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15 de diciembre de 2008
por Lucía Sepúlveda Ruiz
http://periodismosanador.blogspot.com/
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Lorenzo Morales Cortés, defensor de Avelino Meñaco, lonko de
la comunidad Pascual Coña (sector LleuLleu, Región del Bío
Bio) alegará en la Corte de Apelaciones este lunes 15 de diciembre,
contra la petición de nulidad del fallo que absolvió a Meñaco
del cargo de incendio. Sin embargo el profesional fue previamente despojado
de toda su argumentación para el juicio, que fue fotografiada junto
a otros documentos en el violento allanamiento que sufrió su hogar santiaguino
el pasado 9 de diciembre, donde se llevaron su computador. La Corte de Apelaciones
de San Miguel (en Santiago) fallará el amparo presentado por el propio
abogado a favor de sí mismo y contra la fiscal adjunta del Ministerio
Público Norte, Ximena Chong Campusano y la jueza del Séptimo
Juzgado de Garantía, Cecilia Pastene Pérez. Lorenzo Morales se
desempeña profesionalmente en la División Jurídica de
la Municipalidad de La Ligua, V Región, que tiene una de las cuatro
alcaldías comunistas del país.
"Tengo que alegar el lunes en Concepción y esto posibilita a la
fiscalía conocer ilegalmente mi estrategia de defensa antes del juicio.
No hay razón alguna para este allanamiento, ni proceso alguno en contra
mía, esto es un acto de intimidación y por ello he presentado
un recurso de amparo. Debo agregar que también allanaron el domicilio
de mis padres", denunció a esta periodista el joven profesional
durante el desarrollo de un seminario realizado en la Universidad Central sobre
Criminalización de las Demandas del Pueblo Mapuche, el pasado 10 de
diciembre. Tratando de explicarse la violencia del procedimiento policial,
el abogado –que no estaba en su domicilio al momento de la incursión
policial - recordó: "He recibido también amenazas telefónicas,
me dicen que tenga presente lo que ya les ha ocurrido a los abogados Myriam
Reyes, Pablo Ortega y Jaime Madariaga, que han defendido causas mapuche y cuya
carrera profesional ha quedado afectada. Eso lo tengo grabado y puedo presentarlo
como prueba".
Ayer, el profesional agregó que al acoger el recurso caratulado con
el número 427, la Corte incluso lo extendió a la policía
que efectuó el procedimiento, por la gravedad de los hechos. Numerosas
organizaciones mapuche y de derechos humanos han solidarizado con Lorenzo Morales
por la violación a sus derechos y el amedrentamiento de que ha sido
objeto.
El juicio ganado
El lonko Avelino Meñaco fue absuelto por el tribunal oral de Cañete
el 3 de noviembre, después de pasar ocho meses en prisión acusado
de quemar una cabaña en el sector Antulafquén. Lorenzo Morales
hizo comparecer a testigos que situaban al imputado en el sector Quilaco, a
5 km del lugar del incendio, lo que invalidó las acusaciones del ministerio
público. Los fiscales exclusivos de la Novena y Octava regiones, Miguel Ángel
Velásquez, y Mario Elgueta, respectivamente, habían pedido la
pena de 10 años y un día de cárcel para el dirigente.
Ellos no están acostumbrados a perder en los juicios. Recurrieron de
inmediato, pidiendo la nulidad por supuestos vicios de forma.
Perfil del defensor
En 2007 y 2008 Lorenzo Morales ha asumido como defensor privado causas que
afectan a miembros de la comunidad Juan Paillalef , como la lonko Juana Calfunao
(presa en la Cárcel de Temuco) y su hijo Waikilaf Cadin (libre en la
actualidad), entre otros. Su desempeño le ha valido el reconocimiento
de esos luchadores sociales mapuche, quienes han destacado que el abogado ha
prestado sus servicios profesionales en forma totalmente solidaria, lo cual
les permitió por primera vez llegar a un juicio oral a exponer sus argumentos.
Asimismo Morales ha interpuesto recursos de amparo por violencia policial en
la comunidad Cacique José Guiñón, de Ercilla y representó al
werken José Cariqueo en una demanda por injurias y calumnias contra
Forestal Mininco.
