Río Negro (Neuquén), 03 de agosto de 2002.
 

Los funcionarios provinciales y delegados mapuches explicaron sus diferencias ante la delegación de la OEA.

LOMA DE LA LATA (AN). - Como dos divorciados obligados a vivir bajo el mismo techo, la provincia y las comunidades mapuches de Loma de la Lata mostraron ayer la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuál es el trato que mantienen en forma cotidiana. Y sobre el yacimiento que opera el tercero en discordia -Repsol-YPF- discutieron, se enojaron y explicaron las razones de una relación irreconciliable.

Robert Goldman, el hombre que preside la comisión, habló poco, ensayó todas las muecas imaginables en su rostro, intentó ser ecuánime y se manejó en inglés para hablar con sus colaboradores cada vez que las partes se trenzaron en una discusión.

"Ellos se llevarán su impresión pero las determinaciones se harán sobre los estudios sanitarios de la comunidad", afirmó una calificada fuente que participó del recorrido.

Las visitantes, dos norteamericanos y un argentino, llegaron para definir si la Corte Interamericana interviene en la causa por contaminación de Loma de la Lata, que se inició a partir de un fallo de la Defensoría del Menor y el Adolescente de Neuquén.

La comisión que integran Goldman, la abogada Elisabeth Abi-Mershed y el secretario adjunto Santiago Cantón se reunió por la mañana con cada una de las partes en Neuquén y por la tarde en un colectivo de la provincia desandó la tierras rojas que cubren al yacimiento gasífero más grande de Sudamérica. En Loma de la Lata, a unos 75 kilómetros de la capital provincial, dos camionetas de los mapuches delante del ómnibus torcieron el itinerario que los funcionarios provinciales habían definido con Repsol-YPF.

Los mapuches obligaron a cambiar el recorrido e hicieron bajar a los representantes de la empresa que querían mostrar las instalaciones de la planta de explotación.

"Una falta de respeto total, esta no es la forma de conducirse; no se puede hacer lo que hicieron", se quejó el abogado Alfredo Tirachini, de la Asesoría Legal de la Gobernación.

"¿Qué tiene que hacer la empresa acá? ¿Por qué tienen que recorrer la planta? ¿Por qué tienen que ir por dónde ellos (por Repsol) dicen?", justificó Gabriel Cherqui, uno de los referentes de la comunidad Kaxipayiñ. Cherqui lucía una remera que decía "Maldito Repsol".

Fue así que la comitiva modificó el itinerario y Elba Paynemil se transformó en la guía de una larga caravana que mezcló a mapuches, funcionarios, a la defensora del Menor y el Adolescente Nara Osés y a varios periodistas. Así, muy despacio, los visitantes llegaron a la planta de agua que se alimenta del lago Los Barreales, una de las obras que la justicia le ordenó a Repsol que construya a partir de que se constatara la contaminación de las napas. Allí, las respuestas técnicas se enredaron con preguntas de sentido común y los detalles abundaron por sobre lo concreto. Así, al cabo de media hora, el debate que avanzaba hacia ninguna parte se dio por terminado.

Cuando la tarde ahogaba algunas luces, los mapuches llevaron a Goldman y la comitiva al pozo de agua de don Tránsito Parada, donde mostraron que a cinco metros de la superficie la gasolina fluye a borbotones. Con tarrito en la mano, un integrante de la comunidad hizo arder el combustible ante los ojos de las visitas y las cámaras de los periodistas. La zona está cercada y desde hace varios años se intenta sanearla.

El cierre llegó al cabo del análisis del sistema de agua de una de las sólidas viviendas que Repsol construyó a los mapuches, donde hubo otra discusión técnica. Fue en ese escenario que Goldman mirando la inmensidad de la Patagonia pensó en voz alta: "Si Menem vuelve a ser presidente quizá hace una pista como la de Anillaco", se le escuchó decir con media sonrisa.
 

Un final anunciado

NEUQUEN (AN)- Desde muy temprano quedó claro que la presencia de la comisión podía acercar una solución el conflicto entre los mapuches y Neuquén.

La defensora de Menores, Nara Osés, fue elocuente al afirmar que no se podía "imaginar un acuerdo en esta instancia". Y consideró que "tendrían que haber estado en la mesa de negociación las máximas autoridades del gobierno provincial para tomar decisiones y sin embargo esto no ocurrió".

Verónica Huilipán, portavoz de las comunidades mapuches, señaló que "el acuerdo de sistema de partes ya está viciado. No podemos aceptar nuevamente un acuerdo para que dentro de dos o tres años tengamos que volver a reclamar por el incumplimiento del gobierno".

Por su parte, José Luis Sierra, director de Medio Ambiente, defendió la postura de la provincia: "nosotros hemos buscado insistentemente las pruebas de la contaminación en la zona y no las hemos encontrado".

Ahora, habrá un informe de la comisión interamericana, que será elevado al Estado nacional con una serie de peticiones. Luego, en base a la respuesta del Estado, la comisión decidirá si eleva el caso a la Corte Interamericana.

Y este organismo, luego de hacer el juicio, terminará ordenando al Estado las medidas a tomar.
 
 

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