 |
 |
|
|
Si hay una política gubernamental
hoy día en el tema indígena, ésta se llama Orígenes.
Así lo manifiesta el director del Instituto de Estudios Indígenas
de la Universidad de la Frontera, Alejandro Herrera, lo que -dice- traducido
es meter plata para neutralizar cualquier conflicto. Pero suma otras críticas,
como la poca participación de los indígenas y el que los
programas que existían en algunas zonas serán reemplazados
por los proyectos "orígenes" o simplemente dejarán de existir.
Pero, en otra de sus críticas
a Orígenes, el académico es categórico: "El proyecto
no tiene ninguna proyección en el sentido de estimar qué
es lo que va a ocurrir después de que termine, en seis años.
No hay ninguna propuesta clara de qué va a ocurrir posteriormente,
no está implícita la idea de sustentabilidad del proyecto
a lo largo del tiempo. En otras palabras, nos parece que el proyecto es
esencialmente asistencialista. Significa entregar recursos determinados,
en un periodo de tiempo determinado, en un sector de población determinado,
y punto".
La
cooptación de los dirigentes indígenas
Una crítica que también
se le ha hecho, incluso en la prensa, es la cantidad de gente que se está
financiando fuera de las comunidades indígenas, o sea que hay como
una capa de intermediarios más o menos gruesa, en la que se desperdiciarían
recursos ¿Está de acuerdo con esa crítica?
"Dada la magnitud del proyecto,
no creo que haya fundamento para criticar el número de funcionarios
que trabajan en el programa. No es ése el punto: el punto es, y
como segunda crítica importante, cómo el programa a partir
de una postura integracionista busca la cooptación de los líderes
indígenas. En otras palabras, un buen número de los funcionarios
que actualmente laboran en el programa son indígenas -en muchos
casos dirigentes de organizaciones indígenas. Eso es evidente en
el caso mapuche, lo que no contribuye al fortalecimiento de la organización
indígena y, menos, al fortalecimiento de su movimiento. Al contrario,
crea mecanismos de división dentro de las comunidades y de conflicto
dentro de las organizaciones indígenas, sobre todo considerando
el volumen de remuneraciones que se maneja, que sí es un tema importante
a discutir".
Se ha hablado de un uso político,
tendiente a dividir y neutralizar el conflicto mapuche.
"La política del Estado chileno,
particularmente de los tres últimos gobiernos, ha sido la misma.
Uno no puede decir que este gobierno en particular, o en este programa
en particular, se pensara especialmente en la cooptación de la dirigencia
indígena, porque ésa ha sido la política sistemática
de todos los gobiernos hasta la fecha, y es la política del Estado
chileno en general, si es que se puede hablar de una política indígena.
El primer ejemplo fue la creación
de la Conadi, que significó la cooptación de los principales
líderes indígenas a través de la vía de la
conformación del consejo de la Conadi. Un ejemplo es el caso de
Santos Millao y muchos otros que en definitiva eran los líderes
fundamentales del movimiento indígena y que de un día a otro
pasan a ser funcionarios del Estado.
Creo que un problema de fondo es
que, en general, el Estado chileno no sabe cómo enfrentar la relación
con los pueblos indígenas y tampoco está interesado en profundizar
en ello".
¿La Conadi ya no estaría
sirviendo para este mecanismo de cooptación y por eso aparece directamente
Mideplán con esta otra instancia?
"Ese es otro punto crítico
y donde puede haber, en ese caso en particular, una intencionalidad política,
y es que no cabe duda que la ley mandata a la Conadi para los efectos de
ejecución de programas como éste. No hay otro organismo,
legalmente hablando, que tenga el derecho a arrogarse la posibilidad de
ejecutar este tipo de programa. Yo quiero destacar que los mismos personeros
del Banco Interamericano así lo plantearon originalmente. Ahora,
que no fuera la Conadi quien asumiera el control de este proyecto, que
fuera Mideplán y que además se creara un programa especial
que se ha caricaturizado como la "Conadi dos", evidentemente sugiere la
idea de un manejo político que busca el debilitamiento de la Conadi.