La creciente pesencia de defensores privados especialistas en derechos humanos,
y de profesionales tan destacados como el ex juez Juan Guzmán han sido
clave para triunfos que hubieran sido imposibles de conseguir con los defensores
públicos. El clima de amedrentamiento del que da cuenta el abogado Morales
también forma parte de la criminalización de las demandas analizada
en el seminario citado. Los profesionales del Observatorio Ciudadano que defienden
causas que afectan a comuneros mapuche han sido cuestionados en varias oportunidades
por el Fiscal Regional de Temuco Francisco Ljubetic.
En otros casos los amedrentamientos han afectado a profesionales comprometidos
con la causa mapuche que trabajan para la Defensoría Pública
Mapuche.
La jueza y la Corte de San Miguel
La jueza Cecilia Pastene Pérez, una de las mencionadas como responsables
de los allanamiento, no tiene buena fama en los medios. En octubre de este
año el Colegio de Periodistas debió recurrir a la Corte de Apelaciones
de San Miguel para que se revocara la medida impuesta por la jueza, que prohibía
a la prensa informar el nombre del abogado Pedro Toledo, formalizado por estafa.
El fallo marcó un precedente jurídico en materia de defensa de
la libertad de expresión.
En su tribunal, el 7º de garantía, el 15 de abril de 2007 Lorenzo
Morales interpuso una querella por tortura en nombre de Waikilaf Cadin – entonces
recluido en la Cárcel de Alta Seguridad ubicada en esa comuna - contra
los responsables de hechos de esa naturaleza ocurridos en la cárcel
de Temuco que continuaron durante el traslado del demandante a la capital en
un vehículo de Gendarmería. No hubo avances en la causa.
En cuanto a la fiscal Chong, como adjunta en la División de Delitos
Económicos y Funcionarios, ha participado en las investigaciones por
delitos en las municipalidades de Huechuraba y Recoleta. Se ignora la motivación
de esa Fiscalía en este caso.
Historial de amedrentamientos
Organismos nacionales como el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
(hoy Observatorio Ciudadano) y entidades internacionales de derechos humanos
como la Organización Mundial Contra la Tortura han ido registrando diversos
tipos de amedrentamientos a profesionales vinculados a la defensa de los mapuche.
Una de ellas es la causa por desacato interpuesta contra la defensora pública
Myriam Reyes García el 13 de noviembre de 2005 en Temuco. Se la responsabilizó arbitrariamente
de filtrar información publicada en el diario electrónico "El
Gong" de Temuco, sobre los 20 millones de pesos que gastó el Ministerio
Público en los diez testigos de cargo presentados en el juicio por el
incendio "terrorista" ocurrido en el predio Poluco Pidenco (caso
Patricia Troncoso y otros).
El año 2002, por otra parte, el abogado Pablo Ortega se querelló en
Temuco contra los Fiscales del Ministerio Público responsables del delito
de "interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas".
La magistrada Isabel Uribe decretó en esa oportunidad el cese de la
ilegalidad que afectaba al profesional, defensor de los dirigentes mapuches
Victor Ancalaf y José Huenchunao – en ese tiempo recluidos en
Concepción- y de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco. Estos últimos
se encontraban entonces recluidos en la Cárcel de Temuco por el supuesto
delito de "asociación ilícita terrorista calificada".
Ese mismo año, en agosto, el abogado Jaime Madariaga, que defendía
a la menor Daniela Ñancupil por un caso de violencia policial sufrió el
ataque incendiario e intencional de su camioneta.
Los principios vulnerados
El derecho a la defensa es un derecho absoluto, de acuerdo a la doctrina internacional
de Derechos Humanos. Y también lo es de acuerdo al artículo 19
de la Constitución chilena, que establece en su artículo 19 que "todo
persona tiene derecho a defensa jurídica", prohibiéndose
expresamente a toda "autoridad o individuo" "impedir, restringir
o perturbar la debida intervención del letrado". La Convención
Américana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica,
asimismo, establece (artículo 8) el derecho irrenunciable del inculpado
de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estas garantías
judiciales, no pueden ser suspendidas ni siquiera en Estado de Guerra, de peligro
público o de otra urgencia.
El desarrollo del juicio en Concepción y el resultado del recurso de
amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción arrojarán luces
sobre el grado en el cual el Estado chileno sigue "avanzando" en
la criminalización de las demandas del pueblo mapuche. En términos
de los cientistas sociales, hechos como los descritos se inscriben en el ejercicio
del "derecho penal del enemigo" es decir de aquel que justifica la
suspensión total de las garantías para quienes rompen el pacto
social y se colocan fuera del sistema, por lo que no gozan tampoco de sus beneficios
legales.