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4 de Septiembre del 2002
Mapuches inician campaña contra acuerdo con la UE
por El Mostrador.cl
Organizaciones indígenas con sede en Europa lanzaron iniciativas de propaganda para oponerse al pacto económico entre Chile y la Unión Europea, que consideran riesgoso para la existencia de comunidades indígenas en este país.
Organizaciones mapuches con sede en Holanda, Bélgica, Suecia y el Reino Unido iniciaron una campaña contra la ratificación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Chile, destinada a hacer notar los efectos del pacto que consideran riesgosos "para la existencia y desarrollo de las comunidades indígenas"
Las agrupaciones han iniciado en Europa la distribución de cartas y documentos informativos entre miembros de los legislativos de los países miembros de la UE, y ante el mismo Parlamento Europeo.
Los mapuches argumentan que Chile no brinda garantías para la implementación de un desarrollo sustentable, y destacan que el incremento de actividades comerciales por parte de inversionistas y empresas multinacionales traerá como consecuencia "la explotación descontrolada de los recursos naturales en el territorio ancestral de la nación mapuche".
Las organizaciones Enlace Mapuche de Inglaterra, Ñuke Mapu de Suecia, Centro de Residentes Indígenas de Holanda y el Comité Belga-Americaindia respaldan la campaña, que denuncia la falta de políticas de protección del bosque nativo y del ambiente en Chile han causado un alarmante deterioro del ecosistema y biodiversidad del territorio en el que habitan las comunidades.
Uno de los activistas del Comité Belga-Americaindia, Gaston Lion, aseguró que sus planteamientos cuentan con gran apoyo de parlamentarios europeos, especialmente en Bélgica. "Muchos diputados apoyan la causa indígena por lo que votarán en contra de un acuerdo económico-social con Chile", dijo.
Lion remarcó que estas acciones no representan boicot a la economía nacional. "La economía de Chile se ha aprovechado de los mapuches que han sido son explotados", denunció.
También denunció que "la ejecución de la totalidad de los proyectos de infraestructura que se gestionan en territorio indígena se efectúan sin el consentimiento de las comunidades afectadas, y constatan que la ejecución de tales proyectos contraviene incluso la reglamentación vigente sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas".
Misión en Chile
Las agrupaciones mapuches han instado a los europarlamentarios que la implementacion del acuerdo con la UE infringe "normas y principios éticos enunciadas por la Unión Europea, situación que debe ser considerada como condición elemental en el propósito de fomentar el intercambio comercial con los países en vías de desarrollo".
Resaltan que las conversaciones con el gobierno chileno no se haya dado adecuado relieve a los aspectos relacionados con el respeto de los derechos humanos y al desarrollo sostenible, las políticas ambientales y el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas "tanto desde la perspectiva de los acuerdos y normas establecidas por la Unión Europea así como por la ONU y otros organismos internacionales".
En la carta que enviaron a los parlamentarios europeos, las organizaciones solicitan que se envíe una misión a Chile para que investigue las denuncias de las organizaciones indígenas.
Reynaldo Mariqueo aseguró que la comisión que vendría al país podría conocer en terreno las violaciones a los derechos humanos que han sido víctima los comuneros y la situación crítica que se vive en Ralco".
Entre los aspectos negativos que rigen en Chile la vida de las comunidades mencionan que la población mapuche registra los más altos índices de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo.
"El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población chilena. La discriminación racial y la intolerancia es una realidad diaria. La usurpación de tierras mapuche por parte del Estado y particulares sigue sin resolverse", declaró Mariqueo.
En la misiva, las organizaciones también denuncian la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, la detención indiscriminada de mujeres, ancianos y niños, y la existencia de un creciente numero de "presos politicos" indígenas, algunos de los cuales se encuentran en huelga de hambre en protesta por imputársele cargos y delitos que no han cometido, según argumentan.
Del mismo modo, afirman que el sistema judicial chileno vigente no brinda garantía de un juicio justo e imparcial a los comuneros y dirigentes que son sometidos a proceso en tribunales militares y bajo normas introducidas durante el régimen militar.
"Después de 12 años de democracia el actual Gobierno se niega a ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, así como el senado chileno, acaba de rechazar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, evidenciando la falta de voluntad política para solucionar un conflicto en pleno desarrollo en el cono sur de América", aseveran.