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A través de un comunicado
público emitido en las últimas horas, la organización
de mujeres mapuche-pehuenches "Mapu Domuche Newen" ("mujeres con la fuerza
de la tierra") declaró que ante el retiro de Nicolasa Quintremán
de la oposición a la Central Ralco, la resistencia contra Endesa-España
en la zona cordillerana continuará sin mayores variaciones, ya que
aún quedan en las comunidades del Alto Bío-Bío seis
familias decididas a no salir de sus tierras ancestrales. Entre ellas -señalan
en el comunicado- se encontraría la ñaña Berta Quintremán
Calpán, hermana de Nicolasa y quien es considerada por los pehuenches
como el verdadero "puntal" de la lucha contra Endesa en dicho territorio,
eclipsada sin embargo todos estos años por la mayor figuración
mediática de su hermana mayor.
Respecto de la negociación
con Endesa-España a que habría accedido Nicolasa Quintremán
para permutar sus tierras y posibilitar la construcción definitiva
de la represa Ralco, la organización lamenta dicha decisión
que califica de carácter "personal" y motivada por presiones "familiares",
a la vez que señala que se trata tan sólo de un "triunfo
a la vergüenza" para la empresa española Endesa, al quebrar
después de un sin fin de acciones de manipulación, engaño
y amedrentamiento la férrea oposición de una mujer símbolo
en la lucha del pueblo mapuche por sus derechos políticos y territoriales.
"En todos estos años de lucha
nos han engañado, dividido y manipulado, pero estamos decididas
a no abandonar nuestras tierras... hasta la última gota de nuestra
sangre estará enterrada con los nuestros, en los cementerios que
quedarán bajo el agua de esta represa", finalizan en el comunicado.
El escenario que viene
Si bien al interior del movimiento
mapuche todos coinciden en que esta "promesa" de permuta firmada por Nicolasa
Quintremán a Endesa representa un duro golpe "moral" a la lucha
contra el megaproyecto, también existe coincidencia en lo relativo
de sus efectos, más aun en momentos en que la Organización
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, acaba
de acoger una presentación judicial contra el Estado chileno por
la situación que afecta a las familias pehuenches del Alto Bío-Bío.
Según Roberto Celedón,
abogado que representa los intereses de Mapu Domuche Newen, el reciente
fallo del máximo tribunal latinoamericano representaría también
un "duro" golpe a los planes de Endesa-España en la zona cordillerana,
ya que obliga al gobierno chileno a detener todos los procesos en favor
de la construcción de Ralco hasta que las instituciones internacionales
decidan la situación de derechos humanos de las comunidades pehuenches
afectadas.
Explicó que, si bien esto
no implica paralizar las obras, permite frenar el proceso administrativo
judicial que se sigue respecto a la tasación de terrenos y evitar,
de paso, la inundación de las propiedades de las familias que todavía
se oponen de manera terminante a las permutas.
"Mapuches sin posibilidad de juicio justo"
El miércoles 17 de diciembre,
el Tribunal de Garantía de Temuco terminó de acoger las solicitud
de la fiscalía de investigar a los comuneros mapuches detenidos
en Temuco en las redadas del 4 de diciembre, así como a otros comuneros
detenidos con anterioridad, por "asociación ilícita terrorista"
al pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco, ordenando al mismo tiempo
mantener la prisión preventiva de los últimos comuneros incluidos
en el múltiple procesamiento. Ellos son los hermanos Rafael y Pascual
Pichún, Luis y Juan Millacheo y José Huenchunao, recluido
éste último en la cárcel El Manzano de la VIII Región.
En audiencia anterior (6 de diciembre), fueron notificados de la acusación
los otros 16 imputados.
La calificación de "terroristas"
a los comuneros detenidos, permite a la fiscalía transgredir los
derechos garantizados constitucionalmente, con el objeto de obtener alguna
evidencia, negándoseles el beneficio de la libertad condicional
además de permitir la intervención telefónica, seguimientos,
mantener reserva de la investigación e infiltrar organizaciones,
entre otros posibilidades.
