Central Ralco: ñañas y Endesa alcanzan acuerdo definitivo

por Malú Urzúa R.

Con extremo hermetismo, la secretaría general de la Presidencia, representantes de Endesa y abogados de las familias pehuenches dueñas de los predios en litigio, trabajaron durante semanas en un acuerdo que, se espera, pondrá punto final al conflicto. El texto, que quedó listo anoche, fue suscrito hoy en el palacio de Gobierno.

Tras una década de conflicto, marcado por sucesivas interrupciones a conversaciones iniciadas, esta mañana debería ponerse fin -siempre que no surjan arrepentimientos de última hora- a la disputa librada entre Endesa y las familias pehuenches que habitan la zona del Alto Biobío donde se construye la central hidroeléctrica Ralco.

Durante semanas y en extremo secreto, el ministerio secretaría general de la Presidencia, altos representantes de la empresa española y abogados de las ñañas trabajaron en dos ''memorandos de entendimiento'' que, según está previsto, fueron firmados hoy en La Moneda, en una ceremonia encabezada por el ministro Francisco Huenchumilla.

Uno de los memorandos se refiere a las compensaciones directas que Endesa entregará a las familias pehuenches. El otro, contempla los compromisos y acciones que deberá adoptar el Gobierno.

En las conversaciones participaron, por el Gobierno, el ministro Francisco Huenchumilla, el subsecretario de la Segpres, Rodrigo Egaña, y el abogado del ministerio de Economía, Santiago Escobar. Por Endesa, el gerente general de la compañía, Héctor López Vilaseco. Por las cuatro pehuenches que no habían querido hasta ahora permutar sus tierras, los abogados Alex Quevedo y Roberto Celedón.

Impuestas de los resultados de la negociaciones, las ñañas Berta Quintremán, Aurelia Marihuan, Mercedes Huenteao y Rosario Huenteao viajaron anoche a Santiago y, según los planes, a media mañana caminarán -desde el hotel céntrico donde alojan- hasta La Moneda, para rubricar el acuerdo.

Detalles de los memorandos

Dos son los ''memorandos de entendimiento'' acordados. Uno es entre las ñañas y la empresa eléctrica, en cual el Gobierno actúa como garante; el otro, involucra a las cuatro ancianas pehuenches con el Ejecutivo.

En el primero, se establece que Endesa entregará a cada una de las cuatro propietarias pehuenches 77 hectáreas similares a las que se permutan y una suma única de 200 millones de pesos a modo de compensación económica a cada familia.

Además, la empresa se compromete a entregar a la Conadi las tierras -hoy en propiedad de estas familias pehuenches- que no sean inundadas por las aguas de la Central Ralco. También, a desembolsar 300 millones de pesos que irán a una institución que se creará de mutuo acuerdo entre ambas partes y que tendrá como misión impulsar un programa de desarrollo en favor de los ''afectados indirectos'' que surjan por la construcción de la central hidroeléctrica. Es decir, de los hijos y descendientes de las ñañas.

Por su parte, las pehuenches deberán desistirse de las acciones judiciales y administrativas que han presentado en contra de la instalación de la central en el Alto Biobío.

En el segundo memorando de entendimiento–que será suscrito por las propietarias pehuenches y el Gobierno- el Ejecutivo se compromete a adquirir mil 200 hectáreas del fundo El Porvenir, actualmente de propiedad del BancoEstado. Terrenos que serán transferidos, gratuitamente, a los familiares de Mercedes y Rosario Huenteao, Berta Quintremán y Aurelia Marihuan, que en total suman doce núcleos.

El Gobierno, además, ofreció otorgar subsidios habitacionales para las cuatro ñañas y sus familias (serían 16 casas, en total), las que podrán localizarse en las 77 hectáreas que entregará directamente Endesa, o bien, en las otras 200 del fundo El Porvenir.

También, el Ejecutivo se compromete a mejorar la accesibilidad al predio mencionado y ofrece establecer una reserva forestal en el resto de esos terrenos.

En el acuerdo que firmaría Endesa con las pehuenches, la empresa controlada por capitales españoles se compromete a otorgar una pensión vitalicia a un descendiente de las ñañas, mientras que en el que suscribiría el Gobierno se deja establecido que se entregarán ocho pensiones de gracia y 21 becas de estudio a familiares de las propietarias pehuenches.

Tras bambalinas

La Moneda decidió retomar las conversaciones privadas después de constatar que el escenario internacional se complicaba cada vez más para el Estado de Chile en una materia que quiso mantener entre “privados”.

Además de la visita a Chile del relator especial de políticas indígenas ante la ONU, Rodolfo Stavenhagen (quien deslegitimó los mecanismos que ha utilizado el Estado para enfrentar las demandas de tierras de los mapuches), se consideró el inminente pronunciamiento sobre el tema por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En los próximos días, dicha instancia debía resolver una solicitud presentada en julio por las familias pehuenches para que se adoptaran medidas cautelares por el incumplimiento de un mandato anterior de dicho organismo. El Gobierno debía, antes, contestar la presentación hecha ante el organismo internacional por los abogados de las ñañas.

El referido mandato de la Comisión Interamericana, emanado en diciembre de 2002, solicitaba al Gobierno de Chile que se abstuviera de realizar cualquier acción que modificara el statu quo de aquel entonces. Se hacía especial referencia a que no se notificaran las tasaciones efectuadas por la Comisión de Hombres Buenos, pues ello implicaba el inicio del trámite legal. Sin embargo, el proceso de notificación se inició, lo que provocó la segunda presentación indicada.

Luego de que la Comisión Interamericana de DDHH emitiera el mandato el año pasado, se llegó a una base de acuerdo en el tema. De ahí surgieron los compromisos del Gobierno de impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de velar por el cumplimiento de las resoluciones ambientales y crear la comuna de Santa Bárbara, entre otras materias.

El punto muerto de las tratativas fueron los dineros que debía desembolsar Endesa. Hasta julio pasado, las conversaciones permanecieron paralizadas, con una Endesa cada vez mas amenazante. Se habló incluso de demandas judiciales contra el Estado, por la demora en la entrega de las tasaciones por parte del Gobierno.

La respuesta que debía enviar el Ejecutivo a la Comisión Interamericana de DDHH con relación a las medidas cautelares solicitadas por las familias pehuenches “activó”, finalmente, a La Moneda, que -esta vez- asumió como un asunto prioritario concluir con éxito la disputa.

El Gobierno, entonces, inició conversaciones directas con los controladores de la compañía Endesa en España. Misión que fue encomendada al embajador de Chile en Madrid, Enrique Krauss. Paralelamente, se dejó de lado a los interlocutores habituales privilegiando nuevos contactos entre el subsecretario Rodrigo Egaña y el asesor de Endesa, Eugenio Tironi.

También pesó en el acuerdo final, la partida del gerente de la filial chilena de Endesa, López Vilaseco, a quien no le era indiferente dejar su cargo, en diciembre próximo, sin dar solución al más importante conflicto público que ha enfrentado la empresa en Chile.