Sin embargo, curiosamente es cada vez más notorio que no se puede
prescindir de la Conadi al interior del gobierno y que es muy probable
que su rol en la ejecución del proyecto vaya aumentando notoriamente,
porque ni el Mideplán ni un programa de este tipo tienen la experiencia,
los recursos ni los contactos, la trayectoria que, en definitiva, la Conadi,
más allá de cualquier crítica, ha logrado establecer
en su relación con los pueblos indígenas. Pero también
creo que la Conadi no está dispuesta a asumir plenamente la ejecución
del proyecto, porque éste arriesga grandes costos políticos
y es evidente que la Conadi no está dispuesta a seguir perdiendo
imagen ante la sociedad nacional y por lo tanto va a ir asumiendo algunos
pasos que son de su interés pero en ningún caso la responsabilidad
del proyecto".
También hay una demora en
la aplicación del programa…
"Están absolutamente atrasados
en la ejecución del programa. Esta primera etapa debió haber
estado en funcionamiento pleno, en el desarrollo de la ejecución
en terreno, el año pasado. El desfase que hay en los distintos ejes
-educación, salud, etc.- es de por lo menos seis meses de retraso.
Sólo para mencionar un ejemplo: el mecanismo que se va a utilizar
para la ejecución de los proyectos específicos es la licitación
pública, porque es el que estipula la ley en el caso de programas
gubernamentales. A la fecha, entiendo que sólo algunos programas
del área de la educación han sido licitados, y sin resultado
porque se han tenido que declarar desiertos fundamentalmente por errores
administrativos del mismo programa".
¿A qué atribuye el
problema?
"Hay un problema de competencia
en general de ciertas autoridades y ciertas estructuras de poder, dentro
de la concepción del programa. Para decirlo derechamente, yo creo
que hay personas que no tienen idea del tema indígena. El problema
es que el equipo de trabajo que toma decisiones en el programa, no tiene
idea de la temática indígena y piensa que nadie tiene idea
tampoco. El problema es que están dialogando con instituciones y
con gente que lleva 20 años trabajando en la zona, independientemente
de si lo han hecho bien o lo han hecho mal".
Para el académico, sin embargo,
algunos de los objetivos subterráneos del programa se han cumplido,
lo que nota en la disminución de las movilizaciones indígenas,
principalmente en territorio mapuche. "La preocupación hoy día,
es no tanto los derechos indígenas, sino que la discusión
es cómo accedemos a las platas de Orígenes. Entonces, de
nuevo lo que ha ocurrido es que el Estado ha tenido éxito".
Es decir, ¿se ha logrado frenar
el movimiento reivindicativo mapuche?
"En realidad, las situaciones conflictivas
han disminuido en los últimos meses en relación a lo que
era hace un año. Yo no tengo duda de que hay una clara penetración
de la dirigencia indígena. Ahora, eso implica la necesidad de una
autocrítica del movimiento indígena, que es necesaria y urgente,
pero también evidentemente el Estado ha encontrado una manera más
de demorar los procesos, de colonizar de nuevo. Es la vieja técnica
que siempre se usa en estos casos: la mejor manera de acabar un conflicto
es poner plata en el conflicto. Porque la discusión deja de ser
de asuntos fundamentales, una visión de sociedad, de beneficio de
grupos sociales, y pasa a ser una discusión casi individual".
Características del programa
El Programa Orígenes se ha
implementado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo,
que facilitó 80 millones de dólares para un "Programa de
desarrollo integral de comunidades indígenas", los que unidos a
la reasignación local de recursos que aportan otros 53,4 millones,
dan un fondo de 153,4 millones de dólares, administrado por una
instancia creada especialmente y que depende del MIDEPLAN.
El programa, que se quiere concluir
en seis años -a través de distintas fases-, se ha fijado
como objetivo "mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo
con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche", financiando
cinco componentes: de fortalecimiento de las comunidades indígenas
e instituciones públicas (US$6,3 millones), de desarrollo productivo
(US$19,7 millones), de educación y cultura (US$11,7 millones), de
salud intercultural (US$6,7 millones), y un componente de mercadeo social
(US$1,1 millón).
El programa abarca las poblaciones
indígenas de las regiones I, II, VIII, IX y X, comprendiendo un
total de 44 comunas, esperando llegar a 26.000 familias rurales, 1.300
comunidades y 5 áreas de desarrollo indígena. Como el programa
está dividido en fases, en la primera pretenden abarcar a unas 12.000
familias indígenas de cerca de 630 comunidades, de las cuales 406
serán mapuches, por conformar la mayor población étnica
del país.