Con anterioridad, la Primera Sala
de la Corte de Apelaciones de Temuco concedió la libertad provisional
a Ester Alvarez, una de las 16 detenidas en el marco de esta investigación,
por estar amamantando, quedando con la obligatoriedad de firmar ante los
tribunales cada 15 días, prohibición de salir del país
y de acercarse a otras personas vinculadas a la Coordinadora. Para la abogada
Miriam Reyes, de la Defensoría Pública de Angol, el que se
haya otorgado la libertad provisional a Ester Alvarez "da cuenta que los
hechos que se investigan no son de la magnitud que desde el punto de vista
mediático-comunicacional ha pretendido señalar el Ministerio
Público. Si efectivamente la Corte hubiese considerado que hay un
grupo que tiene sembrado el terror en las zonas urbanas y rurales de la
Novena Región, nadie hubiese salido en libertad con medidas cautelares
de baja intensidad", señaló la abogada al Kolectivo Lientur.
Ausencia de pruebas
Para el abogado Hugo Gutiérrez,
defensor de Angélica Ñáncupil y Mireya Figueroa, unas
de las detenidas el 4 de diciembre, el tribunal no entregó los antecedentes
suficientes para someter a los detenidos a investigación por terrorismo
-"son burdos e insuficientes para sustentar la gravedad de los hechos denunciados"-,
señalando que las pruebas exhibidas en dependencias de Carabineros
por el Ministerio Público el pasado 11 de diciembre, "recuerdan
los montajes realizados durante la dictadura militar para inculpar a personas
sólo por tener literatura que muestren opciones políticas
y culturales. Las fotos del Che Guevara, del cantante Víctor Jara
y literatura de autores destacados a nivel internacional, como Luis Sepúlveda,
y obras como 'El viejo que leía novelas de amor' son presentadas
aquí como elementos que incitan a realizar acciones terroristas".
Esa opinión es compartida por los otros abogados defensores, como
Jaime López, asignado por el Ministerio Público, quien señaló
al informativo electrónico Kolectivo Lientur, que "en este caso
se ha calificado una conducta terrorista prácticamente desde nada",
porque "cada vez que al Ministerio Público se le pregunta qué
antecedentes en concreto posee, simplemente se acoge a una reserva".
-¿Esta dentro de la legalidad
este proceder?, le preguntamos al abogado Gutiérrez.
"Por supuesto que no, por eso va
la apelación a la Suprema. Es una broma macabra que se inculpe a
alguien de terrorista sin mostrar ningún antecedentes y amparándose
en el secreto de la información".
-¿Se están transgrediendo
los derechos de las personas?
"No es que transgreda algo, sino
que, en definitiva, si el gobierno quiere que se persiga a los mapuches,
el Poder Judicial se comporta como un poder servil a sus intereses. Eso
es lo que ocurre. Si el gobierno quiere acusar a los mapuches por homicidio
múltiple calificado, el juez de garantía va a hacer eso".
-En ese marco, ¿ve alguna
posibilidad de un juicio justo?
"Ninguna posibilidad. Creo que,
en toda la historia de dominación del Estado chileno, los mapuches
nunca han tenido un juicio justo.
Y en esta ocasión tampoco.
El juez de garantía es una broma, porque de garantista no tiene
nada".
-¿Qué paso viene ahora?
"Tengo la confianza de que el recurso
de amparo que presentamos en Temuco, pero que fue rechazado, la Corte Suprema
lo pueda revisar y acoger nuestra argumentación".
-¿Qué penas arriesgarían
los detenidos, de continuar en el camino que va?
"Las penas no están fijadas
en la ley antiterrorista, porque esta ley lo que hace es calificar el delito
base, como por ejemplo el delito de asociación ilícita del
Código Penal, y la sube en 1, 2, ó 3 grados".