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Las protestas convocadas por comuneros
mapuches en Santiago, Arauco y Temuco -sin la autorización de las
autoridades correspondientes- para expresar su repudio por la muerte
del joven Edmundo Lemún, constituyen una señal de alerta de que
el conflicto indígena ha tomado un rumbo más confrontacional que
el que venía arrastrando desde 1992, año en que se conmemoraron
los 500 años del descubrimiento de América. A los ya incontables
atentados a la Hacienda Lleu-Lleu (que lamentablemente volvieron
a la agenda periodística la semana pasada), las quemas de camiones
y predios silvícolas registrados en la Octava, Novena y Décima Regiones,
ahora se suman la destrucción de una máquina retroexcavadora en
un basural colindante a la comunidad Ñancahue, en Temuco, y los
atrevidos dichos del dirigente lafkenche Luis Llanquilef, quien
señaló que al pueblo mapuche se le está privando del derecho a la
vida y que, por tanto, ahora "todas las formas de lucha son válidas"
en función de la legítima defensa.
Sin lugar a dudas, el conflicto indígena -originalmente desatado
el 12 de octubre de 1992 con el proceso de "recuperación de tierras"-
ha incrementado su virulencia en los últimos diez años. Las tomas
"pacíficas" han sido reemplazadas por incendios intencionales, el
rostro de la inofensiva pobreza araucana por la acción de núcleos
violentistas que actúan a rostro cubierto con armas de fuego hechizas
y escopetas recortadas. Paradojalmente, las víctimas de la coacción
ya no son los aborígenes, como ocurrió durante la Conquista, la
Colonia y la "Pacificación de la Araucanía" en el siglo XIX. Hoy,
luego de tres gobiernos que se han esmerado por saldar la mentada
"Deuda histórica" promulgando una Ley Indígena y comprando propiedades
a través de la Conadi, son los propietarios de predios, sus trabajadores
y pobladores los que padecen los efectos de la insurrección. Chilenos
comunes y corrientes que respetan el estado de derecho, pero que
están condenados a vivir en vilo, sufriendo los ataques de otros
chilenos que reniegan de su condición de tales y enarbolan una retórica
basada en la dialéctica víctima/victimario, que carece de asidero
y sólo divide en lugar de unir, que retrasa la inversión y genera
más pobreza.
Ninguna reivindicación, sea étnica, política, social, económica
o cultural, puede arrogarse el derecho a usar la fuerza física.
En una república existen cauces adecuados para expresar la disidencia,
formular peticiones y sugerir cambios. Ignorar esos conductos y
pretender legitimar acciones vandálicas o subversivas con fines
secesionistas constituye un atropello a la ley, a la autoridad elegida
democráticamente y, sobre todo, a los ciudadanos que aspiran a vivir
en una sociedad que brinde seguridad e igualdad a sus habitantes.
Existen dos formas de manejar políticamente el tema. La primera
es asumir una actitud paternalista, llenando a los indígenas de
prebendas bajo la excusa de fomentar una discriminación positiva.
Este camino acaba con individuos que dependen del Estado para subsistir
y con otros que, inconformes, echan mano a estrategias de presión
ilícita y chantaje comunicacional en beneficio propio. La segunda
es potenciar la inserción de los pueblos originarios en el sistema
económico formal; entregarles herramientas para superar sus dificultades
y aceptar las diferencias culturales, pero sin pretender -ingenuamente-
encerrarlas en una burbuja. Todo esto respetando el estado de derecho
y sancionando oportuna y debidamente a quienes vulneren las reglas
de convivencia.
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