La complejidad de la cordillera; la falta de cariño en el trabajo
oficial con los indígenas al punto de considerarse éste "un
cacho" y un intendente más ocupado de la cosa pencopolitana detonaron,
a juicio del ex gobernador de Biobío, Juan Carlos Coronata, el cuadro
de violencia en Cauñicú que le tiene el alma encogida.
Como pocos, conoce palmo a palmo el Alto Biobío y en disputa por
territorios, en su época, llegaba de madrugada para dialogar con
caciques y loncos, la autoridad "territorial", y no seudos dirigentes,
con quienes, algunos actores políticos prefieren entenderse, dividiendo
las comunidades.
Un gran error ha sido sentar a la mesa, para efectos de disputas de tierra,
a dirigentes sin representacion territorial, dijo. Y otro, la reacción
del gobierno frente a las medidas de fuerza de indígenas en contra
de colonos, sacándolos. "Indirectamente, recibieron señales
para nuevas presiones y, si más encima, después que salen,
nadie conversa ni se suscriben actas de quien queda, se impone el más
fuerte".
En sus palabras, se advierte cariño por los pehuenches, pero no
justifica sus acciones violentas. Y dice que si el Estado compra terrenos
y los entrega bajo una modalidad justa y equitativa, a quienes más
lo requieren, "se estaría descomprimiendo la situación" que,
advierte, se avecina más aguda.
Hay que atender dice, dos clamores: Mayor disponibilidad de tierras para
subsistir y para poder terminar con el hambre que pasan durante varios
meses del invierno, todos los años, y mayor participación
en las decisiones que el aparato público está tomando en
función de programas de desarrollo para la zona.
Una autoridad "con rango" y en terreno, dispuesto a hacer cumplir los compromisos
del gobierno puede ayudar, porque otro clamor de las comunidades es el
contacto permanente con el intendente, ministro de Mideplan, del Interior
o Presidente. "De ahí para abajo, nadie les satisface en una interlocución
que sea veraz, clara y que cumpla los compromisos que se han prometido",
dijo.
Reponer confianzas
A lo menos, 25 mil hectáreas más se requieren para las comunidades
de Trapa Trapa y Malla, donde, en 63 mil hectáreas, viven 240 y
129 familias pehuenches, respectivamente, pero en suelos que se han ido
erosionando y degradando en los últimos 50 años. Y donde,
además, en 30 años, la población se ha incrementado
al doble, dijo Coronata.
Si bien valora los planes de desarrollo gubernamental para el área,
"podemos llegar al peor de los mundos", advierte, si no se atiende el hambre
de muchas familias que está siendo conducida a acciones violentas
por seudos dirigentes. No es lo mismo, dijo, sentir hambre a las cinco
de la tarde que a las 10 de la mañana, "y todos los días".
"Hay que actuar rápido para reponer confianzas", agregó,
y exigir rigurosidad al trabajo público en esa zona, donde los recursos
se quedan en una serie de acciones administrativas o contratos de "secretarios
para secretarios". |
