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"El Estado no tiene capacidad para responder
a todas las demandas por tierras que realizan las comunidades indígenas
del país". Así lo sostuvo el subsecretario de Planificación Jaime
Andrade, indicando que actualmente se realiza un proceso "ordenador"
del Fondo de Tierras de la Conadi, en base al cual se priorizarán
las futuras adquisiciones. "Y en ese marco no habrá excepciones
para el Alto Biobío", afirmó en relación a las críticas a la política
del gobierno que en esta materia han hecho los líderes pehuenches
de esta zona.
Indicó que las comunidades no obtendrán nada por la vía violenta
y que la única forma de lograr avances a sus demandas territoriales
es ajustarse al Estado de Derecho. Agregó que los indígenas deben
reconocer los logros que en esta materia se han logrado entre los
años 1994 y 2001, periodo en el cual se adquirieron 215 mil hectáreas,
con las cales se ha beneficiado a 5 mil 800 familias.
Añadió que la Ley Indígena que permite la adquisición de tierras
no es expropiatoria y reconoce tanto los derechos de las comunidades
como los de propiedad de los actuales dueños. En este sentido, recalcó
que "existen algunos privados que se aprovechan de determinadas
situaciones, como cuando se conoce el interés por adquirir un predio
suben el valor. Y otros crean situaciones ficticias para intentar
la compra por parte del Estado". Según el funcionario, todos estos
hechos han derivado en un proceso para hacer más transparente el
Fondo de Tierras y el sistema por el cual se adquieren los terrenos.
Andrade precisó que se elaboró un documento que ha sido presentado
a universidades, empresas forestales, organizaciones indígenas y
parlamentarios para que entregen sus observaciones que permitan
incorporar mayores grados de eficiencia en el uso de estos recursos.
La inversión para adquirir tierras durante el 2003 llegará a los
15 mil millones de pesos, con los cuales será posible adquirir unas
7 mil a 8 mil hectáreas, según los precios que se logren. La suma
de dinero señalada representa un leve incremento respecto a los
recursos destinados el 2002.
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