29 de enero de 2003

REBROTES DE VIOLENCIA EN IX REGIÓN/ Estrategia que siembra temor en zona de conflicto:

Ya fueron desmanteladas dos fábricas de armamento casero, el mismo usado en sus ataques por la Coordinadora Arauco-Malleco, que defiende todas las formas de lucha. El Gobierno, en tanto, niega la existencia de grupos paramilitares, pero los empresarios advierten que sí están operando.

Iván Fredes

TEMUCO.- Una tensa calma se vive en la zona de conflicto mapuche de la Araucanía. Han pasado nueve días desde que una docena de indígenas encapuchados, portando armas hechizas y bombas molotov, atacaran durante la madrugada a nueve guardias forestales en un fundo de Ercilla.

En los predios y caminos rurales saben que tarde o temprano cabe esperar otra violenta sorpresa, porque ya está visto que con el objetivo de amedrentar, estos grupos gustan incluso de hacer exhibiciones de su poder de intimidación, tal como ocurrió en el cementerio de la comunidad Chequenco (Ercilla) durante el funeral del joven indígena Edmundo Lemún Saavedra, el 14 de noviembre pasado, fallecido al ser
alcanzado por un balín durante incidentes.

En el sepelio, un mapuche encapuchado sujetó firme una escopeta hechiza, apuntó a los periodistas, y lanzó una furiosa amenaza: Dejen sus cámaras en el suelo. Más vale que no intenten filmar o fotografiar. Nosotros daremos la orden cuando lo hagan.

Tres encapuchados armados, dos con escopetas hechizas y otro con un rifle de postones, vigilaron cada movimiento de la prensa.

Ésa fue la primera vez que los grupos mapuches más radicalizados mostraron públicamente que están dispuestos a emplear todos los medios en su lucha de liberación nacional del pueblo indígena para establecer, progresivamente, territorios libres y autónomos, como reza su discurso.

Nuestra lucha es seria y hasta la muerte, advirtió otro encapuchado que golpeó violentamente con una chueca (madera con la que se juega al palín) las piernas del fotógrafo free lance César Arroyo, luego de que éste hiciera un comentario en voz baja.

Escalada violentista

Esta exhibición de poder intimidatorio, si bien no es un hecho aislado en la zona, refleja bien el nuevo escenario que está presentando el conflicto mapuche en el último año.

Ya pasaron los tiempos en que pequeños grupos indígenas realizaban ocupaciones simbólicas para llamar la atención sobre sus demandas de tierras y de marginalidad socioeconómica, a la que ellos denomi- nan la deuda histórica del Estado chileno.

Incluso, los enfrentamientos, las ocupaciones de oficinas, las marchas de protestas, el bloqueo de carreteras, la retención de funcionarios públicos, las ocupaciones productivas de predios, incendios de bosques, maquinaria o casas, suelen ser definidas por ellos como acciones de grupos más pacíficos que presionan de esa manera al Gobierno para negociar sus demandas.

La diferencia la marcan grupos más radicalizados, que son los que siguen actuando en la zona de conflicto. Como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización antisistémica, autonomista y rupturista, contraria a cualquier forma de diálogo, que optó por todas las formas de lucha, incluida la vía armada. Tienen un doble discurso, porque aunque minimizan esa postura en forma pública, porque no están dadas las condiciones objetivas, dicen, en la práctica la están aplicando en sus acciones.

De hecho, tras la detención de su cúpula directiva y operativa en diciembre pasado, con su líder José Huenchunao a la cabeza, la organización está siendo investigada como asociación ilícita terrorista, sus integrantes están imputados por conductas terroristas y la fiscalía del Ministerio Público recientemente ha establecido que existen claras vinculaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

¿Grupos paramilitares?

Tras una seguillida de acciones violentas en las regiones del Biobío y La Araucanía, en los años 1991-2001, el Gobierno había logrado disminuir la conflictividad en la Araucanía. Ello después que la ex ministra de Mideplán, Alejandra Krauss, y el actual subsecretario de la misma cartera, Jaime Andrade, suscribieron seis acuerdos reservados con 34 comunidades mapuches en el período 2001-2002. Paz social a cambio de tierras , fue la política que permitió un breve respiro.

Sin embargo, la hegemonía de las acciones más violentas fue asumida por la CAM, organización hoy semidesbaratada, a cuyos integrantes se responsabiliza de la mayor parte de los 18 ataques con armas de fuego y bombas incendiarias registradas entre enero del año pasado y este mes (Ver infografía).

El modo de operar siempre es el mismo. Sus blancos son los fundos forestales y predios de agricultores vecinos a sus comunidades de influencia. Actúan encapuchados, en pequeños grupos de 5 a 30 personas, algunos con armas convencionales y otras hechizas. Lo hacen en forma sorpresiva, coordinada, generalmente de noche y bajo la conducción de un jefe que imparte órdenes en lengua mapuche y, a veces, con un silbato que cuelga al cuello.

Tras un período de relativa calma (enero a noviembre del 2002), las violentas acciones armadas resurgieron con mayor fuerza desde el fatal enfrentamiento entre comuneros de la CAM y Carabineros, en el fundo Santa Elisa (Ercilla), donde cayó mortalmente herido uno de sus integrantes, Edmundo Lemún, producto de un balín compatible con el usado por escopetas antidisturbios de Carabineros.

Desde esa fecha hasta ahora se han realizado 10 de los 18 ataques armados. Todos circunscritos o focalizados en un área de 70 mil 650 hectáreas de la zona rural de Erci- lla-Collipulli-Angol, según precisa el gobernador de Malleco, Mario Venegas.

