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Las cuatro familias pehuenches que aún se niegan a entregar sus tierras
para la operación de la central Ralco en el Alto Biobío están dispuestas
a retomar el diálogo con Endesa para lograr una solución al conflicto.
Así lo expresó ayer el abogado de los
indígenas, Roberto Celedón, quien indicó que ellos siempre han estado
abiertos a conversar y a encontrar una salida al conflicto.
Indicó que insistirán en el criterio
de una indemnización no sólo para los cuatro propietarios titulares,
sino que también para los hijos de ellos, lo que eleva el número de
familias a 16.
En el plano jurídico, explicó que insistirán
en la aplicación de la Ley Indígena y en la relocalización de los pehuenches
cuyos terrenos serán inundados como lo establece la resolución ambiental
que autorizó a Endesa la construcción de la central Ralco.
También insistirán en sus acciones ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde acusan al Estado
chileno de negación de justicia.
Celedón precisó que en su acción ante
el organismo internacional, ellos sostienen que los procesos judiciales
han sido lentos, lo que ha permitido a Endesa a actuar sobre hechos
consumados en desmedro de los intereses y derechos de los pehuenches.
A su juicio si la justicia hubiese actuado
a tiempo, cuando correspondía "hoy no estaríamos en esta situación",
afirmó.
Endesa, en tanto, informó que su postura
"hoy" es apegarse a la tasación de los hombres buenos y a los procedimientos
de la Ley Eléctrica. Según trascendidos el valor fijado por los peritos
no sería parejo para las cuatro familias e iría entre los 60 millones
de pesos y los 6 millones de pesos.
Por su parte, el abogado Alex Quevedo,
también representantes de los pehuenches, informó que continuarán conversando
con los equipos jurídicos del gobierno, con quienes se reunirán el lunes
o martes. |
