miércoles 27 de marzo de 2002

Inversión en comunidades indígenas

En los últimos días el Ejecutivo ha inyectado energía al cumplimiento de la llamada ''deuda histórica'' del Estado chileno con los pueblos originarios. Con un nuevo director en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Aroldo Cayún, y creando el cargo de coordinador ejecutivo de Políticas y Programas de los Pueblos Indígenas, asumido por el subsecretario de Planificación Nacional, Jaime Andrade, el Presidente Lagos lanza una clara señal para atacar la raíz del conflicto mapuche: la pobreza. Durante una visita de 48 horas a la provincia de Arauco, el subsecretario dio a conocer la inversión de 14 mil millones de pesos que se destinarán a la compra de tierras para 30 comunidades y, además, se reunió con Cayún y consejeros de la Conadi para brindar mayor legitimidad a la reestructuración de la alicaída Corporación. También, respondiendo a la estrategia del gobierno en terreno, fue la propia ministra de Mideplan, Cecilia Pérez, la que asistió a la exposición de los avances del Comité de Coordinación Regional de Salud Intercultural, celebrada en Arauco ante la presencia de representantes pehuenches, lafquenches y mapuches.

Los tres gobiernos de la Concertación han mantenido una posición de franca apertura en la problemática indígena. Sin embargo, a doce años del trabajo de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, a diez de las tomas de terreno encabezadas por Aucán Huilcamán con ocasión de los 500 años del Descubrimiento de América, y a nueve de la promulgación de la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas (conocida como Ley Indígena), las demandas aborígenes subsisten, el uso de la violencia -aunque se diga que es aislada- se ha incrementado sostenidamente y la ''deuda histórica'' parece alargarse en forma indefinida.

La administración Lagos, como ya había ocurrido con la de Aylwin y más tarde con la de Frei, se ha embarcado en la difícil tarea de pensar un nuevo Chile, plural y tolerante, con la problemática indígena superada. En ese sentido, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, emprendida por S.E. y liderada por Patricio Aylwin, concluirá algo que no es nuevo: hay que reparar las injusticias a las que se sometió a los pueblos originarios. Siguiendo esa lógica, la solución puede tener dos caminos: uno es el de tratar a los indígenas compensándolos en exceso como si no pudiesen valerse por sí mismos, lo que de paso sólo vendría a mantener y acentuar las diferencias entre los indígenas y aquellos que no lo son (''huincas''). El otro es el de aceptar que con tipos étnicos y culturas distintas somos habitantes del mismo país, y que el consenso sólo puede existir entre iguales que se reconocen como tales.

Los esfuerzos del Primer Mandatario por llevar a puerto la cuestión indígena, y que pretenden cumplir las 17 medidas con las que se comprometió en mayo de 2000, para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y efectuar programas productivos que les permitan mejorar sus condiciones de vida, no han de perder de vista que la pobreza es un problema que afecta al 18% de la población nacional, que todos los ciudadanos chilenos son iguales ante la ley y que la miseria debe combatirse no sólo con compensaciones, sino principalmente entregando a las personas las herramientas necesarias para que puedan forjar su propio desarrollo.


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