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"El gobierno no tiene ninguna duda en respaldar la central hidroeléctrica
Ralco... y en este caso es la Ley Eléctrica la que debe imperar".
Así lo afirmó ayer el ministro de Economía,
Jorge Rodríguez Grossi, quien en forma categórica defendió la construcción
y operación de la central que se levanta en el Alto Biobío, obra que
calificó de un "muy buen proyecto, y que no debe tener ningún obstáculo".
La autoridad sostuvo que la Ley Indígena
también cuenta en este proceso, pero es una norma que no tiene predominio.
-¿El gobierno está dispuesto a sacar
por la fuerza a las cuatro familias pehuenches bajo el amparo de la
Ley Eléctrica?
-"Yo espero que no sea necesario aquello,
pero acá la ley tiene que cumplirse como en todas partes. Si hay alguien
que viola la ley debe ser castigado, no cabe ninguna duda".
El ministro agregó que la ley en el país
es pareja para todo el mundo y se debe respetar.
En cuanto a un eventual atraso de la
entrada en operación de Ralco a raíz de este conflicto, la autoridad
se mostró absolutamente confiada en que la central entrará en servicio
en el momento oportuno, esto es en junio de 2004, como está previsto,
y de este modo descartó la posibilidad de un racionamiento.
Añadió que las necesidades eléctricas
de Chile van a ser satisfechas por la oferta de las empresas generadoras
y afirmó que existen proyectos en marcha, además de Ralco, cuyo costo
llega a los 500 millones de dólares. Agregó que el mercado responderá
en la medida que exista una regulación adecuada y para eso se tramita
un proyecto de ley en el Congreso. |