El sucio negocio de dividir
A un año de la puesta en marcha
del "Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígena" -mejor
conocido por el nombre de Programa Orígenes-, con dineros facilitados
por el BID, son más las críticas que ha generado que los
resultados concretos obtenidos. Es así como las denuncias por irregularidades
en las remuneraciones de los directivos culminaron con la remoción,
a fines de julio, del Coordinador del programa en la Novena Región,
Felipe Ortega, quien recibía un sueldo que superaba ampliamente
los 3 millones de pesos mensuales. Tras esta destitución, el coordinador
de asuntos indígenas, Jaime Andrade, admitió un ajuste en
las remuneraciones del programa, pese a que, declaró, éstas
son las más bajas en proyectos de estas características -alcanzando
el 6,6%, comparado con el 10% que se acostumbra en gastos administrativos.
Actualmente, se gastan cerca de 5.000 millones de pesos anuales en estos
rubros, lo que dado el tiempo que durarían la ejecución y
seguimiento de los proyectos -superior a seis años-, sobrepasaría
los 20.000 millones de pesos en sueldos y honorarios de ejecutores y directivos.
Es por eso que al iniciarse una
nueva etapa del Programa, se decidió introducir innovaciones entre
las que se encuentra un ajuste en las remuneraciones de directivos y funcionarios,
como asimismo una revisión de la labor de sus promotores. En este
sentido, tras la destitución de Felipe Ortega, Sergio Castillo asumió
como coordinador en la Novena Región. El nos recibió con
una amable sonrisa en las oficinas del programa en Temuco y se explayó
sobre los objetivos que busca la aplicación del programa, y los
próximos pasos: "Yo espero que de aquí a un par de meses,
las comunidades que tienen sede, que tienen saneado legalmente el terreno,
que comiencen a implementar la sede, van a tener la disponibilidad de los
recursos para tener un lugar donde reunirse y trabajar; en segundo lugar,
en la parte productiva, espero que de aquí a fin de año haya
un grupo de por lo menos 40 ó 50 comunidades que tengan los planes
productivos aprobados y algunos de esos proyectos se estén comenzando
a implementar; y que ojalá el próximo año todas las
comunidades, estamos hablando de cerca de 400, puedan ya iniciar un proceso
de inversión de recursos en su territorio y entren a un sistema
que permita despegar".
Sin embargo, los cuestionamientos
se ciernen sobre el programa.
Angélica Catrileo, presidenta
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Temuco, comparte
las críticas sobre las irregularidades en las remuneraciones: "Hace
un año que se está llevando a cabo este programa y no hay
ninguna comunidad que esté ejecutando algún proyecto. O sea,
se ha ido gastando un montón de dinero a nivel medio para arriba,
que al final lo que va a llegar a las comunidades va a ser prácticamente
la nada misma con respecto a la totalidad de las platas destinadas", advirtiendo
también sobre la escasa participación de la gente en la asignación
de los recursos. En el mismo tenor, a pocos días de hacerse públicas
las altas remuneraciones de los directivos, representantes de 34 organizaciones
de la sociedad civil de la Décima Región hicieron llegar
una carta a la ministra de Mideplán, Cecilia Pérez, manifestando
que "el pago excesivo de remuneraciones y retraso en su implementación
(del programa), constituyen, a nuestro juicio, sólo la consecuencia
de un proceso" que radica, especifican, "en la falta de participación"
de la sociedad civil. "La iniciativa ha sido elaborada -le enrostran a
la ministra- sin un proceso consultivo efectivo y su implementación
ha estado marcada por la falta de transparencia y la discrecionalidad en
la toma de decisiones. A nivel local, el proyecto ha iniciado sus acciones
desconociendo los procesos de articulación y desarrollo local que
ya venían generándose en las distintas zonas. Por su parte,
las inversiones del proyecto, canalizadas sin procesos informados y abiertos,
han transformado los beneficios para ciertas comunidades en malestar para
otras. En breve, el proyecto ha predispuesto a dirigentes contra dirigentes
y a comunidades contra comunidades, en un mismo territorio", explica la
misiva. Lo que nunca se sabrá es si lo habrá entendido la
ministra.