La autoridad local, si bien reconoce la gravedad del conflicto, protagonizado por grupos muy minoritarios, señala que ante esos hechos se ha reaccionado dura y oportunamente con denuncias y querellas, incluso presentando requerimientos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y por Ley Antiterrorista.

Talleres de armamento

Aunque tras el atentado de Ercilla, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, consideró exagerada la denuncia de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que habló de actuación de grupos paramilitares a vista y paciencia de las autoridades, la percepción de los residentes en la zona es que los hechos acaecidos en los últimos tres meses parecen demostrar lo contrario.

En el Gobierno, como lo reconoce el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, existe preocupación no sólo por la presencia de grupos armados. También por la proliferación de armas caseras o hechizas detectadas en la zona de Collipulli, Ercilla y Angol. Ya se han desbaratado dos talleres clandestinos, uno este mes y el otro a fines del año pasado, cuando este tipo de armamento hizo su aparición pública. Primero en pandillas urbanas de Collipulli y luego en los grupos indígenas más radicalizados.

Tanto es así, que el fiscal militar de Angol (CJ), Andrés Villagra Ramírez, instruye, desde marzo del año pasado a la fecha, 15 causas por fabricación, tenencia y porte de ese tipo de armas confeccionadas con simples tubos, fierros y soldaduras, pero que pueden llegar a eliminar a una persona a una distancia de 25 a 30 metros.

En el mismo período, además, se han incautado una veintena de esas armas y un número similar en proceso de fabricación. Se calcula que un centenar están en manos de pandilleros y mapuches de la zona.

La fiscalía del Ministerio Público de Collipulli mantiene una línea de investigación preferente para pesquisar el tráfico de escopetas hechizas entre los grupos radicalizados.

Este tipo de armamento, de acuerdo a indagaciones preliminares, son vendidas entre cinco y diez mil pesos. Para su empleo requieren de un entrenamiento básico.

Sobre estos antecedentes se funda la denuncia de la Corma, que además es respaldada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Andrés Santa Cruz. Acusan que existen grupos organizados, debidamente adiestrados, adoctrinados y preparados para sembrar el terror en la población rural. Por lo mismo, insisten en que el Gobierno haga respetar el Estado de Derecho, que consideran vulnerado con este tipo de acciones.

En la política del diálogo

El subsecretario del Ministerio de Planificación, Jaime Andrade, además el coordinador de la política indígena del Gobierno, cree que se ha avanzado en soluciones para la mayoría de las comunidades mapuches que opta por el diálogo. Doy fe del espíritu pacifista de ellos, asegura.

Exhibe logros: 56 mil millones de pesos para subsidios, compra directa y traspasos de predios y regularización de 258 mil hectáreas desde 1994 a la fecha.

También la ejecución del proyecto Orígenes por US$ 132 millones para mejorar la calidad de vida del mundo indígena. Además de múltiples programas de becas, educación intercultural, vivienda, salud, proyectos productivos.

Andrade reclama contra el trato discriminatorio que a su juicio se tiende a dar al mundo indígena en el tema de la violencia. No son todos los mapuches. Son grupos muy pequeños. Por eso mismo, rechazo esa interpretación y esa discriminación.

Y subraya que los sectores radicalizados pueden, y es posible que sigan actuando, porque responden a una lógica de desestabilización.

Sostiene que se ha avanzado positivamente, pero que quedan temas pendientes por resolver. Dice que no se ha resuelto aún el tema de fondo: reconocimiento constitucional, participación, tierras, empobrecimiento y respeto de la cultura. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero lo pendiente no sólo compete al Gobierno. También al país.

Avances hacia la desarticulación

Ante las críticas por la supuesta impunidad con las que actúan los grupos violentistas, el Gobierno resalta los logros investigativos y condenatorios del sistema procesal que opera en La Araucanía.

A las 16.30 horas de ayer en el Tribunal de Garantía de Collipulli se realizó una audiencia de formalización de cargos por parte de cuatro fiscales del Ministerio Público en contra de siete máximos dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco, como presuntos autores de quema de bosques en el fundo Pidenco, de la comuna de Ercilla, hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2001.

Los imputados, todos en prisión preventiva desde diciembre del año pasado, enfrentan cargos por conductas terroristas y pertenencia a una asociación ilícita. Entre ellos figuran el líder de la Coordinadora, José Huenchunao, el vocero José Llanquileo y los activistas Patricia Robles y Ciriaco Michacheo.

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, destaca como un hecho positivo la desarticulación de la Coordinadora Arauco-Malleco, con la detención de sus principales líderes intelectuales y operativos.

Toda la información de inteligencia es puesta a disposición del Ministerio Público, señala.

De hecho, en los últimos dos años han sido condenados al menos una treintena de mapuches por conductas terroristas, además de incendios de casas, sembrados, bosques y vehículos. Asimismo, por daños calificados como usurpación, secuestro, hurto y robo de madera y trigo, amenazas condicionales y lesiones graves.

Además, se han realizado cinco juicios orales y nueve abreviados y simplificados en el marco de la reforma procesal penal.

El último juicio oral duró cuatro días y terminó el domingo con la condena de los hermanos Rafael y Pascual Pichún, por conductas terroristas, como autores de la quema de un camión maderero en la comuna de Traiguén.

Tras el asalto armado y atentado incendiario contra el campamento del fundo Poluco-Pidenco, en Ercilla, ocurrido el 20 de enero de este año, el gobernador de Malleco, en representación del Ministerio del Interior, interpuso una querella por ley antiterrorista. Hasta ahora no hay detenidos en esta investigación.