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Reponer la mesa de diálogo es una de las opciones para lograr una salida
digna para las cuatro familias pehuenches que aún se niegan a entregar
sus tierras para el funcionamiento de la central Ralco. Es lo que buscan
Endesa y el gobierno, según trascendió ayer en fuentes vinculadas al
conflicto.
Según se explicó, en los próximos días
Endesa repondrá la oferta de 200 millones de pesos y 77 hectáreas de
terreno a pesar que dispone de la tasación de peritos que sólo la obliga
a pagar 60 millones de pesos como máximo a cada una de las familias.
Así, en acuerdo con el gobierno, Endesa
repondría la mesa de diálogo que encabezaba el subsecretario de Planificación
Jaime Andrade en un rol de mediador.
Ayer en Santiago se reunieron las cuatro
familias y sus abogados con el ministro secretario general de la Presidencia,
Francisco Huenchumilla.
Al fin del encuentro en La Moneda, el
abogado Celedón, representante de los indígenas, sostuvo haber recibido
"la seguridad del gobierno que va a hacer respetar las condiciones que
impuso en la resolución ambiental, en cuanto a que el proceso de reasentamiento
de las familias indígenas sólo se podía hacer sobre la base del respeto
a la ley indígena, esto es, a través del sistema de permutas de tierras".
No obstante, fuentes de la Secretaria General de la Presidencia aclararon
que el gobierno no asumió ningún compromiso con los pehuenches ayer.
Por otra parte, el profesor de Derecho
Constitucional, Fernando Saenger, señaló que en este caso la Ley Indígena
no puede estar por sobre la Constitución que limita el derecho de propiedad
ante intereses superiores de la nación. |
