Respecto de los precios que se pagaron en las transacciones investigadas,
el contralor explicó que en los antecedentes de tasación
solicitados a organismos pertinentes "no aparecen cantidades pagadas en
exceso y, por el contrario, en algunos casos incluso se pagó menos
de lo que son los valores que generalmente se transan en la adquisición
de estas tierras".
El contralor agregó que las recomendaciones que se hacen
a Conadi en el informe tienen que ver principalmente con "mejorar algunos
sistemas de administración y de controles internos, lo cual apunta
a mejorar la gestión de esa Corporación".
Una copia del expediente, con sus 4.279 fojas, fue remitido a
la Fiscalía de Temuco, donde aún se trabaja en la investigación
penal de la denuncia realizada, lo que es el segundo capítulo del
"Escándalo Conadi". La tercera y última parte la comprende
una investigación similar que se instruye en el Primer Juzgado del
Crimen de Temuco, donde se indagan transacciones realizadas antes del 16
de diciembre de 2000, cuando entró en vigencia la reforma procesal
penal.
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| Las negociaciones del escándalo |
| A principios de junio del 2001 la Fiscalía de Temuco ordenó
recopilar los antecedentes sobre irregularidades en la compra de a lo menos
cuatro terrenos por parte de la Conadi para comunidades indígenas.
Uno de ellos fue la venta del fundo Las Vertientes -propiedad
de Lino Lecaros- en donde se aseguró que la entonces abogada de
la Conadi Marianela Bustos habría recibido una oferta de un millón
de pesos, por parte del dueño del predio para apurar los trámites
de que dieran el visto bueno a la venta. Esta propiedad sería entregada
a la comunidad de Lorenzo Calillanca ubicada cerca de Pucón.
El otro caso cuestionado fue la venta de los lotes A y B del fundo
Tranaquepe, cerca de Purén, propiedad de Ulises Venturelli. El terreno
fue vendido con un valor cercano a los tres millones de pesos por hectárea,
cifra considerada por sobre el promedio.
La tercera irregularidad se habría producido en la venta
del fundo California, ubicado en Pitrufquén, Novena Región.
En este caso la Conadi pagó más de $ 1.000 millones por 646
hectáreas a Juan Carlos Morstadt. Se aseguró que la venta
se concretó debido a la presión de terceros porque el terreno
era parte de una disputa entre la comunidad mapuche de Temulemu y la Forestal
Mininco.
El cuarto caso corresponde al predio Licanco, propiedad de Ana
María Ulbrich, quien denunció que el abogado de Conadi Ricardo
Aravena le exigió el 15% de la transacción para aprobar su
venta. Este terreno favorecería a la comunidad indígena Gineo. |
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